Durante la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se aprobó con 462 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones, eliminar el Párrafo 12 del Artículo 16 constitucional, el cual avalaba los allanamientos a domicilios sin una orden judicial.
La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) había solicitado presentar un voto particular contra dicha reforma, sin embargo, retiró su petición y se congratuló con la decisión del resto de los grupos legislativos de retirar el citado párrafo.
El Senado había eliminado un “candado” a dicho artículo al quitar del dictamen la frase “cuando exista información o conocimiento de una amenaza”, lo cual provocó reacciones contra la reforma al advertirse que los policías podrían allanar domicilios en forma discrecional.
Asimismo, se aprobó eliminar la facultad para que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), pudiera acceder directamente a documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil y electoral reservada o confidencial, en casos de delincuencia organizada.
En tribuna, el diputado federal Francisco Elizondo Garrido, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó la importancia de establecer el candado para que el titular de la PGR sólo pueda acceder a dicha información con previa autorización de un juez.
César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), e impulsor de la reforma, dijo que se pretende alcanzar un equilibrio entre el combate al crimen organizado y el respeto a las garantías individuales, para evitar situaciones que pongan en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Reconoció que éste no era el momento adecuado para implementar el tema de los allanamientos sin orden de un juez, por la ausencia de cuerpos policiacos preparados para asumir facultades de ese tipo.
El legislador priista resaltó los beneficios del resto del contenido de la reforma constitucional, como los juicios orales, los jueces de control, los arraigos de presuntos delincuentes, el impulso de un nuevo sistema penitenciario, el fortalecimiento de los defensores de oficio y el establecimiento de penas alternativas.
A su vez, el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Cantú Garza, expuso que con la eliminación del párrafo de los cateos sin orden de un juez se inhibe la posibilidad de que los cuerpos policiacos tengan “manga ancha” para incurrir en actos que vulneren los derechos humanos.
Javier González Garza, coordinador de la fracción del PRD, se congratuló del acuerdo para eliminar el tema de los allanamientos, pero opinó que en la Reforma Judicial existen otras “aberraciones” como la extradición de delincuentes a otro país, cuando aún se están procesando en México.
“Este es un triunfo de la sociedad que nadie les va a regatear”, sostuvo el coordinador de la diputación de Convergencia, Alejandro Chanona, quien también se congratuló por la eliminación del tema de los cateos.
El párrafo eliminado señalaba que “la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas”.
Además, “en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente”.
El dictamen aprobado fue turnado al Senado, que puede avalarlo o rechazarlo. En ambos casos se enviará el resto de la Reforma Judicial a los congresos estatales para que ratifiquen los cambios constitucionales aprobados por ambas cámaras.
Nota de El Economista con información de Notimex, 27 de febrero.
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