Hace siete años, Rosa Cruz solicitó permiso para operar una radio comunitaria en lengua purépecha, con cinco vatios de potencia. En lugar de obtener una respuesta a su petición, las autoridades federales le enviaron un operativo integrado por 100 agentes de la extinta AFI para decomisar los aparatos de Radio Uekakua.
Antes de la radio, la comunidad de Ocumicho, Michoacán, que tiene unos tres mil habitantes, se comunicaba vía equipo de sonido. Eso cansó a la población por el ruido y decidieron comprar un equipo para instalar la radiodifusora.
Rosa Cruz, quien es artesana y ha ganado premios nacionales e internacionales por sus “diablitos”, comentó que la asamblea integrada por indígenas purépechas decidió que fuera en su domicilio donde se instalara la radiodifusora Uekakua, que significa “la preferida”.
Desde 2002 solicitaron el permiso para operarla, y mientras éste llegaba, empezaron a transmitir programas de salud para mujeres y de apoyo para que desarrollen proyectos productivos.
Esa radio, comentó Rosa, sólo nos sirve a la gente de Ocumicho porque la señal “no llega muy lejos” y no se cobra por los servicios que ofrece, es la misma comunidad la que con aportaciones de cinco, diez y 15 pesos paga la luz.
Segura de que la labor de la radio servía a su comunidad, se sorprendió cuando el pasado 29 de enero agentes de la AFI rodearon su hogar y decomisaron los aparatos. En esos momentos ella no estaba pero su hija María, de 16 años, sí y narró lo sucedido:
“Fueron muchos de ésos… de la AFI, y aventaron la puerta. Le dijeron a la locutora que apagara la radio, ella dijo por qué. Luego me llamaron y no me dejaron que llamara a mi tío para avisarle. Me agarraron por atrás y me taparon la boca.
“A mis cuñados, que estaban en otro cuarto, también los asustaron y vieron todo y no sé
que iban a ver a otros cuartos.
“A la doctora María Luisa le querían pegar, luego la jalonearon para que se saliera. Me asusté y empecé a llorar. Les decía ‘no se lleven las cosas de mi tío’; me da pena porque se va a quedar sin nada”.
Entre sollozos, la joven que utilizaba la radio para hacer sus tareas, dijo que ese día “hasta a los niños chiquitos que estaban allí también los asustaron, a uno lo jalonearon y le lastimaron el brazo”.
“Le dije a ese señor que trajera a un doctor porque una de mis cuñadas se sentía mal, porque está embarazada, y no hicieron caso, sólo me dijo ‘cállate o te doy una cachetada’”; ella perdió al bebé de tres meses de gestación.
“Después se llevaron todo y me dijeron que si no me callaba me iban a llevar a mí también. Me empujaron porque lloraba y los agarraba para que no se llevarán las cosas, porque después me iban a regañar a mí.
“Las muchachas de la comunidad después me decían que por qué me trataban tan mal los policías y no supe, pero les dije que por qué no fueron a ayudarme y me dijeron que no las dejaron pasar”.
El pasado 13 de junio Rosa Cruz recibió un citatorio de la agencia segunda investigadora del Ministerio Público de la Federación, en Uruapan, Michoacán, en calidad de indiciada por la comisión del delito previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, con lo cual, de ser hallada culpable, podría alcanzar hasta 12 años de prisión.
Antes de la radio, la comunidad de Ocumicho, Michoacán, que tiene unos tres mil habitantes, se comunicaba vía equipo de sonido. Eso cansó a la población por el ruido y decidieron comprar un equipo para instalar la radiodifusora.
Rosa Cruz, quien es artesana y ha ganado premios nacionales e internacionales por sus “diablitos”, comentó que la asamblea integrada por indígenas purépechas decidió que fuera en su domicilio donde se instalara la radiodifusora Uekakua, que significa “la preferida”.
Desde 2002 solicitaron el permiso para operarla, y mientras éste llegaba, empezaron a transmitir programas de salud para mujeres y de apoyo para que desarrollen proyectos productivos.
Esa radio, comentó Rosa, sólo nos sirve a la gente de Ocumicho porque la señal “no llega muy lejos” y no se cobra por los servicios que ofrece, es la misma comunidad la que con aportaciones de cinco, diez y 15 pesos paga la luz.
Segura de que la labor de la radio servía a su comunidad, se sorprendió cuando el pasado 29 de enero agentes de la AFI rodearon su hogar y decomisaron los aparatos. En esos momentos ella no estaba pero su hija María, de 16 años, sí y narró lo sucedido:
“Fueron muchos de ésos… de la AFI, y aventaron la puerta. Le dijeron a la locutora que apagara la radio, ella dijo por qué. Luego me llamaron y no me dejaron que llamara a mi tío para avisarle. Me agarraron por atrás y me taparon la boca.
“A mis cuñados, que estaban en otro cuarto, también los asustaron y vieron todo y no sé
que iban a ver a otros cuartos.
“A la doctora María Luisa le querían pegar, luego la jalonearon para que se saliera. Me asusté y empecé a llorar. Les decía ‘no se lleven las cosas de mi tío’; me da pena porque se va a quedar sin nada”.
Entre sollozos, la joven que utilizaba la radio para hacer sus tareas, dijo que ese día “hasta a los niños chiquitos que estaban allí también los asustaron, a uno lo jalonearon y le lastimaron el brazo”.
“Le dije a ese señor que trajera a un doctor porque una de mis cuñadas se sentía mal, porque está embarazada, y no hicieron caso, sólo me dijo ‘cállate o te doy una cachetada’”; ella perdió al bebé de tres meses de gestación.
“Después se llevaron todo y me dijeron que si no me callaba me iban a llevar a mí también. Me empujaron porque lloraba y los agarraba para que no se llevarán las cosas, porque después me iban a regañar a mí.
“Las muchachas de la comunidad después me decían que por qué me trataban tan mal los policías y no supe, pero les dije que por qué no fueron a ayudarme y me dijeron que no las dejaron pasar”.
El pasado 13 de junio Rosa Cruz recibió un citatorio de la agencia segunda investigadora del Ministerio Público de la Federación, en Uruapan, Michoacán, en calidad de indiciada por la comisión del delito previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, con lo cual, de ser hallada culpable, podría alcanzar hasta 12 años de prisión.
Eugenia Jiménez, Milenio, 25 de junio.
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