El gobierno de México rechazó las condiciones impuestas por el Congreso de Estados Unidos para otorgar los apoyos incluidos en la Iniciativa Mérida, al afirmar que cualquier esquema de seguimiento o verificación debe acordarse conjuntamente y respetar la soberanía.
“Los proyectos de iniciativas legislativas aprobadas en ambas cámaras del Congreso estadunidense incorporan algunos aspectos que las hacen, en sus versiones actuales, inaceptables para nuestro país”, dijo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
En un mensaje leído en la Segob, fijó la postura del gobierno respecto a las condicionantes que aprobó el Senado estadunidense, que consistirían en: evaluar a la policía mexicana, que los militares se sometan a juicios civiles y no a fueros militares, que se respeten los derechos y que haya un constante intercambio de información.
Mouriño sostuvo que México no pidió asistencia unilateral, sino que hizo un planteamiento responsable para mejorar la cooperación bilateral de combate a la delincuencia organizada transnacional.
Por lo que la incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio de los recursos comprometidos “resultaría, al mismo tiempo, profundamente contraria a su objetivo y espíritu, y contraproducente. Sería por ello inaceptable”.
Esto es aún más evidente —agregó— cuando las presuntas condicionalidades se refieren al logro de metas de política mucho más amplias, sin relación directa con el ejercicio transparente de los recursos destinados a nuestra lucha común.
En ese sentido, ponderó que la plena vigencia del Estado de Derecho y los derechos humanos, la presencia en el debate público de las organizaciones de la sociedad civil o el desarrollo de sistemas efectivos de control de confianza de todos los servidores públicos y en los tres órdenes de gobierno, que participan en esta lucha, son objetivos del gobierno de México.
Diría que el gobierno federal ha asumido un claro compromiso con cada uno de ellos y con la cooperación internacional.
“Tal compromiso, sin embargo, sólo podría ser asumido en el marco específico de la Iniciativa Mérida en tanto se refiriese directamente a las actividades que serían objeto de la evaluación conjunta propuesta en este contexto concreto.”
Al referir que México sigue con particular atención el proceso de debate en el Congreso estadunidense, advirtió, que el gobierno de Calderón “evaluará con todo cuidado si el resultado final del proceso legislativo se apega a estos criterios”.
Y de ello dependerá la decisión que se adoptará respecto a este aspecto de la Iniciativa Mérida, porque los proyectos de iniciativas legislativas aprobadas en ambas cámaras del Congreso estadunidense incorporan “algunos aspectos que las hacen, en sus versiones actuales, inaceptables para nuestro país”.
Puntualizó que el plan abre la posibilidad de concretar la cooperación bilateral para enfrentar con esfuerzos coordinados esta amenaza común, pero con base en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía y a la jurisdicción de cada país.
- Claves
Trabajo conjunto
• “El crimen organizado y el narcotráfico constituyen hoy la mayor y más inmediata amenaza a la tranquilidad y al bienestar de los mexicanos”, indicó el secretario de Gobernación.
• Sostuvo que la demanda estadunidense de drogas constituye la fuente principal de los recursos financieros de las organizaciones criminales que actúan en México.
• La Iniciativa Mérida será abordada en la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos a efectuarse la próxima semana en Monterrey.
Aprobada con 70 votos
••• El 23 de mayo pasado, el Senado de Estados Unidos aprobó 350 millones de dólares para México como parte de la Iniciativa Mérida —50 millones menos de los que aprobó la Cámara de Representantes y 150 millones por debajo de lo que solicitó el presidente George W. Bush—, pero condicionó la entrega de esos fondos a que se sometan a juicios civiles los militares acusados de violaciones a los derechos humanos y a la creación de un comité de lucha antinarco en el que participe la ciudadanía.
Los legisladores aprobaron, con 70 votos a favor y 26 en contra, la propuesta de ley de ayuda suplementaria para las guerras de Irak y Afganistán, en el orden de 165 mil millones de dólares, en la que se incluyeron varios proyectos de consumo interno y la Iniciativa Mérida, que asciende a 450 millones de dólares, con la que Estados Unidos quiere ayudar a combatir el narcotráfico y el crimen organizado. De ese monto, 350 millones son para México y 100 restantes a Centroamérica y el Caribe, ante la preocupación de que los narcotraficantes, acorralados, busquen rutas alternas para el trasiego de drogas.
“Los proyectos de iniciativas legislativas aprobadas en ambas cámaras del Congreso estadunidense incorporan algunos aspectos que las hacen, en sus versiones actuales, inaceptables para nuestro país”, dijo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
En un mensaje leído en la Segob, fijó la postura del gobierno respecto a las condicionantes que aprobó el Senado estadunidense, que consistirían en: evaluar a la policía mexicana, que los militares se sometan a juicios civiles y no a fueros militares, que se respeten los derechos y que haya un constante intercambio de información.
Mouriño sostuvo que México no pidió asistencia unilateral, sino que hizo un planteamiento responsable para mejorar la cooperación bilateral de combate a la delincuencia organizada transnacional.
Por lo que la incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio de los recursos comprometidos “resultaría, al mismo tiempo, profundamente contraria a su objetivo y espíritu, y contraproducente. Sería por ello inaceptable”.
Esto es aún más evidente —agregó— cuando las presuntas condicionalidades se refieren al logro de metas de política mucho más amplias, sin relación directa con el ejercicio transparente de los recursos destinados a nuestra lucha común.
En ese sentido, ponderó que la plena vigencia del Estado de Derecho y los derechos humanos, la presencia en el debate público de las organizaciones de la sociedad civil o el desarrollo de sistemas efectivos de control de confianza de todos los servidores públicos y en los tres órdenes de gobierno, que participan en esta lucha, son objetivos del gobierno de México.
Diría que el gobierno federal ha asumido un claro compromiso con cada uno de ellos y con la cooperación internacional.
“Tal compromiso, sin embargo, sólo podría ser asumido en el marco específico de la Iniciativa Mérida en tanto se refiriese directamente a las actividades que serían objeto de la evaluación conjunta propuesta en este contexto concreto.”
Al referir que México sigue con particular atención el proceso de debate en el Congreso estadunidense, advirtió, que el gobierno de Calderón “evaluará con todo cuidado si el resultado final del proceso legislativo se apega a estos criterios”.
Y de ello dependerá la decisión que se adoptará respecto a este aspecto de la Iniciativa Mérida, porque los proyectos de iniciativas legislativas aprobadas en ambas cámaras del Congreso estadunidense incorporan “algunos aspectos que las hacen, en sus versiones actuales, inaceptables para nuestro país”.
Puntualizó que el plan abre la posibilidad de concretar la cooperación bilateral para enfrentar con esfuerzos coordinados esta amenaza común, pero con base en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía y a la jurisdicción de cada país.
- Claves
Trabajo conjunto
• “El crimen organizado y el narcotráfico constituyen hoy la mayor y más inmediata amenaza a la tranquilidad y al bienestar de los mexicanos”, indicó el secretario de Gobernación.
• Sostuvo que la demanda estadunidense de drogas constituye la fuente principal de los recursos financieros de las organizaciones criminales que actúan en México.
• La Iniciativa Mérida será abordada en la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos a efectuarse la próxima semana en Monterrey.
Aprobada con 70 votos
••• El 23 de mayo pasado, el Senado de Estados Unidos aprobó 350 millones de dólares para México como parte de la Iniciativa Mérida —50 millones menos de los que aprobó la Cámara de Representantes y 150 millones por debajo de lo que solicitó el presidente George W. Bush—, pero condicionó la entrega de esos fondos a que se sometan a juicios civiles los militares acusados de violaciones a los derechos humanos y a la creación de un comité de lucha antinarco en el que participe la ciudadanía.
Los legisladores aprobaron, con 70 votos a favor y 26 en contra, la propuesta de ley de ayuda suplementaria para las guerras de Irak y Afganistán, en el orden de 165 mil millones de dólares, en la que se incluyeron varios proyectos de consumo interno y la Iniciativa Mérida, que asciende a 450 millones de dólares, con la que Estados Unidos quiere ayudar a combatir el narcotráfico y el crimen organizado. De ese monto, 350 millones son para México y 100 restantes a Centroamérica y el Caribe, ante la preocupación de que los narcotraficantes, acorralados, busquen rutas alternas para el trasiego de drogas.
Angélica Mercado, Milenio, 3 de junio.
0 Responses to "“Inaceptables”, las condiciones del plan Mérida"
Publicar un comentario