La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que abrió un expediente de queja e inició investigación sobre las denuncias de un presunto secuestro de migrantes centroamericanos –alrededor de 50– en la localidad de Chahuites, Oaxaca.
Al mismo tiempo, la CNDH hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que instrumenten acciones coordinadas con el fin de prevenir el secuestro de migrantes y les brinden atención, a la vez que se respeten sus derechos humanos, “independientemente de su calidad migratoria”.
La CNDH destacó que desde que tuvo conocimiento de este caso, así como de amenazas a defensores de derechos humanos en el albergue Hermanos en el Camino, por instrucciones del presidente de la comisión, visitadores generales se trasladaron al lugar para realizar una investigación.
La cancillería salvadoreña informó la semana pasada sobre el secuestro “masivo” de migrantes –alrededor de 50, de diversas nacionalidades– que presuntamente fueron retenidos por hombres armados en los límites del estado de Oaxaca.
Periódicos locales de Oaxaca informaron sobre la denuncia del padre Heyman Vasquez, quien manifestó que “en el tren viajaban cerca de 300 migrantes. Poco antes de ser asaltados por hombres armados ocurrió un operativo policiaco y se llevaron detenidos a 80, y kilómetros más adelante se efectuó el secuestro de 50 migrantes”.
Los visitadores de la CNDH que se trasladaron a Oaxaca recogieron testimonios de migrantes que viajaban en el tren el 16 de diciembre y quienes relataron el secuestro de que fueron objeto sus compañeros.
La CNDH informó además que desde el pasado 11 de noviembre solicitó a la Secretaría de Gobernación emprender medidas cautelares en favor del presbítero Alejandro Solalinde Guerra y habitantes del albergue Hermanos en el Camino, al considerar que su vida e integridad física corren peligro.
Mediante un comunicado de prensa, la CNDH reiteró su compromiso con la atención integral y la reparación del daño a la que tiene derecho toda víctima del delito, y subrayó que estará presente en este y en cualquier incidente que vulnere los derechos humanos de los migrantes, con el objetivo de dar puntual seguimiento a las investigaciones y emitir la resolución que conforme a derecho corresponda.
Al mismo tiempo, la CNDH hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que instrumenten acciones coordinadas con el fin de prevenir el secuestro de migrantes y les brinden atención, a la vez que se respeten sus derechos humanos, “independientemente de su calidad migratoria”.
La CNDH destacó que desde que tuvo conocimiento de este caso, así como de amenazas a defensores de derechos humanos en el albergue Hermanos en el Camino, por instrucciones del presidente de la comisión, visitadores generales se trasladaron al lugar para realizar una investigación.
La cancillería salvadoreña informó la semana pasada sobre el secuestro “masivo” de migrantes –alrededor de 50, de diversas nacionalidades– que presuntamente fueron retenidos por hombres armados en los límites del estado de Oaxaca.
Periódicos locales de Oaxaca informaron sobre la denuncia del padre Heyman Vasquez, quien manifestó que “en el tren viajaban cerca de 300 migrantes. Poco antes de ser asaltados por hombres armados ocurrió un operativo policiaco y se llevaron detenidos a 80, y kilómetros más adelante se efectuó el secuestro de 50 migrantes”.
Los visitadores de la CNDH que se trasladaron a Oaxaca recogieron testimonios de migrantes que viajaban en el tren el 16 de diciembre y quienes relataron el secuestro de que fueron objeto sus compañeros.
La CNDH informó además que desde el pasado 11 de noviembre solicitó a la Secretaría de Gobernación emprender medidas cautelares en favor del presbítero Alejandro Solalinde Guerra y habitantes del albergue Hermanos en el Camino, al considerar que su vida e integridad física corren peligro.
Mediante un comunicado de prensa, la CNDH reiteró su compromiso con la atención integral y la reparación del daño a la que tiene derecho toda víctima del delito, y subrayó que estará presente en este y en cualquier incidente que vulnere los derechos humanos de los migrantes, con el objetivo de dar puntual seguimiento a las investigaciones y emitir la resolución que conforme a derecho corresponda.
Víctor Ballinas, La Jornada, 23 de diciembre
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