Con el argumento de que un servidor público sólo debe responder por el "tramo de control" que le corresponde, la Secretaría de Gobernación avaló la resolución de la Corte en el caso ABC, que rechazó señalar como involucrados al titular de la SCT, Juan Molinar, y al Director del IMSS, Daniel Karam.
Fernando Gómez Mont, titular de la dependencia, explicó que esta postura se fundamenta en el hecho de la "responsabilidad política o moral" que propuso el Ministro Arturo Zaldívar no está contemplada en la ley.
"Nos preocupaba mucho este esquema en el cual se hablaba de un nuevo tipo de responsabilidad constitucional no sometido a las reglas de la ley, sino más sometidas a las valoraciones éticas y morales de los Ministros.
"Están hablando de dos funcionarios que no solo fueron conmovidos por la tragedia; no se ha podido acreditar que ellos estuvieran en el margen de responsabilidad para evitarla", dijo.
En conferencia, Gómez Mont comentó que es muy poco probable que la Procuraduría General de la República o la de Sonora finquen algún tipo de responsabilidad penal a los funcionarios.
Esto se debe, dijo, a que a pesar de que la investigación está abierta, desde 2009 se ejercitó acción penal contra las personas sobre quienes existen pruebas documentales de presunta responsabilidad en la tragedia en la que murieron 49 niños.
Reconoció que días antes de la deliberación en la Corte habló con los Ministros para expresarles su preocupación de que se señalara como responsables a servidores públicos por hechos que estuvieran fueran de su tramo de control.
Aseguró que no fue un cabildeo para que exculparan a Molinar y a Karam.
Aafirmó que las resoluciones de la Corte sobre el caso ABC no interrumpen la investigación de los hechos ni anulan los procesos penales que siguen la Procuraduría General de la República y la de Sonora.
Dijo que propondrán adecuaciones a la ley de protección civil para homologar criterios de actuación y generar protocolos de atención de riesgos.
Fernando Gómez Mont, titular de la dependencia, explicó que esta postura se fundamenta en el hecho de la "responsabilidad política o moral" que propuso el Ministro Arturo Zaldívar no está contemplada en la ley.
"Nos preocupaba mucho este esquema en el cual se hablaba de un nuevo tipo de responsabilidad constitucional no sometido a las reglas de la ley, sino más sometidas a las valoraciones éticas y morales de los Ministros.
"Están hablando de dos funcionarios que no solo fueron conmovidos por la tragedia; no se ha podido acreditar que ellos estuvieran en el margen de responsabilidad para evitarla", dijo.
En conferencia, Gómez Mont comentó que es muy poco probable que la Procuraduría General de la República o la de Sonora finquen algún tipo de responsabilidad penal a los funcionarios.
Esto se debe, dijo, a que a pesar de que la investigación está abierta, desde 2009 se ejercitó acción penal contra las personas sobre quienes existen pruebas documentales de presunta responsabilidad en la tragedia en la que murieron 49 niños.
Reconoció que días antes de la deliberación en la Corte habló con los Ministros para expresarles su preocupación de que se señalara como responsables a servidores públicos por hechos que estuvieran fueran de su tramo de control.
Aseguró que no fue un cabildeo para que exculparan a Molinar y a Karam.
Aafirmó que las resoluciones de la Corte sobre el caso ABC no interrumpen la investigación de los hechos ni anulan los procesos penales que siguen la Procuraduría General de la República y la de Sonora.
Dijo que propondrán adecuaciones a la ley de protección civil para homologar criterios de actuación y generar protocolos de atención de riesgos.
Antonio Baranda, Reforma, 19 de junio.
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