Sin importar la causa que enarbolen (ecología, defensa del trabajo, derechos sexuales o lucha contra el feminicidio), las mujeres defensoras de Derechos Humanos (DH) en México tienen un rasgo fatal en común: son amenazadas de muerte, desaparecidas, exiliadas, e incluso asesinadas por el solo hecho de ejercer su labor.
El estudio Defensoras de Derechos Humanos en México, diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo, documenta que la integridad física y moral de las activistas está en constante peligro, y se agrava con el clima de impunidad y corrupción que impera en el país.
La investigación de las organizaciones civiles Asociadas por lo Justo, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca revela que no importa la causa que ellas defiendan: todas pueden ser blanco de violencia.
Más vulnerables
El diagnóstico indica que las defensoras, al igual que sus pares hombres, son víctimas de las políticas represivas y la inseguridad en el ejercicio de su activismo. Sin embargo, observa que las mujeres sufren formas específicas de agresión por su condición de género.
El 76 por ciento de las activistas entrevistadas reconoció agresiones particulares por el hecho de ser mujeres, y 96 por ciento reportó haber vivido violencia o enfrentado algún obstáculo para realizar su trabajo.
De acuerdo con el análisis, los ataques contra las defensoras de DH son más graves en estados como Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Misión internacional
En medio de la violencia que azota al país, la llamada Iniciativa de Mujeres Nobel —una delegación internacional de Estados Unidos y Canadá, integrada por periodistas, actrices y activistas— estuvo este mes en México, encabezada por la Premio Nobel de la Paz 1997, Jody Williams.
La misión visitó Guerrero y se reunió con mujeres nahuas, tlapanecas, mixtecas y amuzgas, para constatar las amenazas y riesgos que enfrentan por ser defensoras de DH.
Elsa Baldovinos Ríos, presidenta de la organización Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, narró a las visitantes cómo tuvo que enfrentar la discriminación de los varones de su comunidad por querer defender los bosques.
“Por herencia tenemos eso de la discriminación de las mujeres y a mí sí me ha tocado… pese a los obstáculos he avanzado, pero si esto no te gusta no lo sigues haciendo”, contó Elsa, quien ahora promueve la siembra de hortalizas para el autoconsumo.
La activista dijo que vive en riesgo latente, aunque reconoció que a su agrupación no le ha pasado lo que a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, cuyos dirigentes, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista, están desaparecidos desde el pasado 8 de diciembre.
En respuesta, Jody Williams aseguró que en los Estados donde las fuerzas armadas realizan labores de seguridad pública —como en México— la situación es peor para las activistas.
La estadunidense destacó la lucha de las guerrerenses: “Me da inspiración ver que estas mujeres indígenas tienen el valor de seguir adelante en la lucha para defender los derechos de todos y no sólo de ellas”.
Testimonios
Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, es una indígena que por defender a víctimas de violación sexual por parte de militares, ha recibido amenazas de muerte que la obligaron a abandonar su hogar en busca de seguridad.
Ella dijo a la Iniciativa de Mujeres Nobel que cuando las líderes sociales “agarran poder” son “un peligro para las autoridades”. También criticó la impunidad del Estado: “Ellos lo único que hacen es mandarme a declarar una y otra vez. Y me mandan las mentadas medidas cautelares, que no son otra cosa que cámaras de video que no funcionan”.
Otra mujer que se ha enfrentado al Ejército es Tita Radilla, hija del líder social Rosendo Radilla Pacheco (desaparecido en 1973) y presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.
La delegación encabezada por Jody Wiliams advirtió que la falta de normas para proteger a las defensoras y evitar la impunidad, alcanza a cualquier luchador social.
Silvia Castillo, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, explicó que en la entidad sureña las organizaciones también defienden los derechos sexuales y reproductivos.
Las activistas se han organizado para defender a tres mujeres acusadas de homicidio cuando en realidad tuvieron abortos espontáneos. Una salió en libertad, pero dos más siguen presas; una de ellas con una condena de 22 años de cárcel.
La directora de Asociadas por lo Justo e integrante de la misión, Lisa VeneKlasen, criticó que el Estado mexicano tolere la impunidad contra las defensoras de DH. “En una situación en la que no tiene la voluntad ni la capacidad de responder y dar protección a las mujeres, nosotras, las mujeres, tenemos que crear una protección alternativa”, planteó.
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