Los narcotraficantes y líderes de la delincuencia organizada también tienen sus medios de comunicación.
Los utilizan para enviar mensajes a sus contrincantes, para detallar operaciones criminales o para reclutar militares y policías, o jóvenes universitarios especialistas en ramas como la contaduría, la química y la abogacía, según reporte de la Procuraduría General de la República.
Al internet y al empleo de mantas en puntos estratégicos se suma el uso de espacios radioeléctricos y electromagnéticos con fines delincuenciales.
En menos de una semana, la PGR ha propinado tres golpes a este esquema de comunicación criminal.
El viernes pasado desmanteló una radiodifusora sin concesión en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La estación se hacía llamar “Tierra y Libertad” y se ubicaba en el 90.9 MHZ de frecuencia modulada; la persona encargada de transmitir la señal fue entregada a un agente del Ministerio Público de la Federación.
La orden de cateo había sido librada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales. Se aseguraron dos equipos de cómputo, un transmisor, una consola, tres micrófonos y una antena.
El 4 de junio otra estación radiofónica fue cateada, ésta en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El caso fue atraído por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, donde se interrogó a una persona que se presentó como el dueño de la frecuencia, así como tres sujetos más que transmitían la señal.
Unos días antes, el 30 de mayo, producto de una averiguación previa por ataques a las vías generales de comunicación y los delitos que resulten, elementos de la Procuraduría y de la Secretaría de la Defensa Nacional inhabilitaron 11 equipos de radiocomunicación instalados en antenas colocadas en el cerro La Chiva, en la comunidad de Mojolo, municipio de Culiacán, donde opera el Cártel del Pacífico, fraccionado ya entre el grupo de Joaquín el Chapo Guzmán y la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Según la PGR, estos medios “eran utilizados para violentar el espectro radioeléctrico con fines criminales”.
Otras 15 antenas y cinco torres de comunicación localizadas en el cerro El Salto, también de Culiacán, fueron decomisadas.
Los utilizan para enviar mensajes a sus contrincantes, para detallar operaciones criminales o para reclutar militares y policías, o jóvenes universitarios especialistas en ramas como la contaduría, la química y la abogacía, según reporte de la Procuraduría General de la República.
Al internet y al empleo de mantas en puntos estratégicos se suma el uso de espacios radioeléctricos y electromagnéticos con fines delincuenciales.
En menos de una semana, la PGR ha propinado tres golpes a este esquema de comunicación criminal.
El viernes pasado desmanteló una radiodifusora sin concesión en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La estación se hacía llamar “Tierra y Libertad” y se ubicaba en el 90.9 MHZ de frecuencia modulada; la persona encargada de transmitir la señal fue entregada a un agente del Ministerio Público de la Federación.
La orden de cateo había sido librada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales. Se aseguraron dos equipos de cómputo, un transmisor, una consola, tres micrófonos y una antena.
El 4 de junio otra estación radiofónica fue cateada, ésta en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El caso fue atraído por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, donde se interrogó a una persona que se presentó como el dueño de la frecuencia, así como tres sujetos más que transmitían la señal.
Unos días antes, el 30 de mayo, producto de una averiguación previa por ataques a las vías generales de comunicación y los delitos que resulten, elementos de la Procuraduría y de la Secretaría de la Defensa Nacional inhabilitaron 11 equipos de radiocomunicación instalados en antenas colocadas en el cerro La Chiva, en la comunidad de Mojolo, municipio de Culiacán, donde opera el Cártel del Pacífico, fraccionado ya entre el grupo de Joaquín el Chapo Guzmán y la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Según la PGR, estos medios “eran utilizados para violentar el espectro radioeléctrico con fines criminales”.
Otras 15 antenas y cinco torres de comunicación localizadas en el cerro El Salto, también de Culiacán, fueron decomisadas.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 8 de junio.
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