Ex diputado federal y ex senador, Mayans planteó dos peligros latentes más que debe considerar el Estado mexicano en torno a la realidad en el sur del país: la existencia de actores que apuestan a la inestabilidad y aprovechan cualquier circunstancia para construir movimientos radicales, y una sociedad poco sensible y participativa en las tareas de seguridad que realiza el gobierno.
En ese sentido refirió que los medios de comunicación "tienen que revisar el papel que juegan en la lucha contra el crimen organizado, porque deben coadyuvar a crear una percepción objetiva entre la sociedad sobre el valor de esta lucha (…), ya que en ocasiones algunos medios terminan siendo usados por los intereses de la delincuencia".
Mayans Canabal agregó que las instituciones no pueden perder de vista que en la región hay un caldo de cultivo que se está calentando por parte de algunos grupos cuyas estrategias van "más allá de la reivindicación social; se trata de "tendencias a construir un ambiente de polarización cuyo clímax sea el 2010, al que estos grupos disruptivos ven como emblemático".
Durante su participación en el Foro "El Sur desde el Sur", que se realizó en la capital tabasqueña, Mayans hizo un amplio diagnóstico de la situación que se vive en esta región en donde habitan 29 millones de mexicanos y donde se presentan los índices más elevados de pobreza y de pobreza extrema.
Planteó que el Producto Interno Bruto (PIB) del Sur-Sureste crece anualmente a la mitad de los índices que se registran en el Centro y en el Norte del país, y que mientras ciudades como Monterrey compiten con sus similares estadounidenses en niveles de calidad de vida, los nueve estados sureños mantienen su rezago económico y social que la hacen la zona más empobrecida de México.
Esta situación, añadió el funcionario de la administración del gobernador Andrés Granier Melo, se complica por la existencia de una frontera con Centroamérica a lo largo de 1,149 kilómetros, que se ha convertido en un paso casi libre para el tráfico de armas, de personas y de drogas.
Por ello, propuso que, para salvaguardar la seguridad nacional, se requiere que el gobierno federal promueva a más de 25 años de que inició el proceso de pacificación de América Central, un Plan para la Integración y el Desarrollo Regional, cuya finalidad sea crear fondos destinados a la inversión para consolidar y modernizar las instituciones democráticas, dotar a toda la región de infraestructura física moderna e invertir, de manera prioritaria en el capital humano.
Un plan de rescate de esta naturaleza, expuso, implica compromisos firmes para mitigar la pobreza y los desequilibrios sociales que han obligado a miles de centroamericanos y mexicanos a emigrar y a ser víctimas de abusos del crimen organizado que opera en toda su travesía a los Estados Unidos.
Y advirtió que de no aplicarse urgentemente esta inversión social, inversión en seguridad, no habrá muro que detenga los flujos migratorios que se incrementarán en el mediano plazo, recalcó.
Además, dijo, se requiere definir en lo inmediato una política alimentaria regional, ya que los riesgos sociales son altos tanto por la escasez y altos precios de los alimentos, como por los efectos sociales que ello traerá para toda la región en los próximos años.
El funcionario estatal resaltó que es tiempo de trabajar por una seguridad democrática en la zona, fincada en la política, la igualdad y la justicia social y señaló que para tener éxito en el combate al crimen organizado, se necesita depurar e integrar una nueva institución en las aduanas.
"Se requiere una policía que se sume a las fuerzas federales y cuya primordial responsabilidad sea proteger los intereses de la seguridad nacional, dejando que sólo los asuntos tributarios y administrativos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", propuso.
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