Ante la presentación, por parte de la SIEDO, "de pruebas documentales y testimoniales", un juez federal en Nayarit decretó auto de formal prisión contra Gregorio Sánchez Martínez y suspendió sus derechos político-electorales, con lo cual quedó imposibilitado para ser candidato al gobierno de Quintana Roo.
En la resolución de Carlos Alberto Elorza Amores, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el penal de Tepic, Greg aparece ligado a acciones de delincuencia organizada, tanto en el ámbito de narcotráfico como en el de tráfico de indocumentados.
También se le acusa de delitos contra la salud, en la modalidad de fomento; y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, "por su depósito dentro del territorio nacional, con conocimiento de que eran producto de actividades ilegales".
Aunque el abanderado de la coalición PRD-PT-Convergencia tiene aún la posibilidad de interponer un juicio de protección de derechos políticos ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, las imputaciones en su contra por delitos graves y sin derecho a libertad bajo fianza, hacen casi imposible la concesión de un amparo.
Según el juez, el Ministerio Público mostró evidencias "de los hechos - presuntamente cometidos en Cancún-, así como de los vínculos del procesado con las organizaciones delictivas de Los Beltrán Leyva y de Los Zetas".
Por eso, pidió informar al Registro Federal de Electores de las juntas locales del IFE en Nayarit y en Quintana Roo, de la suspensión "de los derechos políticos a Sánchez", con fundamento en el artículo 38 de la Constitución y en una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la cual avala la medida "desde el dictado del auto de formal prisión".
El juzgador solicitó a la directora del Cefereso Número 4 "Noroeste" —donde está recluido el ex alcalde de Cancún — y a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, que en un plazo de tres días le remitan los informes de antecedentes penales que tengan registrados a nombre del procesado.
El juzgador requirió además recabar todos los informes sobre Greg abiertos en las oficinas de identificación criminal, detallar su media filiación y aplicarle estudios psicológicos y socioeconómicos.
A la par, reveló que la SIEDO consignó la averiguación previa del caso el 13 de mayo, once días después de que Sánchez fuera registrado por la alianza "Todos somos Quintana Roo" a la gubernatura estatal. Dos semanas después, sería detenido por agentes federales.
El ahora ex candidato fue notificado de manera directa del auto en su contra, así como de la posibilidad que la ley le concede de apelar la determinación.
En la resolución de Carlos Alberto Elorza Amores, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el penal de Tepic, Greg aparece ligado a acciones de delincuencia organizada, tanto en el ámbito de narcotráfico como en el de tráfico de indocumentados.
También se le acusa de delitos contra la salud, en la modalidad de fomento; y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, "por su depósito dentro del territorio nacional, con conocimiento de que eran producto de actividades ilegales".
Aunque el abanderado de la coalición PRD-PT-Convergencia tiene aún la posibilidad de interponer un juicio de protección de derechos políticos ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, las imputaciones en su contra por delitos graves y sin derecho a libertad bajo fianza, hacen casi imposible la concesión de un amparo.
Según el juez, el Ministerio Público mostró evidencias "de los hechos - presuntamente cometidos en Cancún-, así como de los vínculos del procesado con las organizaciones delictivas de Los Beltrán Leyva y de Los Zetas".
Por eso, pidió informar al Registro Federal de Electores de las juntas locales del IFE en Nayarit y en Quintana Roo, de la suspensión "de los derechos políticos a Sánchez", con fundamento en el artículo 38 de la Constitución y en una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la cual avala la medida "desde el dictado del auto de formal prisión".
El juzgador solicitó a la directora del Cefereso Número 4 "Noroeste" —donde está recluido el ex alcalde de Cancún — y a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, que en un plazo de tres días le remitan los informes de antecedentes penales que tengan registrados a nombre del procesado.
El juzgador requirió además recabar todos los informes sobre Greg abiertos en las oficinas de identificación criminal, detallar su media filiación y aplicarle estudios psicológicos y socioeconómicos.
A la par, reveló que la SIEDO consignó la averiguación previa del caso el 13 de mayo, once días después de que Sánchez fuera registrado por la alianza "Todos somos Quintana Roo" a la gubernatura estatal. Dos semanas después, sería detenido por agentes federales.
El ahora ex candidato fue notificado de manera directa del auto en su contra, así como de la posibilidad que la ley le concede de apelar la determinación.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 2 de junio.
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