Según el legislador, el otorgamiento de permisos radiofónicos compete a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y no a la SG, por lo cual la “retención” de esos documentos es “un resabio del viejo régimen” para, desde el Estado, controlar los medios de información.
El foro, efectuado en el Club de Periodistas, reunió a representantes de medios de comunicación y de organizaciones indígenas, así como a especialistas en la materia. La mayoría de los participantes reclamaron la ausencia de representantes de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, responsables de otorgar los permisos, quienes, habiendo sido invitados y confirmado su asistencia, cancelaran su participación dos días antes. Inclusive, en el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), según un comunicado de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, se prohibió al personal asistir.
“Hay una política de Estado para negar los permisos, y eso se expresa en la ausencia de los funcionarios en el acto. Si hubiera sido un evento de una empresa multinacional ya estaría aquí hasta el Presidente de la República”, expresó Sotelo.
En ese contexto, también se llevó a cabo la presentación del Manual para el trámite de permisos de radiodifusión indígena, el cual fue presentado, entre otros, por Xóchitl Gálvez Ruiz, ex directora general de la CDI.
La ex funcionaria destacó la importancia de dicha publicación, pero aseguró que la ausencia de los representantes de las secretarías se debe a que a algunos funcionarios “les da miedo hablar con los indígenas.
“No saben cómo hablar con ellos, cómo dialogar, y como es un tema que crea muchos paradigmas, piensan que si vienen los van a linchar y a reclamar, porque les falta sensibilidad para dialogar.”
Explicó que durante su gestión se otorgaron 12 permisos para operar radios comunitarias, “después de no sé cuántos años que no se había dado ni uno”; sin embargo, aseguró, esa labor debería haber continuado. Consideró que ahora son los legisladores quienes deben impulsar un cambio en la materia.
La única funcionaria que participó fue la directora adjunta de Vinculación y Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social, María Amada Schmal Peña, quien destacó la participación de las organizaciones de la sociedad civil, a las que llamó “tercer sector”, el cual, recalcó, en confluencia con los otros dos sectores (el público y el privado), contribuye al fortalecimiento de la democracia.
Por su parte, Melquiades Rosas, representante de Radio Nhandia, aseguró que el Ejecutivo federal no tiene una política clara para las comunidades indígenas, y Franco Gabriel Hernández, del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, aseveró que si los representantes de las secretarías cancelaron su participación en el foro, fue porque el gobierno federal ejerce una política de “discriminación” contra las comunidades indígenas.
“Los pueblos indios son un otro que merece respeto. De 1821 a 2009 no ha sido posible que se reconozca la personalidad jurídica de los pueblos originarios. Aunque no hay que perder la esperanza, tampoco se debe olvidar que los derechos establecidos sólo se hacen efectivos con una lucha organizada”, sostuvo.
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