Durante el onceavo foro de debate sobre la reforma energética, especialistas afirmaron que es necesaria la incursión de capital privado en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de petrolíferos para garantizar el abasto de combustibles a
escala nacional.
No sólo se requiere modificar el esquema energético, sino también deben preverse reformas adicionales y de coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno para utilizar de manera efectiva la infraestructura pública, expusieron.
En su intervención, el presidente de la Canacintra, Miguel Marón Manzur, puntualizó que uno de los factores indispensables para la competitividad de México es contar con una infraestructura petrolera suficiente para abastecer el mercado.
Sin embargo, la falta de seguridad en el suministro hace que se pierdan importantes inversiones productivas y se dejan de generar empleos.
Explicó que actualmente la capacidad de almacenamiento de combustibles en el país es sólo 5 días, contra 19 en el Reino Unido, 22 en Estados Unidos y Canadá, y 51 en Noruega, lo que ha generado que nuestro país pierda competitividad en
años recientes.
Juan Pablo González Carvajal, presidente de AMEGAS, dijo que los legisladores deberán tomar la mejor decisión en cuanto al esquema energético para sanear a Petróleos Mexicanos, ya que ésta ha sido abandonada a su suerte “mientras se le extrae los recursos que han dejado al almacenamiento y la transportación de petrolíferos colgando de los hilos más delgados que podrían provocar ciertos daños por la falta de abastecimiento”.
Aseguró que se espera que la decisión que se tome en el Congreso sea la más eficaz para garantizar el mejor manejo del transporte, almacenamiento y distribución de los productos y las instalaciones de Pemex.
Puntualizó que en “este tema, existen graves dudas sobre los procesos que se siguen en Pemex, pues hay demasiados indicios, sobre el tráfico de influencias y de perniciosa corrupción que ha generado intereses dentro y fuera de la empresa; y que son verdaderos obstáculos que impide resolver el problema”.
Raúl Monteforte, ex integrante de la Comisión Reguladora de Energía, afirmó que debido a problemas de propiedad en cuestión ejidal, municipal y estatal, entre otros, muchos de los proyectos de infraestructura gasera, tanto públicos como privados, se han visto envueltos en “casos flagrantes de corrupción y arbitrariedad”.
En entidades como Guadalajara, Distrito Federal y el Estado de México, los gobiernos bloquearon diversas obras y generaron muchas pérdidas a distribuidores y transportistas, denunció Monteforte.
Ninguna reforma energética puede ser viable si queda “trunca y resulta disfuncional entre el gobierno federal, estatal, local y la empresa paraestatal, ya que la soberanía es única e indivisible, y ésta debe radicar en las instituciones reguladoras del Estado”, señalaron.
escala nacional.
No sólo se requiere modificar el esquema energético, sino también deben preverse reformas adicionales y de coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno para utilizar de manera efectiva la infraestructura pública, expusieron.
En su intervención, el presidente de la Canacintra, Miguel Marón Manzur, puntualizó que uno de los factores indispensables para la competitividad de México es contar con una infraestructura petrolera suficiente para abastecer el mercado.
Sin embargo, la falta de seguridad en el suministro hace que se pierdan importantes inversiones productivas y se dejan de generar empleos.
Explicó que actualmente la capacidad de almacenamiento de combustibles en el país es sólo 5 días, contra 19 en el Reino Unido, 22 en Estados Unidos y Canadá, y 51 en Noruega, lo que ha generado que nuestro país pierda competitividad en
años recientes.
Juan Pablo González Carvajal, presidente de AMEGAS, dijo que los legisladores deberán tomar la mejor decisión en cuanto al esquema energético para sanear a Petróleos Mexicanos, ya que ésta ha sido abandonada a su suerte “mientras se le extrae los recursos que han dejado al almacenamiento y la transportación de petrolíferos colgando de los hilos más delgados que podrían provocar ciertos daños por la falta de abastecimiento”.
Aseguró que se espera que la decisión que se tome en el Congreso sea la más eficaz para garantizar el mejor manejo del transporte, almacenamiento y distribución de los productos y las instalaciones de Pemex.
Puntualizó que en “este tema, existen graves dudas sobre los procesos que se siguen en Pemex, pues hay demasiados indicios, sobre el tráfico de influencias y de perniciosa corrupción que ha generado intereses dentro y fuera de la empresa; y que son verdaderos obstáculos que impide resolver el problema”.
Raúl Monteforte, ex integrante de la Comisión Reguladora de Energía, afirmó que debido a problemas de propiedad en cuestión ejidal, municipal y estatal, entre otros, muchos de los proyectos de infraestructura gasera, tanto públicos como privados, se han visto envueltos en “casos flagrantes de corrupción y arbitrariedad”.
En entidades como Guadalajara, Distrito Federal y el Estado de México, los gobiernos bloquearon diversas obras y generaron muchas pérdidas a distribuidores y transportistas, denunció Monteforte.
Ninguna reforma energética puede ser viable si queda “trunca y resulta disfuncional entre el gobierno federal, estatal, local y la empresa paraestatal, ya que la soberanía es única e indivisible, y ésta debe radicar en las instituciones reguladoras del Estado”, señalaron.
Nayeli González, Milenio, 18 de junio.
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