Senadores del PRD presentaron un punto de acuerdo con el propósito de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifieste “su más enérgico rechazo” a la aprobación de la llamada Directiva Retorno, por parte del Parlamento Europeo, en razón de que “se trata de una legislación que criminaliza y no reconoce la aportación de los migrantes”.
En el punto de acuerdo, los legisladores René Arce, José Guadarrama y Pablo Gómez refieren que el 18 de junio pasado el Parlamento Europeo, aprobó “una legislación profundamente antinmigrante, por la cual los indocumentados podrán ser detenidos y privados de su libertad hasta por 18 meses en centros de internamiento, mientras se tramita la deportación a sus países de origen.
Además, los migrantes “serán detenidos sin necesidad de que exista orden de un juez, por lo que a partir de la entrada en vigor de la ley (2010) sólo será necesaria una simple orden de la autoridad administrativa”.
Asimismo, los perredistas propusieron que la Comisión Permanente exprese su preocupación por el impacto que dicha ley tendrá en el aumento de la violación a los derechos humanos de los indocumentados, así como el incremento de una tendencia xenofóbica en varios países europeos.
Los senadores del PRD expusieron que, una vez expulsados, los migrantes “no podrán volver a ningún país de la Unión Europea durante un periodo de un lustro; los menores de 18 años serán repatriados y reagrupados en sus lugares de origen con tutores que no serán necesariamente sus familiares directos, o bien serán canalizados a instituciones para su custodia”.
“Se estima que esta decisión afectará a unos 8 millones de migrantes sin papeles que, según la Comisión Europea, se encuentran hoy de manera irregular en ese continente.”
En el punto de acuerdo, los legisladores René Arce, José Guadarrama y Pablo Gómez refieren que el 18 de junio pasado el Parlamento Europeo, aprobó “una legislación profundamente antinmigrante, por la cual los indocumentados podrán ser detenidos y privados de su libertad hasta por 18 meses en centros de internamiento, mientras se tramita la deportación a sus países de origen.
Además, los migrantes “serán detenidos sin necesidad de que exista orden de un juez, por lo que a partir de la entrada en vigor de la ley (2010) sólo será necesaria una simple orden de la autoridad administrativa”.
Asimismo, los perredistas propusieron que la Comisión Permanente exprese su preocupación por el impacto que dicha ley tendrá en el aumento de la violación a los derechos humanos de los indocumentados, así como el incremento de una tendencia xenofóbica en varios países europeos.
Los senadores del PRD expusieron que, una vez expulsados, los migrantes “no podrán volver a ningún país de la Unión Europea durante un periodo de un lustro; los menores de 18 años serán repatriados y reagrupados en sus lugares de origen con tutores que no serán necesariamente sus familiares directos, o bien serán canalizados a instituciones para su custodia”.
“Se estima que esta decisión afectará a unos 8 millones de migrantes sin papeles que, según la Comisión Europea, se encuentran hoy de manera irregular en ese continente.”
Víctor Ballinas, La jornada, 27 de junio.
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