El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, acusó de “indolentes” a autoridades de todos los ámbitos de gobierno ante la situación de desplazados y despojados por la violencia en el país.
En entrevista con Crónica, aseguró que esta actitud indiferente: no sólo de la Secretaría de Gobernación, sino de otras instancias federales, estatales y municipales, sólo refleja protección a la actividad criminal que provoca el desplazamiento.
Reveló que, de acuerdo con los expedientes del organismo, policías y ministerios públicos de todos los niveles están involucrados en esta dinámica delincuencial y adelantó que entre los meses de agosto y septiembre la Comisión emitirá un informe especial sobre el asunto y una Recomendación General en contra de dependencias omisas a este problema.
“En el desplazamiento hay indolencia y falta de resultados de instituciones que cuentan con personal, marco jurídico y presupuesto, y que eventualmente cuentan o contaban con respaldo social… Es nula atención a un problema que ha generado el empoderamiento de los delincuentes, a grado tal de provocar que mexicanos honestos y trabajadores tengan que abandonar sus casas y negocios para autoprotegerse”, dijo.
En días pasados, este grupo editorial denunció la falta de estrategia gubernamental para atender a los desplazados que, según registros del Senado de la República, suman entre 250 y 300 mil en territorio nacional, y cuyas propiedades son invadidas, transferidas o vendidas de manera forzada, por medio de fraudes y con escasa retribución económica.
Las cifras de la CNDH son más o menos coincidentes, pues tras desmenuzar datos y testimonios en ocho de las entidades más violentas del país y con mayor incidencia, ha contabilizado 120 mil desplazados, número que será actualizado en el informe próximo. Las entidades contempladas hasta ahora son Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Chiapas y Nuevo León.
Según el ombudsman nacional, la indolencia de funcionarios “ha originado altos niveles de impunidad, superiores incluso al 98 por ciento, lo que deja muy claro que en México una persona que comete un delito tiene 98 por ciento de posibilidades de que no le suceda nada, y esto hace del crimen uno de los negocios más rentables aquí y en el mundo”.
La alta incidencia de desplazamiento forzado sólo puede ser posible, señaló, en “un país donde se cometen cerca de 22 millones de delitos al año, y donde en todas sus cárceles hay tan sólo 248 mil internos, que no ingresaron este año ni el año pasado, sino en los últimos 15, 20 ó 30 años, este es el tamaño de la desproporción derivada del mal accionar gubernamental y de la falta de castigo a infractores de la ley”.
— ¿Cuál es la voz de los desplazados ante la CNDH? —se le cuestionó.
—Que presentan denuncias y no pasa nada, que en ellas señalan e identifican a los responsables de extorsiones, amenazas, secuestros y homicidios y no sucede nada; y también nos narran cómo servidores públicos están involucrados con delincuentes, eso explica porque no se les detiene y porque las familias, en un acto desesperado, deciden huir de su comunidad.
— ¿Qué tipo de servidores públicos son señalados?
—Federales, estatales y municipales… Principalmente policías y ministerios públicos, porque los afectados tienen problemas para presentar las denuncias, para que se las reciban, avancen y se haga algo en contra de los criminales, o bien descubren que el delincuente es protegido por la propia autoridad y entonces no tiene otra alternativa que desplazarse.
— ¿Se requiere un registro nacional de desplazados, como han sugerido desde la academia?
—Sería más importante una identificación clara de todos los municipios y comunidades con desplazamiento, y una acción contundente por parte del Estado para recuperar las condiciones de seguridad en esos lugares, porque sería peligroso elaborar registros que vayan engrosándose y que al paso del tiempo sean cientos de miles y pasen a formar parte sólo de una nueva estadística.
— ¿La sugerencia es un registro geográfico?
—Sí, porque permitiría distinguir qué autoridad omitió cumplir con su función de brindar seguridad pública, dejar desprotegidos a los ciudadanos y colocarlos en esa condición de desplazamiento.
—Y una ley, ¿se necesita?
—No, lo que urge es que cada quien cumpla con su función: unos brindar seguridad e investigar delitos, otros perseguir delincuentes, juzgarlos y mantenerlos en prisión, que es un tema muy importante, porque en los últimos años ha sido muy fácil evadirse de las cárceles. Es mejor corregir lo que ya tenemos, hacer que funcione, y no inventar reformas legales.
— ¿Coincidiría usted con investigadores y legisladores en el sentido de que la Segob debe encabezar la estrategia a favor de los desplazados?
—Por supuesto que es responsabilidad del ámbito federal, pero el tema involucra los tres niveles de gobierno.
Plascencia expresó que el fenómeno del despojo de bienes sólo es consecuencia de “un gran caldo de cultivo criminal cobijado por la impunidad”.
Y afirmó que la inacción de autoridades propicia, además del desplazamiento, retratos como los registrados en los estados de Guerrero y Michoacán, “donde la sociedad desesperada decide tomar la justicia por propia mano y ellos mismos intentan brindar la seguridad que el Estado no proporciona”.
— ¿Entonces están justificados los grupos de autodefensa?
—No le daría justificación, pero sí explicación: los grupos de autodefensa se explican a partir de un abandono por parte del gobierno, de una injusticia y sobre todo de la impunidad, por eso la sociedad decide armarse y desarrollar una función que no les corresponde, así me lo han dicho varios de los miembros de estos grupos: no queremos ser policías, no nos interesa andar armados, pero no tenemos alternativa ante una delincuencia que ha ido extendiendo sus actividades para extorsionar, matar, violar y secuestrar.
En entrevista con Crónica, aseguró que esta actitud indiferente: no sólo de la Secretaría de Gobernación, sino de otras instancias federales, estatales y municipales, sólo refleja protección a la actividad criminal que provoca el desplazamiento.
Reveló que, de acuerdo con los expedientes del organismo, policías y ministerios públicos de todos los niveles están involucrados en esta dinámica delincuencial y adelantó que entre los meses de agosto y septiembre la Comisión emitirá un informe especial sobre el asunto y una Recomendación General en contra de dependencias omisas a este problema.
“En el desplazamiento hay indolencia y falta de resultados de instituciones que cuentan con personal, marco jurídico y presupuesto, y que eventualmente cuentan o contaban con respaldo social… Es nula atención a un problema que ha generado el empoderamiento de los delincuentes, a grado tal de provocar que mexicanos honestos y trabajadores tengan que abandonar sus casas y negocios para autoprotegerse”, dijo.
En días pasados, este grupo editorial denunció la falta de estrategia gubernamental para atender a los desplazados que, según registros del Senado de la República, suman entre 250 y 300 mil en territorio nacional, y cuyas propiedades son invadidas, transferidas o vendidas de manera forzada, por medio de fraudes y con escasa retribución económica.
Las cifras de la CNDH son más o menos coincidentes, pues tras desmenuzar datos y testimonios en ocho de las entidades más violentas del país y con mayor incidencia, ha contabilizado 120 mil desplazados, número que será actualizado en el informe próximo. Las entidades contempladas hasta ahora son Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Chiapas y Nuevo León.
Según el ombudsman nacional, la indolencia de funcionarios “ha originado altos niveles de impunidad, superiores incluso al 98 por ciento, lo que deja muy claro que en México una persona que comete un delito tiene 98 por ciento de posibilidades de que no le suceda nada, y esto hace del crimen uno de los negocios más rentables aquí y en el mundo”.
La alta incidencia de desplazamiento forzado sólo puede ser posible, señaló, en “un país donde se cometen cerca de 22 millones de delitos al año, y donde en todas sus cárceles hay tan sólo 248 mil internos, que no ingresaron este año ni el año pasado, sino en los últimos 15, 20 ó 30 años, este es el tamaño de la desproporción derivada del mal accionar gubernamental y de la falta de castigo a infractores de la ley”.
— ¿Cuál es la voz de los desplazados ante la CNDH? —se le cuestionó.
—Que presentan denuncias y no pasa nada, que en ellas señalan e identifican a los responsables de extorsiones, amenazas, secuestros y homicidios y no sucede nada; y también nos narran cómo servidores públicos están involucrados con delincuentes, eso explica porque no se les detiene y porque las familias, en un acto desesperado, deciden huir de su comunidad.
— ¿Qué tipo de servidores públicos son señalados?
—Federales, estatales y municipales… Principalmente policías y ministerios públicos, porque los afectados tienen problemas para presentar las denuncias, para que se las reciban, avancen y se haga algo en contra de los criminales, o bien descubren que el delincuente es protegido por la propia autoridad y entonces no tiene otra alternativa que desplazarse.
— ¿Se requiere un registro nacional de desplazados, como han sugerido desde la academia?
—Sería más importante una identificación clara de todos los municipios y comunidades con desplazamiento, y una acción contundente por parte del Estado para recuperar las condiciones de seguridad en esos lugares, porque sería peligroso elaborar registros que vayan engrosándose y que al paso del tiempo sean cientos de miles y pasen a formar parte sólo de una nueva estadística.
— ¿La sugerencia es un registro geográfico?
—Sí, porque permitiría distinguir qué autoridad omitió cumplir con su función de brindar seguridad pública, dejar desprotegidos a los ciudadanos y colocarlos en esa condición de desplazamiento.
—Y una ley, ¿se necesita?
—No, lo que urge es que cada quien cumpla con su función: unos brindar seguridad e investigar delitos, otros perseguir delincuentes, juzgarlos y mantenerlos en prisión, que es un tema muy importante, porque en los últimos años ha sido muy fácil evadirse de las cárceles. Es mejor corregir lo que ya tenemos, hacer que funcione, y no inventar reformas legales.
— ¿Coincidiría usted con investigadores y legisladores en el sentido de que la Segob debe encabezar la estrategia a favor de los desplazados?
—Por supuesto que es responsabilidad del ámbito federal, pero el tema involucra los tres niveles de gobierno.
Plascencia expresó que el fenómeno del despojo de bienes sólo es consecuencia de “un gran caldo de cultivo criminal cobijado por la impunidad”.
Y afirmó que la inacción de autoridades propicia, además del desplazamiento, retratos como los registrados en los estados de Guerrero y Michoacán, “donde la sociedad desesperada decide tomar la justicia por propia mano y ellos mismos intentan brindar la seguridad que el Estado no proporciona”.
— ¿Entonces están justificados los grupos de autodefensa?
—No le daría justificación, pero sí explicación: los grupos de autodefensa se explican a partir de un abandono por parte del gobierno, de una injusticia y sobre todo de la impunidad, por eso la sociedad decide armarse y desarrollar una función que no les corresponde, así me lo han dicho varios de los miembros de estos grupos: no queremos ser policías, no nos interesa andar armados, pero no tenemos alternativa ante una delincuencia que ha ido extendiendo sus actividades para extorsionar, matar, violar y secuestrar.
Las cifras
Desplazados revelados por Crónica, con base en registros del Senado: de 250 a 300 mil en al menos 18 estados
del país
del país
Desplazados contabilizados por la CNDH:
120 mil, cuando ha analizado datos de 8 de las entidades más violentas de la República: Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Chiapas y Nuevo León
120 mil, cuando ha analizado datos de 8 de las entidades más violentas de la República: Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Chiapas y Nuevo León
Los Datos
Sólo 2 de cada 100 delincuentes son detenidos y encarcelados, en un país donde el nivel de impunidad supera el 98 por ciento
Número de ilícitos cometidos al año en el país:
22 millones
22 millones
Número de internos a nivel nacional: 248 mil
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 1º de julio.
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