Avalan diputados que Segob absorba a SSP

La Cámara de  aprobó anoche el dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que elimina las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública, y que acota las funciones de seguridad por parte de la Secretaría de Gobernación y excluye de la Secretaría de Desarrollo Social el  Nacional de las y la  Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

A las 21:00 horas, luego de ocho horas de debate, el pleno aprobó con 333 votos del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza a favor, 50 de PT, Movimiento Ciudadano y algunos perredistas en contra, y 84 abstenciones, en su mayor parte del PRD y PAN, las reformas planteadas por el Presidente electo Enrique Peña , que presentaron como suya las bancadas tricolor y del Partido Verde.

Entre las modificaciones relevantes hechas al dictamen directamente en el pleno, destaca el que la fortalecida Secretaría de Gobernación no pueda actuar en disturbios ni en situaciones de alteración grave al orden público, como proponía la iniciativa originalmente.

Otra modificación consiste en que esa dependencia  propondrá al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas para prevenir el delito y reconstruir el  social, y no que Gobernación sea la encargada de ejecutarlas, como se plateaba inicialmente.

El dictamen, que tendrá que  avalado por el  la próxima semana, dio la puntilla a las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública, que formalmente desaparecen, y permite la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Luego de largas negociaciones en las comisiones unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, que reiniciaron su sesión el jueves poco después de medianoche y la concluyeron ya con dictamen formado a las 05:20 horas, se determinaron algunas modificaciones de fondo a la iniciativa correspondiente.

A las 13:52 horas de ayer, el pleno la Cámara baja dio inicio al desahogo del dictamen, que llegó ahí con el voto en contra del PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

El primer gran cambio no tuvo mayor complicación en operarse, una vez que el propio Presidente electo Enrique Peña Nieto, otorgó su aval para que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no fueron sectorizados, es decir, que no fueran absorbidos por la Secretaría de Desarrollo Social como se planteó en la iniciativa original.

Esta resolución provoca en los hechos que la Secretaría de Desarrollo Social vea disminuida en parte la fortaleza de que se le pretendía dotar.

Pero donde sí hubo desacuerdos serios fue en lo que respecta a la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública en Gobernación, por los reclamos de la oposición sobre lo que llamaron “riesgos de que se cree una secretaría de tamaño monstruoso con pretensiones de convertirse en los hechos a una policía política”, como la calificó el diputado Alfonso Durazo, de Movimiento Ciudadano.

El único cambio permitido en esta propuesta fue el relativo a que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, sólo podrá intervenir con el uso de la fuerza en las entidades de la República a solicitud de éstas y no por propia iniciativa como planteaba originalmente la iniciativa.

El dictamen en lo general se discutió en una hora y 35 minutos, tras los cuales comenzó el debate en lo particular, donde Movimiento Ciudadano se reservó prácticamente la totalidad de los artículos.

Durante el debate en lo general, llamó la atención el hecho de que el diputado Rubén Camarillo, del PAN, bancada que votó a favor del dictamen, habló en tribuna en contra, en razón, explicó, de que “regresa a Gobernación el control político-policíaco a través de la ley del garrote y esto es una vuelta al pasado”.

Camarillo, de Aguascalientes, afirmó que “en el PAN sí se vale disentir”, por lo que solicitó a sus correligionarios “ejercer su voto de conciencia. No pasa nada. Está en nuestro reglamento”, invitó sin ningún éxito según se observó más tarde.

Luciano Franco, La Jornada, 23 de noviembre.

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