Las autoridades mexicanas siguen fracasando en su intento por capturar a los responsables de actos de violencia contra periodistas, y hasta la fecha no han logrado proporcionar la seguridad básica a quienes ejercen esta profesión, sobre todo en el norte del país, así lo detalla el informe denominado Ataques a la Prensa 2007 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, Estados Unidos.
En el documento se expone que México “es uno de los países más peligrosos para la prensa, pues se tiene un registro de 13 periodistas caídos en cumplimiento de su trabajo y otros 14 muertos en circunstancias poco claras en los últimos 15 años”.
En 2007 el comité registró el asesinato de tres periodistas y tres trabajadores de prensa, así como la desaparición de tres reporteros.
El informe describe que en algunos países la represión y la falta de libertad de expresión es lo que predomina, “por ejemplo en Cuba y Birmania las autoridades simplemente bloquean el acceso a internet”.
El documento del Comité para la Protección de los Periodistas explica que en Rusia el presidente Vladimir Putin cuenta con nuevas leyes, en donde las críticas de los medios a los funcionarios son ahora un delito penal. La táctica del Kremlin de reescribir las leyes para penalizar al periodismo ha sido exportada a países como Uzbekistán y Tayikistán.
En África, en donde la democracia supuestamente se ha arraigado luego de años de luchas, las condiciones de la prensa han empeorado. Mientras aceptan elogios de occidentales, líderes represivos en Etiopía, Gambia y la República Democrática del Congo han reprimido duramente a los medios críticos, clausurando periódicos y encarcelando a periodistas.
En Venezuela, en 2007 el gobierno del presidente Hugo Chávez obligó a un canal de televisión crítica a salir del aire al no renovarle su concesión. “Las autoridades venezolanas indicaron que actuaron dentro de la ley, pero una investigación del CPJ reveló que el proceso fue arbitrario y motivado políticamente”.
El caso mexicano
De acuerdo con el organismo internacional, gran parte de la violencia cometida contra reporteros y periodistas en México se debe a la batalla que sostienen los cárteles del narcotráfico, principalmente el del Golfo y el de Sinaloa.
“Los periodistas que cubren el narcotráfico y el crimen organizado fueron blanco creciente. Rodolfo Rincón Taracena, reportero del diario Tabasco Hoy, desapareció tras publicar un artículo de investigación sobre el narcotráfico local. Además, la cabeza cercenada de un ejecutivo local, envuelta en papel del diario, fue dejada afuera del matutino.
“El peligro se extendió a los estados centrales de Michoacán y Guerrero, y a los sureños de Veracruz y Quintana Roo. En Michoacán, donde el gobierno del presidente Felipe Calderón desplegó miles de tropas para combatir el narcotráfico, por lo menos 20 periodistas fueron levantados y amenazados por presuntas fuerzas de seguridad o bandas criminales en 2007”, según un informe
especial del CPJ”.
Protección
En un paso crucial para proteger a los periodistas, el presidente Felipe Calderón promulgó una ley que efectivamente elimina los procesamientos penales por difamación, calumnia e injurias a nivel federal. Los tres delitos siguen constituyendo ofensas civiles, sujetas a reparaciones monetarias.
De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, la reforma no les proporcionó a los reporteros una protección completa frente a las demandas por difamación penal.
En el documento se expone que México “es uno de los países más peligrosos para la prensa, pues se tiene un registro de 13 periodistas caídos en cumplimiento de su trabajo y otros 14 muertos en circunstancias poco claras en los últimos 15 años”.
En 2007 el comité registró el asesinato de tres periodistas y tres trabajadores de prensa, así como la desaparición de tres reporteros.
El informe describe que en algunos países la represión y la falta de libertad de expresión es lo que predomina, “por ejemplo en Cuba y Birmania las autoridades simplemente bloquean el acceso a internet”.
El documento del Comité para la Protección de los Periodistas explica que en Rusia el presidente Vladimir Putin cuenta con nuevas leyes, en donde las críticas de los medios a los funcionarios son ahora un delito penal. La táctica del Kremlin de reescribir las leyes para penalizar al periodismo ha sido exportada a países como Uzbekistán y Tayikistán.
En África, en donde la democracia supuestamente se ha arraigado luego de años de luchas, las condiciones de la prensa han empeorado. Mientras aceptan elogios de occidentales, líderes represivos en Etiopía, Gambia y la República Democrática del Congo han reprimido duramente a los medios críticos, clausurando periódicos y encarcelando a periodistas.
En Venezuela, en 2007 el gobierno del presidente Hugo Chávez obligó a un canal de televisión crítica a salir del aire al no renovarle su concesión. “Las autoridades venezolanas indicaron que actuaron dentro de la ley, pero una investigación del CPJ reveló que el proceso fue arbitrario y motivado políticamente”.
El caso mexicano
De acuerdo con el organismo internacional, gran parte de la violencia cometida contra reporteros y periodistas en México se debe a la batalla que sostienen los cárteles del narcotráfico, principalmente el del Golfo y el de Sinaloa.
“Los periodistas que cubren el narcotráfico y el crimen organizado fueron blanco creciente. Rodolfo Rincón Taracena, reportero del diario Tabasco Hoy, desapareció tras publicar un artículo de investigación sobre el narcotráfico local. Además, la cabeza cercenada de un ejecutivo local, envuelta en papel del diario, fue dejada afuera del matutino.
“El peligro se extendió a los estados centrales de Michoacán y Guerrero, y a los sureños de Veracruz y Quintana Roo. En Michoacán, donde el gobierno del presidente Felipe Calderón desplegó miles de tropas para combatir el narcotráfico, por lo menos 20 periodistas fueron levantados y amenazados por presuntas fuerzas de seguridad o bandas criminales en 2007”, según un informe
especial del CPJ”.
Protección
En un paso crucial para proteger a los periodistas, el presidente Felipe Calderón promulgó una ley que efectivamente elimina los procesamientos penales por difamación, calumnia e injurias a nivel federal. Los tres delitos siguen constituyendo ofensas civiles, sujetas a reparaciones monetarias.
De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, la reforma no les proporcionó a los reporteros una protección completa frente a las demandas por difamación penal.
Nota de Omar Sánchez de Tagle, Milenio, 6 de febrero.
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