Abusan en frontera de guatemaltecos

Al menos la mitad de los trabajadores de Guatemala que laboran en Chiapas son contratados de forma irregular, estimó Francisco Moreno, cónsul general del país centroamericano en Tapachula.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a noviembre de 2011 ingresaron a México 29 mil 102 guatemaltecos con una Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF).

Sin embargo, el cónsul calcula que por lo menos una cantidad similar cruzó a México para trabajar sin papeles, la mayoría como albañiles o trabajadores domésticas.

Los guatemaltecos que laboran en actividades agropecuarias -casi el 100 por ciento de los legales-, indicó en entrevista, son enganchados por "cuadrilleros" desde sus localidades de origen.

"Contrata 20, 30, 50, según la necesidad, y se los llevan a trabajar (a Chiapas). En muchos casos son indígenas que no hablan español. Siempre son dirigidos por un ladino que habla bien el español y negocia los contratos", apuntó.

El consulado, señaló, recibe con frecuencia quejas de trabajadores que no recibieron el pago acordado, sobre todo de quienes trabajan en el cultivos de plátano, el sector de la construcción y en labores domésticas.

Las empresas Agromod y La Herradura, detalló, se encuentran entra las bananeras de las cuales se han quejado más los guatemaltecos.

En marzo de 2007, el gobierno inició la regularización de la migración laboral de guatemaltecos y beliceños mediante la expedición de las FMTF.

Los documentos tienen vigencia de un año y permiten a los ciudadanos de esos dos países, mayores de 16 años, trabajar en Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, siempre y cuando cuenten previamente con una oferta laboral por escrito y no tengan antecedentes penales.

Para Manuel Ángel Castillo, investigador de El Colegio de México, entre las razones por las que no todos los centroamericanos realizan el trámite para obtener esas formas se encuentra el hecho de que sus beneficios son muy relativos.

Los documentos, señaló, no les garantizan el respeto a los pagos pactados, acceso a los servicios de salud ni de educación para sus hijos.

"La documentación no sirve de nada si no hay una acción coordinada y convergente de todas las instituciones que tienen que ver con la migración. El INM puede cumplir su función, pero si las otras no hacen su trabajo, ¿de qué sirve?", cuestionó.

"La documentación no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr que tanto empleadores como trabajadores vean, se cercioren, que estar documentado significa una ventaja".

Para Castillo que el Consulado de Guatemala funja como conciliador en los conflictos laborales es un absurdo, pues eso, remarca, es una responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, la cual no quiere asumir.

El problema, indicó, surge a raíz de que la Ley Federal del Trabajo delega a las juntas locales de conciliación este tipo de asuntos, las cuales al ver que se trata de extranjeros los regresan a nivel federal.

"Es ridículo, estamos cediendo una función soberana la conciliación laboral a una representación extranjera. Es una muestra de que el sector laboral no está cumpliendo con sus funciones. Entonces, ¿de qué sirven que estén documentados?", reiteró.


Verónica Sánchez, Reforma, 5 de enero.