Embestida del gobierno contra las radios comunitarias y sociales, denuncia senador

El gobierno federal ha lanzado “una embestida” contra radios comunitarias y sociales, muchas de ellas índígenas, que no sólo incluye la clausura violenta de las instalaciones y el decomiso del equipo, sino el ejercicio de acción penal contra sus representantes, denunció el legislador perredista Carlos Sotelo.

Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Sotelo advirtió que parte del problema es que Gobernación no ha dado trámite a las solicitudes de decenas de estaciones de radio para que se les expida el permiso de operar.

A pesar de que cumplen con los requisitos, señaló, la dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont mantiene “secuestrados” los expedientes, como lo ha hecho también con el canal de televisión del Congreso.

Sotelo demandó a las autoridades federales “una especie de tregua” con el fin de suspender los cierres de estaciones de radio para dar paso a su regulación, ya que de lo contrario podrían estallar conflictos sociales, toda vez que se trata de pequeñas emisoras con arraigo en las comunidades, contra las que la autoridad ha emprendido la aplicación selectiva de la ley, a fin de desaparecerlas.

Acompañado por el presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Carlos Aparicio, el legislador aseveró que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) llevaron a cabo antes del cierre de las estaciones el decomiso del equipo y acciones de tipo civil.

Sin embargo, durante este año los cierres han sido violentos, “brutales”, como es el caso de dos radios comunitarias de la zona purépecha de Michoacán, donde se presentaron más de cien agentes federales para allanar, cerrar las instalaciones y amagar a quienes ahí laboraban.

Silencian programa infantil
El caso más reciente, detalló, es el de la estación Tierra y Libertad, de Monterrey, donde un fuerte contingente policiaco se presentó durante la transmisión de un programa infantil y cerró la emisora, con más de siete años de operar.

Pero no sólo ello, agregó, se fincaron además responsabilidades penales a Héctor Camero, responsable del proyecto radial.

Ello, debido a que en lugar de aplicar la Ley Federal de Radio y Televisión, que es la que opera en caso de que no tengan los permisos legales correspondientes, han esgrimido la Ley General de Bienes Nacionales, para poder perseguir a quienes están al frente de esas radiodifusoras.

El gobierno mexicano pasa por encima de convenios internacionales que ha signado y en los que se establece el derecho de las comunidades y pueblos indios y de otros grupos a contar con medios de comunicación, acusó.

Sotelo señaló que hay además “una represión selectiva”, ya que operan, también sin permisos, muchas radiodifusoras religiosas y otras de gobiernos locales del PRI y el PAN, contra las que no hay ningún operativo.

Pareciera, expuso, que la autoridad sigue los dictados de empresarios del ramo que demandan: “Ciérrame ésta o cállame aquélla”.

El problema de fondo, explicó, es que el Congreso no ha legislado, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia, luego de que invalidó la llamada ley Televisa, y la demora se debe a que algunas fuerzas políticas no se deciden a enfrentar a las televisoras.

Sin embargo, afirmó, el PRD va a proponer que mientras se da el consenso para una reforma integral de la Ley Federal de Radio y Televisión, se legisle en torno a las radios comunitarias y sociales, a fin de que haya un marco jurídico que les dé certeza.

Además insistirán en que se frenen los operativos policiacos y Gobernación “deje de ser omisa” y libere los expedientes, con el fin de que la Cofetel dictamine sobre los muchos permisos de operar pendientes desde hace años.

Andrea Becerril, La Jornada, 15 de marzo.