Al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, le llueven los reclamos por sus declaraciones contra Amerigo Incalcaterra.
"Entre las propuestas del Plan Mérida, se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer. ¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso, sino, además, ilegal?", señaló el pasado 29 de mayo, en un artículo publicado en REFORMA.
Un día antes aseguró que Incalcaterra no se quería ir del país y se "agarraba de uñas y dientes" porque quería manejar ese dinero.
En representación de la Oficina del Alto Comisionado en México, que apenas dejó Incalcaterra, María Francisca Ize-Charrin envió una carta el pasado 6 de junio al presidente de la CNDH en la que le refuta su aseveración.
"Según sus declaraciones, la Oficina en México sería financiada por la llamada Iniciativa Mérida y los fondos de esta fuente serían distribuidos a discreción del Representante. Al respecto, me permito informarle que -si bien el Gobierno de Estados Unidos es uno de nuestros más importantes donantes- nuestra Oficina no ha solicitado ni ha recibido propuestas para beneficiarse con fondos de la Iniciativa Mérida", indicó.
Por su parte, las legisladoras Alliet Bautista, Sonia Ibarra y Valentina Batres presentaron en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exigirle a Soberanes entregar información en un plazo no mayor a 30 días que sustente su aseveración contra la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas.
"El principal activo de un organismo autónomo, aún más importante que su presupuesto, es su legitimidad social; sin embargo es por todos sabido que la gestión de Soberanes se encuentra fuertemente cuestionada por una gran variedad de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos", expusieron.
"No habría problema si estos conflictos fueran por cuestiones de fondo con respecto a cómo mejorar la defensa de los derechos humanos en México. Sin embargo, varios de los desencuentros se asemejan más bien a batallas políticas", señalaron en el punto de acuerdo.
Las legisladores también emplazaron a Soberanes a entregar en el mismo plazo de 30 días informes de por qué presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley que permite interrumpir el embarazo y por qué no participó y colaboró en la elaboración del Diagnóstico de Derechos Humanos, en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2004-2006 y en el anteproyecto del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
"Entre las propuestas del Plan Mérida, se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer. ¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso, sino, además, ilegal?", señaló el pasado 29 de mayo, en un artículo publicado en REFORMA.
Un día antes aseguró que Incalcaterra no se quería ir del país y se "agarraba de uñas y dientes" porque quería manejar ese dinero.
En representación de la Oficina del Alto Comisionado en México, que apenas dejó Incalcaterra, María Francisca Ize-Charrin envió una carta el pasado 6 de junio al presidente de la CNDH en la que le refuta su aseveración.
"Según sus declaraciones, la Oficina en México sería financiada por la llamada Iniciativa Mérida y los fondos de esta fuente serían distribuidos a discreción del Representante. Al respecto, me permito informarle que -si bien el Gobierno de Estados Unidos es uno de nuestros más importantes donantes- nuestra Oficina no ha solicitado ni ha recibido propuestas para beneficiarse con fondos de la Iniciativa Mérida", indicó.
Por su parte, las legisladoras Alliet Bautista, Sonia Ibarra y Valentina Batres presentaron en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exigirle a Soberanes entregar información en un plazo no mayor a 30 días que sustente su aseveración contra la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas.
"El principal activo de un organismo autónomo, aún más importante que su presupuesto, es su legitimidad social; sin embargo es por todos sabido que la gestión de Soberanes se encuentra fuertemente cuestionada por una gran variedad de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos", expusieron.
"No habría problema si estos conflictos fueran por cuestiones de fondo con respecto a cómo mejorar la defensa de los derechos humanos en México. Sin embargo, varios de los desencuentros se asemejan más bien a batallas políticas", señalaron en el punto de acuerdo.
Las legisladores también emplazaron a Soberanes a entregar en el mismo plazo de 30 días informes de por qué presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley que permite interrumpir el embarazo y por qué no participó y colaboró en la elaboración del Diagnóstico de Derechos Humanos, en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2004-2006 y en el anteproyecto del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
Reforma, 14 de junio.
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