Los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador demandaron a México investigar el secuestro de alrededor de 50 migrantes centroamericanos en Oaxaca, y que se localice a todas las víctimas.
El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, criticó que las autoridades mexicanas destinen recursos para detener a migrantes y no a los grupos del narco que los secuestran. Pidió “enfrentar el problema, no ignorarlo”.
En México, tan sólo durante 2010, las autoridades salvadoreñas tienen confirmado que se han perpetrado seis secuestros colectivos de migrantes, con 196 víctimas —44 de ellas originarias de El Salvador—, y otros 59 de sus ciudadanos han sido plagiados de forma individual en su paso por territorio mexicano, informó el vicecanciller de ese país, Juan José García.
El 25 de agosto pasado, elementos de la Armada de México localizaron en un rancho, en inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas, los cuerpos sin vida de 72 migrantes, entre los que había ciudadanos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y brasileños.
La ejecución generó el reclamo y la condena de las autoridades de Honduras, Guatemala, El Salvador y Ecuador, pero también de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
Lamentan respuesta de la Segob
Los diplomáticos ofrecieron ayer una conferencia de prensa en El Salvador, en la que afirmaron que tienen pruebas y testimonios de que el secuestro de alrededor de 50 migrantes fue perpetrado el 16 de diciembre, luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que no contaba con indicios de que el hecho hubiera ocurrido, por lo que calificaron de “apresurada y desafortunada” la respuesta del gobierno mexicano sin haber investigado los hechos”.
Martínez criticó la actuación de México, al señalar que “no es admisible que, por una parte, haya capacidad para realizar operaciones de aseguramiento, que se detenga a migrantes, que el único delito que tienen es buscar una oportunidad en otras latitudes, pero no se destinen recursos suficientes para perseguir a los criminales, a las bandas de narcotraficantes que están realizando estas acciones”.
Fustigó: “Nos parece un contrasentido que, por un lado, sí se destinen recursos para asegurar a los migrantes y, por otro lado, no se dediquen los mismos recursos a combatir a estas bandas de criminales”.
Ante la reacción del gobierno mexicano, que cambió ayer con el anuncio de que la PGR investigará el plagio, los ministerios de Relaciones Exteriores de El Salvador, Honduras y Guatemala emitieron un comunicado conjunto en el que demandaron que se indague el secuestro masivo.
Por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica cualquier aseveración que ponga en duda la determinación con la cual México ha asumido la problemática que plantea el hecho de que los migrantes sean víctimas de la delincuencia organizada transnacional.
Manifestó su sorpresa por el tono y contenido de las declaraciones del canciller de El Salvador, y dijo que se realizarán todos los esfuerzos para acelerar las investigaciones.
El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, criticó que las autoridades mexicanas destinen recursos para detener a migrantes y no a los grupos del narco que los secuestran. Pidió “enfrentar el problema, no ignorarlo”.
En México, tan sólo durante 2010, las autoridades salvadoreñas tienen confirmado que se han perpetrado seis secuestros colectivos de migrantes, con 196 víctimas —44 de ellas originarias de El Salvador—, y otros 59 de sus ciudadanos han sido plagiados de forma individual en su paso por territorio mexicano, informó el vicecanciller de ese país, Juan José García.
El 25 de agosto pasado, elementos de la Armada de México localizaron en un rancho, en inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas, los cuerpos sin vida de 72 migrantes, entre los que había ciudadanos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y brasileños.
La ejecución generó el reclamo y la condena de las autoridades de Honduras, Guatemala, El Salvador y Ecuador, pero también de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
Lamentan respuesta de la Segob
Los diplomáticos ofrecieron ayer una conferencia de prensa en El Salvador, en la que afirmaron que tienen pruebas y testimonios de que el secuestro de alrededor de 50 migrantes fue perpetrado el 16 de diciembre, luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que no contaba con indicios de que el hecho hubiera ocurrido, por lo que calificaron de “apresurada y desafortunada” la respuesta del gobierno mexicano sin haber investigado los hechos”.
Martínez criticó la actuación de México, al señalar que “no es admisible que, por una parte, haya capacidad para realizar operaciones de aseguramiento, que se detenga a migrantes, que el único delito que tienen es buscar una oportunidad en otras latitudes, pero no se destinen recursos suficientes para perseguir a los criminales, a las bandas de narcotraficantes que están realizando estas acciones”.
Fustigó: “Nos parece un contrasentido que, por un lado, sí se destinen recursos para asegurar a los migrantes y, por otro lado, no se dediquen los mismos recursos a combatir a estas bandas de criminales”.
Ante la reacción del gobierno mexicano, que cambió ayer con el anuncio de que la PGR investigará el plagio, los ministerios de Relaciones Exteriores de El Salvador, Honduras y Guatemala emitieron un comunicado conjunto en el que demandaron que se indague el secuestro masivo.
Por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica cualquier aseveración que ponga en duda la determinación con la cual México ha asumido la problemática que plantea el hecho de que los migrantes sean víctimas de la delincuencia organizada transnacional.
Manifestó su sorpresa por el tono y contenido de las declaraciones del canciller de El Salvador, y dijo que se realizarán todos los esfuerzos para acelerar las investigaciones.
Silvia Otero, El Universal, 23 de diciembre.
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