Autoridades de todos los niveles traban investigaciones: CNDH

La CNDH denunció que autoridades de todos los niveles de gobierno obstaculizan sus investigaciones por violaciones a derechos humanos.

Las principales trabas son las negativas a brindar datos sobre los hechos indagados, ocultar cifras y evidencias, así como proteger a los "servidores públicos" involucrados.

Durante el 2011, el 42 por ciento de las solicitudes de información enviadas por el organismo a las dependencias fueron ignoradas, cuando la ley las obliga a entregar todos los elementos necesarios en investigaciones de este tipo.

Según los datos de la Comisión, en el año que recién terminó formuló 22 mil 210 peticiones informativas, pero no se recibió ninguna respuesta en 9 mil 329 casos. Este número incluye los recordatorios que en muchos casos fue necesario enviar.

En total, las investigaciones por diversos abusos y las negativas a colaborar en ellas involucraron a 550 autoridades tanto federales como estatales y municipales.

Entre las principales están la Secretaría de la Defensa Nacional, el IMSS, el Instituto Nacional de Migración, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de Gobernación, la PGR, la Policía Federal, la SEP, el ISSSTE, la Secretaría de Marina y la Comisión Federal de Electricidad.

También la propia Segob, el Infonavit, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Social, el Servicio de Administración Tributaria de Hacienda, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Fondo de Vivienda del ISSSTE, Petróleos Mexicanos, Procuraduría Federal del Consumidor, Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional del Agua, el Cefereso Número 5 de Villa Aldama, Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública federal, entre otras.

"Todas las autoridades están obligadas a cumplir, en los plazos legalmente establecidos, las peticiones del organismo, a fin de agilizar las quejas que son presentadas", señaló el organismo.

En algunos casos se recurre a enviar datos incompletos, erróneos o tergiversados, incluso de manera intencional.

Consultado sobre el tema, el primer visitador Luis García, afirmó: "No hay cultura de la legalidad ni se asumen responsabilidades, uno de los grandes obstáculos a nuestro trabajo es que recurrentemente las dependencias señaladas nos niegan informaciones o el acceso a averiguaciones previas. Uno de los últimos casos fue el de Ayotzinapa, en el que, varias veces, la SSP-f no respondió a lo solicitado".

En estos casos, detalló, "la Comisión debe recurrir a otras fuentes, porque la investigación no se puede quedar a medias; todo lo que hagan las autoridades para frenar los expedientes es en su perjuicio, porque hace presuponer que sí hubo violaciones a derechos humanos y el resultado favorece a la víctima. Resulta increíble que todavía haya instituciones y funcionarios que encuentran en el abuso de poder y en la arbitrariedad un estilo de servicio público".


Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 29 de enero.