Las 12 organizaciones representativas del sector privado en el país exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver antes del primero de julio las 110 solicitudes de amparo presentadas por otras tantas agrupaciones en contra de las modificaciones constitucionales en materia electoral y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para la contratación de espacios publicitarios en tiempos de campañas políticas.
El pleno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a los llamados “organismos cúpula” del sector privado, se manifestó “preocupado” porque a la fecha, la Corte no ha presentado el proyecto que permita resolver el asunto, no ha fijado fecha para las audiencias públicas en las que se ventilará el proceso, y porque por ley no pueden reformarse las normas electorales un año antes del inicio del periodo electoral.
–¿En caso de un fallo negativo, los empresarios cerrarían el financiamiento a partidos y candidatos? –se le preguntó al presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo.
–Es una cuestión personal; por ley está prohibido, pero en todo caso es decisión particular de cada ciudadano, nos regiremos por la ley vigente –respondió el líder.
Sería una “mordaza”, un “retroceso democrático” y “atentaría contra los principios básicos de la libertad de expresión”, dijo el presidente del CCE.
El abogado de las agrupaciones empresariales, Adolfo Arrioja Vizcaíno, aclaró que “el caso se ha vuelto confuso”, porque la SCJN pretende dar el mismo tratamiento a las demandas de amparo de los empresarios, que a otras sólo contra el Cofipe de un grupo de intelectuales, así como la iniciativa de inconstitucionalidad que presentaron algunos partidos políticos.
A una semana de que venza el plazo para que los empresarios puedan alegar en una audiencia pública en su favor, Paredes Arroyo dijo que el máximo tribunal no los ha convocado, negándoles la justicia.
Por tanto, “el sector empresarial exhorta al máximo órgano judicial a conocer el fondo de sus demandas de amparo de forma particular y separada de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos, ya que se trata de medios legales de naturaleza totalmente distinta; de las demandas de amparo promovidas por grupos de intelectuales y organizaciones sociales, por tener características especiales y propias, así como que resuelva la procedencia del ejercicio de las facultades de atracción por ser un asunto de evidente interés nacional”.
Las organizaciones empresariales, dijo, “solicitamos el amparo contra una mordaza a la libertad de expresión y contra el monopolio de la comunicación en favor de los partidos”. Ante ese estado de cosas, afirmó que “será imposible consolidar nuestra democracia si como ciudadanos fuéramos censurados para manifestar públicamente nuestra opinión sobre partidos políticos y sus candidatos”.
Mientras tanto, el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), Claudio X. González Laporte, manifestó que “la Corte ha dejado rodar, rodar y rodar este asunto de los amparos; la denegación de la justicia nos hace dar pasos atrás en nuestra democracia”.
El pleno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a los llamados “organismos cúpula” del sector privado, se manifestó “preocupado” porque a la fecha, la Corte no ha presentado el proyecto que permita resolver el asunto, no ha fijado fecha para las audiencias públicas en las que se ventilará el proceso, y porque por ley no pueden reformarse las normas electorales un año antes del inicio del periodo electoral.
–¿En caso de un fallo negativo, los empresarios cerrarían el financiamiento a partidos y candidatos? –se le preguntó al presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo.
–Es una cuestión personal; por ley está prohibido, pero en todo caso es decisión particular de cada ciudadano, nos regiremos por la ley vigente –respondió el líder.
Sería una “mordaza”, un “retroceso democrático” y “atentaría contra los principios básicos de la libertad de expresión”, dijo el presidente del CCE.
El abogado de las agrupaciones empresariales, Adolfo Arrioja Vizcaíno, aclaró que “el caso se ha vuelto confuso”, porque la SCJN pretende dar el mismo tratamiento a las demandas de amparo de los empresarios, que a otras sólo contra el Cofipe de un grupo de intelectuales, así como la iniciativa de inconstitucionalidad que presentaron algunos partidos políticos.
A una semana de que venza el plazo para que los empresarios puedan alegar en una audiencia pública en su favor, Paredes Arroyo dijo que el máximo tribunal no los ha convocado, negándoles la justicia.
Por tanto, “el sector empresarial exhorta al máximo órgano judicial a conocer el fondo de sus demandas de amparo de forma particular y separada de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos, ya que se trata de medios legales de naturaleza totalmente distinta; de las demandas de amparo promovidas por grupos de intelectuales y organizaciones sociales, por tener características especiales y propias, así como que resuelva la procedencia del ejercicio de las facultades de atracción por ser un asunto de evidente interés nacional”.
Las organizaciones empresariales, dijo, “solicitamos el amparo contra una mordaza a la libertad de expresión y contra el monopolio de la comunicación en favor de los partidos”. Ante ese estado de cosas, afirmó que “será imposible consolidar nuestra democracia si como ciudadanos fuéramos censurados para manifestar públicamente nuestra opinión sobre partidos políticos y sus candidatos”.
Mientras tanto, el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), Claudio X. González Laporte, manifestó que “la Corte ha dejado rodar, rodar y rodar este asunto de los amparos; la denegación de la justicia nos hace dar pasos atrás en nuestra democracia”.
Víctor Cardoso, La Jornada, 27 de junio.
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