El dictamen y las sanciones que se desprenden de los casos de los anuncios de campaña no reportados por los partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza dividieron ayer a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
La posibilidad de proseguir con las investigaciones para esclarecer el posible financiamiento irregular de los promocionales y el monto de las sanciones no han generado consenso entre los integrantes del Consejo General, que deberán votar al respecto hoy por la tarde.
De entrada, al menos Andrés Albo y Lourdes López plantearon la necesidad de definir la vía legal para continuar con las investigaciones, lo cual podría ocurrir con el inicio de un nuevo procedimiento oficioso, una vez que se ha dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de concluir la fiscalización de las campañas de 2006. En principio esto sucederá al menos en los casos arriba citados.
A su vez, la consejera Teresa González Luna planteó la necesidad de revisar el monto de las sanciones aplicadas en ambos casos –20.8 millones de pesos para el PRD y 3.02 millones para Nueva Alianza–, a efecto de elevarlas tan sólo en lo que corresponde a la “falta formal” propiamente dicha, sin revisar aún otras posibles implicaciones.
Sin embargo, un nuevo ingrediente se añadió a la complejidad del asunto, que para el IFE ha representado resolver estos acatamientos de sentencia prácticamente en el contexto del relevo parcial de consejeros: la renuncia del responsable de la Unidad Técnica de Fiscalización, Francisco Guerrero, quien encabezó –para efectos prácticos– la elaboración de ambos dictámenes.
Guerrero presentó su renuncia para incorporarse al área administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a partir del próximo lunes, por lo que prácticamente quien fue el contralor interno del IFE sólo fue designado al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización para resolver dos casos, ciertamente, de enorme complejidad por las implicaciones que tendrán los criterios aplicables en el conjunto de los otros partidos.
Por lo pronto, la insatisfacción de los consejeros ante los dictámenes ha llevado a éstos –incluso a los nuevos integrantes del Consejo General–, Marco Antonio Baños, Benito Nacif y al propio consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, a solicitar más tiempo para el análisis.
El problema es que hoy se vence el plazo fijado por los magistrados para resolver el caso del PRD y el que el propio IFE se impuso para desahogar el expediente de Nueva Alianza, al devolver el dictamen el pasado 28 de enero.
Al menos dos consejeros han planteado la necesidad de que el caso de los promocionales no reportados no termine con la sanción a esta falta formal, sino que se indague el impacto que necesariamente está vinculado con ello: investigar los tratos que tuvieron partidos y medios de comunicación; el posible financiamiento ilícito y el efecto que tuvieron estos anuncios en el gasto de campaña,
El TEPJF dejó abierta la vía legal al IFE para que, una vez concluida formalmente la revisión de los informes de campaña, y si se encuentran elementos para abrir nuevas investigaciones, se pudieran abrir procedimientos oficiosos.
En este caso, según planteó Albo, es posible tratar de transparentar todo el proceso y utilizar, ahora sí, toda la información que, a requerimiento del IFE, los concesionarios de radio y televisión remitieron en torno a los contratos de publicidad durante 2006.
Aunque en el caso de Nueva Alianza no existe el riesgo de una posible violación a los topes de campaña, en lo concerniente al PRD –como coalición Por el Bien de Todos– podría darse el caso.
Sin embargo, los consejeros optaron por no expresar sus posturas en torno a los dictámenes y aguardar a la reunión que este mediodía volverán a tener antes de la votación final, a partir de la cual se decidirá si el IFE optará por ir a fondo en las investigaciones o dar carpetazo al asunto.
La posibilidad de proseguir con las investigaciones para esclarecer el posible financiamiento irregular de los promocionales y el monto de las sanciones no han generado consenso entre los integrantes del Consejo General, que deberán votar al respecto hoy por la tarde.
De entrada, al menos Andrés Albo y Lourdes López plantearon la necesidad de definir la vía legal para continuar con las investigaciones, lo cual podría ocurrir con el inicio de un nuevo procedimiento oficioso, una vez que se ha dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de concluir la fiscalización de las campañas de 2006. En principio esto sucederá al menos en los casos arriba citados.
A su vez, la consejera Teresa González Luna planteó la necesidad de revisar el monto de las sanciones aplicadas en ambos casos –20.8 millones de pesos para el PRD y 3.02 millones para Nueva Alianza–, a efecto de elevarlas tan sólo en lo que corresponde a la “falta formal” propiamente dicha, sin revisar aún otras posibles implicaciones.
Sin embargo, un nuevo ingrediente se añadió a la complejidad del asunto, que para el IFE ha representado resolver estos acatamientos de sentencia prácticamente en el contexto del relevo parcial de consejeros: la renuncia del responsable de la Unidad Técnica de Fiscalización, Francisco Guerrero, quien encabezó –para efectos prácticos– la elaboración de ambos dictámenes.
Guerrero presentó su renuncia para incorporarse al área administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a partir del próximo lunes, por lo que prácticamente quien fue el contralor interno del IFE sólo fue designado al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización para resolver dos casos, ciertamente, de enorme complejidad por las implicaciones que tendrán los criterios aplicables en el conjunto de los otros partidos.
Por lo pronto, la insatisfacción de los consejeros ante los dictámenes ha llevado a éstos –incluso a los nuevos integrantes del Consejo General–, Marco Antonio Baños, Benito Nacif y al propio consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, a solicitar más tiempo para el análisis.
El problema es que hoy se vence el plazo fijado por los magistrados para resolver el caso del PRD y el que el propio IFE se impuso para desahogar el expediente de Nueva Alianza, al devolver el dictamen el pasado 28 de enero.
Al menos dos consejeros han planteado la necesidad de que el caso de los promocionales no reportados no termine con la sanción a esta falta formal, sino que se indague el impacto que necesariamente está vinculado con ello: investigar los tratos que tuvieron partidos y medios de comunicación; el posible financiamiento ilícito y el efecto que tuvieron estos anuncios en el gasto de campaña,
El TEPJF dejó abierta la vía legal al IFE para que, una vez concluida formalmente la revisión de los informes de campaña, y si se encuentran elementos para abrir nuevas investigaciones, se pudieran abrir procedimientos oficiosos.
En este caso, según planteó Albo, es posible tratar de transparentar todo el proceso y utilizar, ahora sí, toda la información que, a requerimiento del IFE, los concesionarios de radio y televisión remitieron en torno a los contratos de publicidad durante 2006.
Aunque en el caso de Nueva Alianza no existe el riesgo de una posible violación a los topes de campaña, en lo concerniente al PRD –como coalición Por el Bien de Todos– podría darse el caso.
Sin embargo, los consejeros optaron por no expresar sus posturas en torno a los dictámenes y aguardar a la reunión que este mediodía volverán a tener antes de la votación final, a partir de la cual se decidirá si el IFE optará por ir a fondo en las investigaciones o dar carpetazo al asunto.
Nota de Alonso Urrutia, La Jornada, 15 de febrero.
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