Por unanimidad, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó la Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal, en la que se establece que cuando estén en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones, la paz pública y la seguridad ciudadana, la policía podrá utilizar la fuerza bajo determinados principios.
La legislación establece que la policía podrá tener a su cargo y portar dos tipos de armas: incapacitantes, no letales como un bastón PR-24, tolete o equivalente; dispositivos que generen descargas eléctricas, esposas o candados de mano y sustancias irritantes en aerosol; y armas letales, como su pistola de cargo; y contempla indemnización por uso ilícito de la fuerza.
Establece también que la policía podrá hacer uso de la fuerza para someter a la persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad, para cumplir un deber o las órdenes lícitas giradas por una autoridad competente, para prevenir conductas ilícitas, para proteger o defender bienes jurídicos tutelados y en legítima defensa; y establece además los distintos niveles de uso de la fuerza, dejando en claro que no podrá usar armas letales para la dispersión de manifestaciones.
También se dedica un capítulo a las reglas para mantener la paz pública y la seguridad ciudadana, por lo que en caso de incendios, inundaciones, sismos, huracanes y otras situaciones de riesgo inminente que pongan en peligro la vida o integridad física de las personas, la policía preventiva y complementaria, de ser necesario, usará la fuerza para evacuar a alguna persona y se coordinará con la Secretaría de Gobierno y las delegaciones, bajo reglas estrictamente establecidas.
Durante el primer día del periodo extraordinario, el pleno también aprobó un paquete de reformas y adiciones al Código Penal, a la Ley de Cultura Cívica y a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, que traslada a los jueces cívicos la atención de los accidentes de tránsito, con lo que se busca descargar trabajo a las agencias del ministerio público.
La legislación establece que la policía podrá tener a su cargo y portar dos tipos de armas: incapacitantes, no letales como un bastón PR-24, tolete o equivalente; dispositivos que generen descargas eléctricas, esposas o candados de mano y sustancias irritantes en aerosol; y armas letales, como su pistola de cargo; y contempla indemnización por uso ilícito de la fuerza.
Establece también que la policía podrá hacer uso de la fuerza para someter a la persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad, para cumplir un deber o las órdenes lícitas giradas por una autoridad competente, para prevenir conductas ilícitas, para proteger o defender bienes jurídicos tutelados y en legítima defensa; y establece además los distintos niveles de uso de la fuerza, dejando en claro que no podrá usar armas letales para la dispersión de manifestaciones.
También se dedica un capítulo a las reglas para mantener la paz pública y la seguridad ciudadana, por lo que en caso de incendios, inundaciones, sismos, huracanes y otras situaciones de riesgo inminente que pongan en peligro la vida o integridad física de las personas, la policía preventiva y complementaria, de ser necesario, usará la fuerza para evacuar a alguna persona y se coordinará con la Secretaría de Gobierno y las delegaciones, bajo reglas estrictamente establecidas.
Durante el primer día del periodo extraordinario, el pleno también aprobó un paquete de reformas y adiciones al Código Penal, a la Ley de Cultura Cívica y a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, que traslada a los jueces cívicos la atención de los accidentes de tránsito, con lo que se busca descargar trabajo a las agencias del ministerio público.
Nota de Sergio Morales, El Economista, 27 de febrero.
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