Organizaciones civiles de defensa de derechos humanos hicieron ayer un “serio llamado” al Senado para que “evalúe la actuación del ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, y considere la posibilidad de iniciar un juicio político para su remoción, porque no está cumpliendo con sus obligaciones”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Católicas por el Derecho a Decidir, Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Red por los Derechos de la Infancia y Fundar, entre otras organizaciones, en conferencia de prensa calificaron de “vergonzosa la actuación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, quien, afirmaron, “intervino para la remoción del representante de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra”.
Al defender el trabajo del funcionario de la ONU, las ONG denunciaron que Soberanes “ha mantenido una permanente oposición al trabajo de Incalcaterra, lo que se ha manifestado a través de la ausencia y no participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Acuerdo de Cooperación Técnica desde el año 2000. Se ha opuesto también a las instituciones que a nivel local realizan una mejor actuación en la materia, con el fin de no tener la mínima sombra para sus planes hacia el futuro político”.
Soberanes Fernández, agregaron, “se ha opuesto al Diagnóstico de Derechos Humanos 2001, al Programa Nacional de Derechos Humanos 2002, al Convenio con la Unión Europea, así como también ha mantenido una constante posición en la que no apoya la presencia de relatores especiales, como el de educación, el de venta, trata y explotación, el de indígenas, el de migrantes, el de tortura y el de libertad de expresión”.
Las organizaciones civiles exhortaron al Senado a que “llame a cuentas al ombudsman nacional, pues no rinde cuentas a nadie”. Le pidieron evaluar la gestión de Soberanes al frente de la CNDH, por “la opacidad en el manejo financiero, en la rendición de cuentas y el manejo discrecional del presupuesto”.
Esta situación, expusieron, “no es nueva, ya en el asunto de la relección de Soberanes Fernández, a finales de 2004, expusimos al Senado que evaluara el trabajo de la CNDH, que lo monitoreara, y no nos hizo caso. Incluso ahora sabemos que a lo mejor no nos hacen caso, pero seguiremos insistiendo”.
Luis Arriaga leyó la posición de las ONG, ante las “presiones que ejercieron la CNDH y el gobierno federal para que Incalcaterra fuera removido del cargo. Hasta este momento, en México las instituciones gubernamentales, en sus diversos ámbitos, no han demostrado interés ni conocimiento, y en cambio sí una posición de retroceso. Por ello es necesario el compromiso real del gobierno en el contexto del renovado acuerdo para la estancia del citado relator en México”.
Las ONG concluyeron que es una exigencia de la sociedad civil contar con una oficina de derechos humanos fuerte y congruente con su mandato, con capacidad de monitoreo y de hacer recomendaciones al Estado.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Católicas por el Derecho a Decidir, Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Red por los Derechos de la Infancia y Fundar, entre otras organizaciones, en conferencia de prensa calificaron de “vergonzosa la actuación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, quien, afirmaron, “intervino para la remoción del representante de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra”.
Al defender el trabajo del funcionario de la ONU, las ONG denunciaron que Soberanes “ha mantenido una permanente oposición al trabajo de Incalcaterra, lo que se ha manifestado a través de la ausencia y no participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Acuerdo de Cooperación Técnica desde el año 2000. Se ha opuesto también a las instituciones que a nivel local realizan una mejor actuación en la materia, con el fin de no tener la mínima sombra para sus planes hacia el futuro político”.
Soberanes Fernández, agregaron, “se ha opuesto al Diagnóstico de Derechos Humanos 2001, al Programa Nacional de Derechos Humanos 2002, al Convenio con la Unión Europea, así como también ha mantenido una constante posición en la que no apoya la presencia de relatores especiales, como el de educación, el de venta, trata y explotación, el de indígenas, el de migrantes, el de tortura y el de libertad de expresión”.
Las organizaciones civiles exhortaron al Senado a que “llame a cuentas al ombudsman nacional, pues no rinde cuentas a nadie”. Le pidieron evaluar la gestión de Soberanes al frente de la CNDH, por “la opacidad en el manejo financiero, en la rendición de cuentas y el manejo discrecional del presupuesto”.
Esta situación, expusieron, “no es nueva, ya en el asunto de la relección de Soberanes Fernández, a finales de 2004, expusimos al Senado que evaluara el trabajo de la CNDH, que lo monitoreara, y no nos hizo caso. Incluso ahora sabemos que a lo mejor no nos hacen caso, pero seguiremos insistiendo”.
Luis Arriaga leyó la posición de las ONG, ante las “presiones que ejercieron la CNDH y el gobierno federal para que Incalcaterra fuera removido del cargo. Hasta este momento, en México las instituciones gubernamentales, en sus diversos ámbitos, no han demostrado interés ni conocimiento, y en cambio sí una posición de retroceso. Por ello es necesario el compromiso real del gobierno en el contexto del renovado acuerdo para la estancia del citado relator en México”.
Las ONG concluyeron que es una exigencia de la sociedad civil contar con una oficina de derechos humanos fuerte y congruente con su mandato, con capacidad de monitoreo y de hacer recomendaciones al Estado.
Víctor Ballinas, La Jornada, 2 de junio.
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