“Impunidad absoluta para militares”: HRW

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció ayer que las fuerzas de seguridad en México han cometido violaciones a los derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en esos casos.

La directora de comunicación de HRW, Emma Daly, explicó que el presidente Felipe Calderón está empleando a los militares para luchar contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada, pero las Fuerzas Armadas no están bien entrenadas para realizar acciones policiales y gozan de impunidad cuando cometen abusos.

Durante la presentación mundial del informe de HRW en El Cairo. Daly dijo también:

“Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia”.

En su opinión, “existe una impunidad absoluta en México para los militares”, quienes, con el sistema de justicia militar, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen “los abusos porque no hay modo de pararlos”.

De acuerdo con el informe de la ONG, los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir el crimen organizado han desembocado en un significativo aumento de los asesinatos, la tortura y otros abusos de las fuerzas de seguridad.

La participación de estas fuerzas solo hacen que “el clima de desorden y miedo empeore en algunas zonas del país”, añade el documento.

La presentación del informe tuvo lugar en la sede del Sindicato de Periodistas de la capital egipcia.

Entre las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, según el informe, figuran asesinatos, torturas y desapariciones forzosas.

Una muestra de que los soldados que han cometido este género de violaciones contra civiles nunca son llevados ante la justicia es —según HRW— que la Fiscalía militar abrió más de 3 mil 600 investigaciones de estos casos entre 2007 y junio de 2011, y solo 15 uniformados fueron condenados en ese periodo.

Añade el reporte que los principales afectados por esos ataques son los periodistas, los defensores de derechos humanos y los emigrantes.

En cuanto a los periodistas, el informe subraya que este gremio es “cada vez con más frecuencia objetivo de violencia e intimidación”, y recoge que entre 2000 y septiembre de 2011, 74 periodistas fueron asesinados, ocho de ellos el año pasado.

Señala asimismo que los cientos de miles de emigrantes que cruzan México anualmente sufren graves abusos, entre otros el asalto físico y sexual.

El documento sostiene que, en general, el sistema judicial mexicano “fracasa en hacer justicia a estas víctimas de crímenes violentos o violaciones de derechos humanos”.

Uno de las principales violaciones, según el informe, son las torturas a los detenidos, un problema que se perpetúa debido a que algunos jueces aceptan las confesiones obtenidas bajo esa presión.

La organización también critica que las leyes del país, en su opinión, no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y los abusos sexuales.

El reporte, elaborado con datos de 2011, señala que grupos vulnerables como los periodistas, son blanco tanto de organizaciones criminales como de los cuerpos de seguridad, sin que el Gobierno del presidente Felipe Calderón les haya provisto de protección o adecuadas investigaciones de los crímenes en su contra.

Respecto a los periodistas asesinados, “aunque muchos ataques en 2011 fueron atribuidos al crimen organizado, evidencias apuntan a la posible participación de funcionarios del Estado en algunos casos”.

Y sobre los migrantes, detalló que unos 18 mil son secuestrados cada año, muchas veces con el fin de extorsionar a familiares en Estados Unidos.

En tanto, en el tercer grupo, los defensores de derechos humanos, persiste el acoso y ataques sin que se vean progresos para instaurar el mecanismo de protección anunciado por el presidente Calderón en julio de 2011.


La Crónica, 23 de enero.

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