En las semanas recientes ha crecido una corriente social que sostiene con argumentos legales que con una de las reformas constitucionales en materia electoral se asestó un golpe mortal a la libertad de expresión a la que tienen derecho ciudadanos, organizaciones políticas y empresariales del país.
La decisión de los partidos Convergencia y Nueva Alianza de impugnar la reforma electoral, en particular las modificaciones a los artículos 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 41 de la Constitución, ha sido respaldada por intelectuales y órganos empresariales.
En resumen, el artículo de la legislación secundaria fue elevado por el Congreso a rango constitucional y delineó los candados para evitar una guerra sucia entre partidos al prohibir insultar o difamar a un tercero.
Además, ahí se establece que el IFE es el único facultado para administrar tiempos oficiales a los que tienen derecho los partidos; cancela la contratación por parte de partidos, ciudadanos o cualquier agrupación, de espacios publicitarios en medios electrónicos con contenidos políticos.
El debate se genera en torno a que, según inconformes, hay una contradicción con los artículos 6º y 7º de la Carta Magna que garantizan la libertad de expresión.
Según la corriente que va en ascenso el no poder contratar espacios para expresarse vulnera ese derecho constitucional.
Pero hay otra corriente, particularmente la de los impulsores de la reforma en sus términos, que advierte que cualquiera puede manifestarse libremente ya sea en entrevistas, conferencias de prensa, actos multitudinarios, y por ello no se coarta su libertad de expresión.
Asimismo, hacen notar que con estos candados se evita un escenario similar al que se vivió en 2006 con la guerra de spots entre partidos, y en los que intervinieron además el Consejo Coordinador Empresarial con mensajes pagados, lo que avivó el fuego de la confrontación política electoral.
La decisión de los partidos Convergencia y Nueva Alianza de impugnar la reforma electoral, en particular las modificaciones a los artículos 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 41 de la Constitución, ha sido respaldada por intelectuales y órganos empresariales.
En resumen, el artículo de la legislación secundaria fue elevado por el Congreso a rango constitucional y delineó los candados para evitar una guerra sucia entre partidos al prohibir insultar o difamar a un tercero.
Además, ahí se establece que el IFE es el único facultado para administrar tiempos oficiales a los que tienen derecho los partidos; cancela la contratación por parte de partidos, ciudadanos o cualquier agrupación, de espacios publicitarios en medios electrónicos con contenidos políticos.
El debate se genera en torno a que, según inconformes, hay una contradicción con los artículos 6º y 7º de la Carta Magna que garantizan la libertad de expresión.
Según la corriente que va en ascenso el no poder contratar espacios para expresarse vulnera ese derecho constitucional.
Pero hay otra corriente, particularmente la de los impulsores de la reforma en sus términos, que advierte que cualquiera puede manifestarse libremente ya sea en entrevistas, conferencias de prensa, actos multitudinarios, y por ello no se coarta su libertad de expresión.
Asimismo, hacen notar que con estos candados se evita un escenario similar al que se vivió en 2006 con la guerra de spots entre partidos, y en los que intervinieron además el Consejo Coordinador Empresarial con mensajes pagados, lo que avivó el fuego de la confrontación política electoral.
Francisco Reséndiz, El Universal, 27 de junio.
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