Trece migrantes de nacionalidades hondureña, guatemalteca y salvadoreña que escaparon a un secuestro el pasado jueves, en el que se presume fueron privados de su libertad 50 centroamericanos, comparecieron ayer en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y denunciaron que los autores del plagio son sicarios de Los Zetas, según revelaron fuentes ministeriales.
Las declaraciones permitirán esclarecer los hechos de los que habrían sido víctimas los centroamericanos, dijo el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, quien tuvo que modificar su postura sobre el eventual plagio denunciado por las cancillerías de El Salvador y Honduras.
El martes, la dependencia aseguró de manera tajante que no había evidencias de un secuestro colectivo, pero ayer reculó e informó que la denuncia se estaba investigando y que un grupo de migrantes presentarían su declaración ministerial ante la Procuraduría General de la República (PGR) en calidad de testigos, a quienes incluso se les otorgó visa humanitaria.
En tanto, el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, declaró que organizaciones criminales pudieran estar reclutando a indocumentados ante la imposibilidad o insuficiencia de mexicanos que les sirvan para cometer sus delitos.
“Esa sería un poco la conjetura que nosotros tenemos de lo que está ocurriendo”, señaló el funcionario durante una entrevista radiofónica en la que también justificó el contenido de la primera información difundida por el organismo a su cargo.
Señaló que el INM, al enterarse de la denuncia, indagó a detalle con la empresa ferroviaria, así como con las autoridades de Oaxaca y con la delegación de la PGR, las cuales no reportaron ningún percance.
Explicó que fue hasta la noche del martes, cuando se comunicó con el INM el sacerdote Alejandro Solalinde, responsable de un albergue para migrantes, y les informó de la existencia de un grupo de centroamericanos testigos de los hechos y dispuestos a declarar.
Por la mañana, en un comunicado, el INM informó que migrantes procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, se presentaron ante las autoridades migratorias, quienes a su vez las canalizaron a la PGR con el propósito de esclarecer los hechos.
Resaltó que en este tipo de situaciones se otorgan “visas humanitarias” a los migrantes para que puedan estar libre y legalmente en México, a fin de colaborar con las autoridades en el esclarecimiento del presunto secuestro colectivo.
Más tarde, fuentes ministeriales informaron que entre los testigos de la PGR se encuentran tres mujeres guatemaltecas y una hondureña, quienes dijeron a los fiscales que la organización criminal pudo secuestrar a una treintena de niños, cuyas edades oscilan entre los 11 y 16 años.
Una de ellas narró a los agentes del Ministerio Público Federal que los sicarios los levantaron la madrugada del 16 de diciembre pasado en el poblado de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, cuando los indocumentados se encontraban en los vagones de un tren en el que pretendían trasladarse al norte del país.
Luego de ser secuestrados por un grupo de delincuentes que se identificaron como miembros de Los Zetas, los indocumentados fueron llevados en varias camionetas a una casa de seguridad.
Antes de entrar al lugar donde los migrantes quedarían bajo custodia, los captores tuvieron que brincar una barda para abrir el portón principal de la casa, tiempo que aprovecharon 13 de los secuestrados para escapar.
“Los migrantes nos declararon que al intentar escapar sus captores les dispararon para evitar que huyeran, pero afortunadamente ninguno de ellos resultó herido”, dijo un funcionario de la PGR que pidió no mencionar su nombre.
Los fiscales que investigan este caso tienen indicios para creer que los maquinistas de los trenes que llevan a migrantes tienen vínculos con las mafias criminales que secuestran a indocumentados.
De acuerdo con averiguaciones previas abiertas en la SIEDO, al menos desde hace dos años grupos de Los Zetas operan en el estado de Oaxaca con el propósito de reclutar indocumentados que se sumen a las filas de sicarios de esa organización criminal.
El viernes pasado, la Secretaría de Gobernación difundió un comunicado de prensa en el que hizo referencia al arresto de 92 indocumentados en la localidad de Chahuites, Oaxaca, quienes –como ocurre en estos casos– serían repatriados de inmediato.
El martes, el gobierno de El Salvador denunció el plagio de 50 centroamericanos. El hecho habría ocurrido antes o después del operativo citado. En este punto no hay coincidencias entre los dichos de las autoridades salvadoreñas y las mexicanas, pues mientras las segundas presumen que el plagio pudo haber ocurrido después del aseguramiento, las primeras afirman que los hechos habrían sido antes de ello.
La cancillería salvadoreña advirtió que “los delincuentes habrían obstruido las vías con troncos y piedras obligando a la locomotora a parar”.
Luego –agregó el gobierno de esa nación centroamericana– los sujetos subieron a los vagones, golpearon a los migrantes con machetes y los despojaron de sus pertenencias. Enseguida el grupo armado se llevó por diferentes rumbos a unas 15 mujeres, cinco menores de edad y 30 varones.
El comisionado Beltrán del Río reconoció ayer la situación de peligro a la que se exponen los centroamericanos durante su paso por México, y ratificó su preocupación por llegar al fondo de las indagatorias de los hechos denunciados.
Las declaraciones permitirán esclarecer los hechos de los que habrían sido víctimas los centroamericanos, dijo el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, quien tuvo que modificar su postura sobre el eventual plagio denunciado por las cancillerías de El Salvador y Honduras.
El martes, la dependencia aseguró de manera tajante que no había evidencias de un secuestro colectivo, pero ayer reculó e informó que la denuncia se estaba investigando y que un grupo de migrantes presentarían su declaración ministerial ante la Procuraduría General de la República (PGR) en calidad de testigos, a quienes incluso se les otorgó visa humanitaria.
En tanto, el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, declaró que organizaciones criminales pudieran estar reclutando a indocumentados ante la imposibilidad o insuficiencia de mexicanos que les sirvan para cometer sus delitos.
“Esa sería un poco la conjetura que nosotros tenemos de lo que está ocurriendo”, señaló el funcionario durante una entrevista radiofónica en la que también justificó el contenido de la primera información difundida por el organismo a su cargo.
Señaló que el INM, al enterarse de la denuncia, indagó a detalle con la empresa ferroviaria, así como con las autoridades de Oaxaca y con la delegación de la PGR, las cuales no reportaron ningún percance.
Explicó que fue hasta la noche del martes, cuando se comunicó con el INM el sacerdote Alejandro Solalinde, responsable de un albergue para migrantes, y les informó de la existencia de un grupo de centroamericanos testigos de los hechos y dispuestos a declarar.
Por la mañana, en un comunicado, el INM informó que migrantes procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, se presentaron ante las autoridades migratorias, quienes a su vez las canalizaron a la PGR con el propósito de esclarecer los hechos.
Resaltó que en este tipo de situaciones se otorgan “visas humanitarias” a los migrantes para que puedan estar libre y legalmente en México, a fin de colaborar con las autoridades en el esclarecimiento del presunto secuestro colectivo.
Más tarde, fuentes ministeriales informaron que entre los testigos de la PGR se encuentran tres mujeres guatemaltecas y una hondureña, quienes dijeron a los fiscales que la organización criminal pudo secuestrar a una treintena de niños, cuyas edades oscilan entre los 11 y 16 años.
Una de ellas narró a los agentes del Ministerio Público Federal que los sicarios los levantaron la madrugada del 16 de diciembre pasado en el poblado de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, cuando los indocumentados se encontraban en los vagones de un tren en el que pretendían trasladarse al norte del país.
Luego de ser secuestrados por un grupo de delincuentes que se identificaron como miembros de Los Zetas, los indocumentados fueron llevados en varias camionetas a una casa de seguridad.
Antes de entrar al lugar donde los migrantes quedarían bajo custodia, los captores tuvieron que brincar una barda para abrir el portón principal de la casa, tiempo que aprovecharon 13 de los secuestrados para escapar.
“Los migrantes nos declararon que al intentar escapar sus captores les dispararon para evitar que huyeran, pero afortunadamente ninguno de ellos resultó herido”, dijo un funcionario de la PGR que pidió no mencionar su nombre.
Los fiscales que investigan este caso tienen indicios para creer que los maquinistas de los trenes que llevan a migrantes tienen vínculos con las mafias criminales que secuestran a indocumentados.
De acuerdo con averiguaciones previas abiertas en la SIEDO, al menos desde hace dos años grupos de Los Zetas operan en el estado de Oaxaca con el propósito de reclutar indocumentados que se sumen a las filas de sicarios de esa organización criminal.
El viernes pasado, la Secretaría de Gobernación difundió un comunicado de prensa en el que hizo referencia al arresto de 92 indocumentados en la localidad de Chahuites, Oaxaca, quienes –como ocurre en estos casos– serían repatriados de inmediato.
El martes, el gobierno de El Salvador denunció el plagio de 50 centroamericanos. El hecho habría ocurrido antes o después del operativo citado. En este punto no hay coincidencias entre los dichos de las autoridades salvadoreñas y las mexicanas, pues mientras las segundas presumen que el plagio pudo haber ocurrido después del aseguramiento, las primeras afirman que los hechos habrían sido antes de ello.
La cancillería salvadoreña advirtió que “los delincuentes habrían obstruido las vías con troncos y piedras obligando a la locomotora a parar”.
Luego –agregó el gobierno de esa nación centroamericana– los sujetos subieron a los vagones, golpearon a los migrantes con machetes y los despojaron de sus pertenencias. Enseguida el grupo armado se llevó por diferentes rumbos a unas 15 mujeres, cinco menores de edad y 30 varones.
El comisionado Beltrán del Río reconoció ayer la situación de peligro a la que se exponen los centroamericanos durante su paso por México, y ratificó su preocupación por llegar al fondo de las indagatorias de los hechos denunciados.
Alfredo Méndez y Fabiola Martínez, El Universal, 23 de diciembre.
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