El Décimo Cuarto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró procedente al amparo promovido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en contra del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
La máxima cúpula empresarial del país informa en un comunicado que dicho Tribunal ordenó al juzgado octavo de distrito admitir el trámite y dictar una resolución en cuanto al fondo del asunto.
Así, dicho juzgado de distrito inició el procedimiento de admisión del amparo al fijar fecha para la audiencia constitucional el próximo 31 de julio, en la cual deberá dictarse la sentencia correspondiente, según el CCE.
El abogado del organismo empresarial, Adolfo Arrioja Vizcaino, dijo: “Esta resolución es de gran importancia, pues establece que los juicios de amparo sí proceden en contra de leyes del Congreso de la Unión en materia electoral que resulten violatorias de las garantías individuales”.
La base del amparo es la inconstitucionalidad de las disposiciones del Cofipe que prohíben a organizaciones ciudadanas la contratación de mensajes político-electorales en radio y televisión, las cuales resultan violatorias de las garantías individuales plasmadas en los artículos 6 y 9 de la Constitución, de acuerdo con el CCE.
La máxima cúpula empresarial del país informa en un comunicado que dicho Tribunal ordenó al juzgado octavo de distrito admitir el trámite y dictar una resolución en cuanto al fondo del asunto.
Así, dicho juzgado de distrito inició el procedimiento de admisión del amparo al fijar fecha para la audiencia constitucional el próximo 31 de julio, en la cual deberá dictarse la sentencia correspondiente, según el CCE.
El abogado del organismo empresarial, Adolfo Arrioja Vizcaino, dijo: “Esta resolución es de gran importancia, pues establece que los juicios de amparo sí proceden en contra de leyes del Congreso de la Unión en materia electoral que resulten violatorias de las garantías individuales”.
La base del amparo es la inconstitucionalidad de las disposiciones del Cofipe que prohíben a organizaciones ciudadanas la contratación de mensajes político-electorales en radio y televisión, las cuales resultan violatorias de las garantías individuales plasmadas en los artículos 6 y 9 de la Constitución, de acuerdo con el CCE.
El Universal, 9 de junio.
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