Atorón en el Senado obligaría a Peña a reajustar su gabinete

Las negociaciones para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se atoraron ayer en el Senado, luego de que el PRI se negó a aceptar los cambios que propusieron PAN, PRD y PT para acotar las facultades de la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública.

La principal oposición del tricolores a que la Cámara de Senadores ratifique los nombramientos de los tres principales jefes policiacos, que dependerán de Gobernación.

Por la noche, el coordinador de los senadores del PAN, Ernesto Cordero, sostuvo que la intransigencia del PRI impidió aprobar el dictamen. Por esa actitud de todo o nada, agregó, serán los priístas los responsables de que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, no organice su gabinete como lo había planeado.

Tras casi 24 horas de negociaciones en las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, y de varias reuniones entre los coordinadores parlamentarios, no hubo acuerdo y la sesión programada para aprobar la reforma se instaló ocho horas más tarde de lo previsto, sólo para clausurarla cinco minutos después, porque no había dictamen.

Tanto Cordero como el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, advirtieron que sus posturas son inamovibles y si el PRI no acepta los cambios, Peña Nieto tendrá que iniciar su gobierno con un gabinete distinto al que había planteado. Deberá nombrar a los titulares de las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Seguridad Pública (SSP), al no aprobarse antes del primero de diciembre la reforma que elimina ambas dependencias.

El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, expresó su confianza en que este jueves, cuando sesionen de nuevo, logrará convencer a panistas y perredistas de aprobar en sus términos el dictamen. Sin embargo, tanto Cordero como Barbosa dejaron claro que sin las modificaciones que proponen, la reforma pretendida no se aprobará.

Cordero, también presidente del Senado, insistió en que sólo pretenden establecer controles mínimos democráticos para impedir que la Secretaría de Gobernación, con las nuevas funciones de seguridad pública que le asignan, regrese a los tiempos en que utilizaba la policía política con fines de persecución.

Por separado, Barbosa dijo que aprobar en sus términos la minuta es regresar al pasado y dejar atrásmuertes y luchas que la sociedad dio para avanzar en la gobernabilidad democrática del país. Insistió en que el ejercicio del poder debe tener límites, sobre todo cuando hay una concentración excesiva de facultades.No vamos a convalidar la pretensión de un ejercicio absoluto del poder en estas áreas tan delicadas e importantes.

Cordero y Barbosa coincidieron en que los puntos torales que el PRI no acepta es que el secretario de Gobernación comparezca mensualmente ante el Congreso y que los nombramientos de los tres principales jefes policiacos, el comisionado general de la Policía Federal, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los titulares de los órganos que tengan a su cargo funciones de fuerza pública, sean ratificados por el Senado.

Al respecto, Gamboa Patrón sostuvo que ello requeriría una reforma al artículo 82 constitucional, ya que recuerdan la experiencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los nombramientos de dos consejeros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones con el argumento de que la Cámara de Senadores no tenía facultades para ello.

El perredista Alejandro Encinas dijo que ese argumento no tiene sustento, y ahí están los casos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y de otras dependencias, además de tribunales agrarios y fiscales, donde hay ratificación directa del Senado sin necesidad de que se establezca la reforma constitucional.

Encinas destacó que existe el riesgo de dejar pasar la minuta que regresa a décadas pasadas, donde, sin tener un cuerpo policiaco, Gobernación actuó como policía política por conducto de la Dirección Federal de Seguridad.

Por la tarde, cuando era un hecho que no había acuerdo, las bancadas de las tres principales fuerzas se reunieron por separado. Los panistas dejaron en claro que no están dispuestos a regresar a viejos esquemas autoritarios. Consideraron que se pretende regresar a la época de Gobernación con Fernando Gutiérrez Barrios.

Advirtieron que el artículo 27 de la ley de administración pública debe modificarse, en especial el numeral 30, que otorga a Gobernación atribuciones que ahora tiene en exclusiva la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En la minuta se confieren a Gobernación facultades para regular y autorizar la portación de armas para empleados federales, para lo cual se coordinará con la Sedena. Panistas y perredistas propusieron eliminar este punto y dejar esa facultad exclusiva a la Sedena.

Otro punto de desacuerdo es la desaparición de la SFP sin que antes se haya aprobado la comisión anticorrupción, otra iniciativa de Peña Nieto que aún no se dictamina en el Senado.

Cordero recalcó que su postura es que la SFP siga operando mientras no esté resuelto el tema del organismo anticorrupción, porque no se pueden quedar al garete ni volando las investigaciones que están en curso.

Por la mañana, el priísta Omar Fayad pidió corresponsabilidad a panistas y perredistas, con la finalidad de no trabar la posibilidad de que Peña Nieto pueda estructurar las dependencias federales como lo ha planteado en la minuta a discusión.

Más tarde, Gamboa Patrón insistió en que el presidente electo tiene el derecho de configurar su administración como crea conveniente y dijo estar optimista de que hoy las cosas puedan cambiar, como ocurrió con la reforma laboral, y la minuta se apruebe sin cambios, toda vez que la Cámara de Diputados sesionará hasta la próxima semana.

Cordero y Barbosa recalcaron que la única posibilidad de que la minuta se apruebe es con los cambios que proponen, y que implica que se regrese a San Lázaro, lo que puede darse en las próximas 48 horas.

Se citó a sesión para este jueves a mediodía.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 29 de noviembre.