Oaxaca, Oax., 1o. de junio. A casi dos años de que se inició un conflicto político-social en la entidad, la situación de los derechos humanos en Oaxaca permanece en estado crítico, sostuvo la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).
“Los casos documentados de desapariciones forzadas, homicidios, torturas, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, con la nueva modalidad de violaciones sexuales, se producen en un estado de excepción latente, a pesar de las declaraciones oficiales en sentido contrario, y nos acercan a la guerra sucia de los años 70”, afirmó Iñaki García, vocero de la CCIODH, al presentar el informe de la sexta visita del organismo, realizada entre el 30 de enero y el 20 de febrero pasado.
En conferencia de prensa, que ofreció con otros miembros del organismo, el activista expuso que la ausencia de una respuesta política y jurídica a las graves transgresiones a los derechos humanos detectadas en la anterior visita, esto es, las derivadas de las movilizaciones magisteriales y la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la posterior respuesta represiva, constituyen un “elemento grave”.
También es preocupante, dijo, la continuidad del hostigamiento a los miembros o simpatizantes de la movilización social que representa la APPO, y la aparición de nuevas situaciones que vulneran los derechos humanos, que se extienden a otros sectores sociales afectados por casos tan dispares como los de pederastia, delito insuficientemente perseguido en la esfera judicial.
También, anotó, se documentaron desapariciones forzadas en contextos de fuerte conflictividad política, que la CCIDOH considera relacionadas con las estrategias represivas del gobierno estatal, como los casos de las mujeres triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, y el de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabiel Alberto Cruz Sánchez.
Subrayó que desde noviembre de 2006 la respuesta de los gobiernos federal, estatal y municipal a las demandas sociales “se basa en el hostigamiento a la sociedad civil para disuadirla de cualquier tipo de disidencia, lo que recuerda la estrategia de los manuales de contrainsurgencia tradicionalmente empleada contra los movimientos armados”.
García dijo que la CCIODH documentó “numerosos” casos de homicidios ocurridos en 2007, así como la persistencia en la práctica de la tortura y la desaparición forzada de personas. En este contexto destacó que el conflicto político social en la entidad ha dejado 62 muertes.
Por lo referido, recomendó a las autoridades gubernamentales atender las causas profundas del conflicto, principalmente los problemas estructurales de pobreza, caciquismo, desigual acceso a los recursos, ausencia de canales de participación, y realizar una reforma profunda de las instituciones del estado, así como desmontar el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social, cultural y política.
“Los casos documentados de desapariciones forzadas, homicidios, torturas, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, con la nueva modalidad de violaciones sexuales, se producen en un estado de excepción latente, a pesar de las declaraciones oficiales en sentido contrario, y nos acercan a la guerra sucia de los años 70”, afirmó Iñaki García, vocero de la CCIODH, al presentar el informe de la sexta visita del organismo, realizada entre el 30 de enero y el 20 de febrero pasado.
En conferencia de prensa, que ofreció con otros miembros del organismo, el activista expuso que la ausencia de una respuesta política y jurídica a las graves transgresiones a los derechos humanos detectadas en la anterior visita, esto es, las derivadas de las movilizaciones magisteriales y la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la posterior respuesta represiva, constituyen un “elemento grave”.
También es preocupante, dijo, la continuidad del hostigamiento a los miembros o simpatizantes de la movilización social que representa la APPO, y la aparición de nuevas situaciones que vulneran los derechos humanos, que se extienden a otros sectores sociales afectados por casos tan dispares como los de pederastia, delito insuficientemente perseguido en la esfera judicial.
También, anotó, se documentaron desapariciones forzadas en contextos de fuerte conflictividad política, que la CCIDOH considera relacionadas con las estrategias represivas del gobierno estatal, como los casos de las mujeres triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, y el de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabiel Alberto Cruz Sánchez.
Subrayó que desde noviembre de 2006 la respuesta de los gobiernos federal, estatal y municipal a las demandas sociales “se basa en el hostigamiento a la sociedad civil para disuadirla de cualquier tipo de disidencia, lo que recuerda la estrategia de los manuales de contrainsurgencia tradicionalmente empleada contra los movimientos armados”.
García dijo que la CCIODH documentó “numerosos” casos de homicidios ocurridos en 2007, así como la persistencia en la práctica de la tortura y la desaparición forzada de personas. En este contexto destacó que el conflicto político social en la entidad ha dejado 62 muertes.
Por lo referido, recomendó a las autoridades gubernamentales atender las causas profundas del conflicto, principalmente los problemas estructurales de pobreza, caciquismo, desigual acceso a los recursos, ausencia de canales de participación, y realizar una reforma profunda de las instituciones del estado, así como desmontar el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social, cultural y política.
Octavio Vélez Ascencio, La Jornada, 2 de junio.
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