Vivanco, en entrevista, considera que si México y Estados Unidos promueven el concepto de “responsabilidad compartida” en su lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado al proponer compartir inteligencia, extradiciones, capacitación y equipo en una llamada relación de socios en el ámbito de seguridad, y si en eso no hay rechazo con reclamos de “soberanía” o acusaciones de “intervencionismo”, entonces no es entendible “que no puede haber una relación de socios en cuanto a los derechos humanos”. Agregó que “no sé de qué responsabilidad compartida estamos hablando si se excluyen los derechos humanos”.
El proyecto de ley sobre la Iniciativa Mérida recién aprobado por la Cámara de Representantes, que está a debate esta semana en el Senado, incluye una serie de instrucciones relacionadas con la promoción y defensa de los derechos humanos en el uso de los 400 millones de dólares otorgados a México.
Versiones anteriores de este proyecto de ley provocaron que tanto el gobierno como algunos sectores de la oposición rechazaran lo que calificaron de “condiciones” unilaterales de derechos humanos que Estados Unidos busca imponer sobre México.
Vivanco expresó su sorpresa por el rechazo del rubro de derechos humanos en la Iniciativa Mérida tanto por parte del gobierno de Felipe Calderón como por sectores de la oposición de izquierda en México. “¿Cómo pueden reciclar el trasnochado argumento priísta y a la vez promover a su embajador en Ginebra como principal promotor de valores universales? Realmente es de una falsedad latente, y lo más irónico es que un gobierno panista, los que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, y que de hecho fueron los primeros en recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA al denunciar el fraude electoral, y por ello fueron acusados de vendepatrias y traidores, ahora recurran a los mismos argumentos. Esa contradicción es muy fuerte”, afirma.
“Que Calderón acuda a ese argumento tan añejo despierta muchas sospechas”, subraya, y dice que es preocupante, ya que “pareciera que Calderón no tiene la capacidad de decirles a los militares a que se sometan a acuerdos de legalidad civil en México.” Señaló que “todos sabemos que los militares no están subordinados al poder civil”, y agrega que la jurisdicción militar se emplea para “encubrir sus atrocidades”.
De hecho, afirma, “si Calderón ejerciera liderazgo, él sería el primero en promover esto, afirmar que no se empleará la tortura, ni se intentará establecer un Guantánamo, sino que se realizará esta lucha antinarcóticos con respeto a los derechos humanos… que se establecerán mecanismos para asegurar que prevalezcan los valores universales y un estado de derecho; todo por el interés mismo de México, y no por presiones externas. Aquí hay una decisión política”.
A la vez, el mismo argumento para rechazar estas medidas también sorprende cuando proviene de la izquierda en México. “Las víctimas históricas de la represión en ese país se suman al argumento de la soberanía y la intervención”, para rechazar justo lo que ellos y otros dentro y fuera de México han luchado por instaurar: el respeto a los derechos humanos, señala Vivanco.
Afirma que algunos críticos argumentan que “no van a rendirles cuentas a los estadunidenses, ya que no tienen autoridad moral ante los Abu Ghraib y Guantánamo”, pero esto es una simplificación. “El gobierno republicano de Estados Unidos ha realizado desapariciones forzadas y tortura”, reconoce, pero “no por ello se puede descalificar a todos en Washington”.
David Brooks, La Jornada, 27 de junio.
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