Un estudio del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República (IILSEN) aconseja concretar una reforma en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, pues advierte que a pesar de que los monopolios mediáticos están a la vista, el marco legal no contempla disposiciones expresas para abrir ese sector a la competencia.
El estudio advierte que de reordenarse la legislación, se desactivará un poder fáctico mediático que actualmente no sólo acota, sino que incluso chantajea a los tres poderes de la unión.
"Poderes cuya injerencia en la política pervierte el ejercicio de la democracia y la degrada a niveles de mercadeo mediante el consentimiento y la complicidad de sus obsequiosos aliados del Gobierno.
"De reordenarse la legislación, los monopolios mediáticos no tendrán cabida en este País y las libertades de expresión e información pasarán de ser demandas sin eco a un ejercicio con mayor viabilidad", indica.
Según el documento de respaldo técnico, en el que participaron seis investigadores de la Cámara alta, los senadores sí tienen entre sus prioridades abordar el tema de la concentración y la falta de competencia.
En la investigación se da cuenta de los elevados porcentajes de concentración que existen en México, sobre todo en comparación con lo que ocurre en otros países.
"Aunque los monopolios estén a la vista: de la concentración de frecuencias relativas a radio y televisión, Televisa alcanza el 71 por ciento de la audiencia y TV Azteca el 28 por ciento".
"Mientras los argentinos, brasileños, chilenos y venezolanos cuentan con cuatro o cinco opciones de televisión nacional, aquí tenemos solamente dos. Entre Televisa y TV Azteca acaparan el 93 por ciento de las frecuencias concesionadas para la televisión comercial", se afirma.
Indica que en Francia una persona física o moral sólo puede tener el 49 por ciento de las acciones de una empresa con una concesión de televisión nacional; en una segunda empresa esta posibilidad se limita al 15 por ciento y en una tercera sólo al 5.
El caso de Colombia, explica, es similar, ya que una sola persona no puede poseer más de una concesión local; las sociedades no pueden ser adjudicatarias de ninguna zona en las que los socios sean ya titulares de una concesión para operar a nivel regional, o aquellas en las que participe el cónyuge o parientes.
En el documento, el IILSEN señala que, la negativa de las autoridades a otorgar nuevas concesiones responde, en el fondo, a las presiones de los empresarios de radio y televisión en algunas regiones del País.
"El privilegio de los monopolios ha surtido su efecto, aun cuando las estaciones comunitarias no signifiquen una real competencia porque no tienen la misma cobertura, sus objetivos son distintos y atienden sectores de la población y regiones donde las estaciones comerciales no llegan", sostiene.
Las propuestas
Algunas sugerencias del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado:
· Elaborar un solo ordenamiento legal · Crear un ente regulador de participación ciudadana.
· Que este nuevo ente administre el espectro radioeléctrico, los medios y su objetivo.
· Que también salvaguarde los derechos a la libertad de expresión, a la información, al conocimiento y ser garante del derecho de réplica.
· Establecer claramente el dominio del Estado sobre el espectro radioeléctrico, y la distribución equitativa de bandas de frecuencia entre medios del Estado, sociedad civil y empresarios.
El estudio advierte que de reordenarse la legislación, se desactivará un poder fáctico mediático que actualmente no sólo acota, sino que incluso chantajea a los tres poderes de la unión.
"Poderes cuya injerencia en la política pervierte el ejercicio de la democracia y la degrada a niveles de mercadeo mediante el consentimiento y la complicidad de sus obsequiosos aliados del Gobierno.
"De reordenarse la legislación, los monopolios mediáticos no tendrán cabida en este País y las libertades de expresión e información pasarán de ser demandas sin eco a un ejercicio con mayor viabilidad", indica.
Según el documento de respaldo técnico, en el que participaron seis investigadores de la Cámara alta, los senadores sí tienen entre sus prioridades abordar el tema de la concentración y la falta de competencia.
En la investigación se da cuenta de los elevados porcentajes de concentración que existen en México, sobre todo en comparación con lo que ocurre en otros países.
"Aunque los monopolios estén a la vista: de la concentración de frecuencias relativas a radio y televisión, Televisa alcanza el 71 por ciento de la audiencia y TV Azteca el 28 por ciento".
"Mientras los argentinos, brasileños, chilenos y venezolanos cuentan con cuatro o cinco opciones de televisión nacional, aquí tenemos solamente dos. Entre Televisa y TV Azteca acaparan el 93 por ciento de las frecuencias concesionadas para la televisión comercial", se afirma.
Indica que en Francia una persona física o moral sólo puede tener el 49 por ciento de las acciones de una empresa con una concesión de televisión nacional; en una segunda empresa esta posibilidad se limita al 15 por ciento y en una tercera sólo al 5.
El caso de Colombia, explica, es similar, ya que una sola persona no puede poseer más de una concesión local; las sociedades no pueden ser adjudicatarias de ninguna zona en las que los socios sean ya titulares de una concesión para operar a nivel regional, o aquellas en las que participe el cónyuge o parientes.
En el documento, el IILSEN señala que, la negativa de las autoridades a otorgar nuevas concesiones responde, en el fondo, a las presiones de los empresarios de radio y televisión en algunas regiones del País.
"El privilegio de los monopolios ha surtido su efecto, aun cuando las estaciones comunitarias no signifiquen una real competencia porque no tienen la misma cobertura, sus objetivos son distintos y atienden sectores de la población y regiones donde las estaciones comerciales no llegan", sostiene.
Las propuestas
Algunas sugerencias del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado:
· Elaborar un solo ordenamiento legal · Crear un ente regulador de participación ciudadana.
· Que este nuevo ente administre el espectro radioeléctrico, los medios y su objetivo.
· Que también salvaguarde los derechos a la libertad de expresión, a la información, al conocimiento y ser garante del derecho de réplica.
· Establecer claramente el dominio del Estado sobre el espectro radioeléctrico, y la distribución equitativa de bandas de frecuencia entre medios del Estado, sociedad civil y empresarios.
Nota de Claudia Guerrero, Reforma, 4 de febrero.
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