Washington, 31 de enero. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, explicó la estrategia “integral” gubernamental para combatir al crimen organizado y su capacidad de generar violencia con armamento de alto poder, así como su mayor sofisticación tecnológica y las tácticas mediáticas que usa para promover un clima de intimidación y temor.
Presentó la evaluación ante un foro de académicos, analistas y funcionarios en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, como parte de su gira de trabajo por esta capital, que incluyó numerosas reuniones con contrapartes en toda la estructura de las agencias y secretarías de seguridad pública estadunidenses.
Identificó como objetivos del crimen organizado, a grandes rasgos, la intimidación de rivales y comunidades, el repliegue de las autoridades y la creación de una “contracultura delictiva asociada con el poder criminal”. Para lograrlo, indicó, se emplea la capacidad de fuego, la logística operacional (incluyendo el uso de tecnología de comunicación y vehículos robados), la corrupción de las fuerzas de seguridad y tácticas mediáticas.
En torno a los medios para generar una imagen de violencia y descontrol, el crimen organizado usa, sobre todo, videos, como el del primero de diciembre de 2005 de la ejecución de un adversario, que “tuvo un impacto en todo el mundo… fue brutal”; unos más recientes ya tienen elementos de posproducción, como edición y efectos, en lo que ahora forma parte de una “estrategia mediática”.
Agregó que la difusión de esas imágenes y de actos espectaculares en los medios ayuda a promover ese mensaje de inseguridad e intimidación que desea el narco, y lo logra sin pagar publicidad. Añadió que para el gobierno sería muy costosa una campaña que igualara el mensaje mediático logrado por el hampa.
Al dar un diagnóstico sobre la evolución de la lucha antinarcóticos en México en años recientes –incluidos el intento de descabezar a los cárteles y la manera en que los sicarios han ascendido a los puestos de mando, la violencia a causa de la pugnas por el poder dentro y entre las organizaciones deilictivas, el deterioro estructural de la policía, la corrupción y la forma en que México pasó de país de tránsito a uno de consumo de drogas–, García Luna explicó el “esquema integral” de la ofensiva lanzada por el gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado.
Detalló varios ejes de la estrategia, incluyendo la “alineación” de agencias y dependencias del Estado mexicano, incluido el Ejército, para ese combate; el esfuerzo de enlace y la promoción del respaldo de la sociedad –“ver al policía como aliado, no adversario”–; el desarrollo institucional a largo plazo por medio de iniciativas como la integración de 3 mil 500 universitarios a la policía federal, y la reformulación del sistema penitenciario.
También incluyó los esfuerzos de combate a la corrupción –con el fin de crear una “cultura de legalidad”–, la búsqueda de un mecanismo nacional de “certificación de policías”, así como el desarrollo de una red de información entre todos los niveles de las fuerzas de seguridad pública (nacional, estatal y municipal), creando así “un solo sistema”.
Finalmente, dijo que se elabora un sistema de indicadores sobre ese esfuerzo, ya que “si no se puede medir, no sirve”.
Acerca de la cooperación bilateral con Estados Unidos, reiteró que se basa en el concepto de “corresponsabilidad”, en el cual “cada uno hace su parte”, y dijo que es un “orgullo” que ahora se den reuniones de “tú a tú” por el nivel logrado en México.
Resaltó la necesidad, en el esfuerzo bilateral, de establecer mejores técnicas y capacidades para el control de flujo de armas norte-sur, ya que la mayoría de piezas de alto poder incautadas en México provienen de Estados Unidos.
Concluyó que es fundamental restaurar la confianza pública en las fuerzas de seguridad, ya que es imposible una policía eficaz sin respaldo social.
Presentó la evaluación ante un foro de académicos, analistas y funcionarios en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, como parte de su gira de trabajo por esta capital, que incluyó numerosas reuniones con contrapartes en toda la estructura de las agencias y secretarías de seguridad pública estadunidenses.
Identificó como objetivos del crimen organizado, a grandes rasgos, la intimidación de rivales y comunidades, el repliegue de las autoridades y la creación de una “contracultura delictiva asociada con el poder criminal”. Para lograrlo, indicó, se emplea la capacidad de fuego, la logística operacional (incluyendo el uso de tecnología de comunicación y vehículos robados), la corrupción de las fuerzas de seguridad y tácticas mediáticas.
En torno a los medios para generar una imagen de violencia y descontrol, el crimen organizado usa, sobre todo, videos, como el del primero de diciembre de 2005 de la ejecución de un adversario, que “tuvo un impacto en todo el mundo… fue brutal”; unos más recientes ya tienen elementos de posproducción, como edición y efectos, en lo que ahora forma parte de una “estrategia mediática”.
Agregó que la difusión de esas imágenes y de actos espectaculares en los medios ayuda a promover ese mensaje de inseguridad e intimidación que desea el narco, y lo logra sin pagar publicidad. Añadió que para el gobierno sería muy costosa una campaña que igualara el mensaje mediático logrado por el hampa.
Al dar un diagnóstico sobre la evolución de la lucha antinarcóticos en México en años recientes –incluidos el intento de descabezar a los cárteles y la manera en que los sicarios han ascendido a los puestos de mando, la violencia a causa de la pugnas por el poder dentro y entre las organizaciones deilictivas, el deterioro estructural de la policía, la corrupción y la forma en que México pasó de país de tránsito a uno de consumo de drogas–, García Luna explicó el “esquema integral” de la ofensiva lanzada por el gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado.
Detalló varios ejes de la estrategia, incluyendo la “alineación” de agencias y dependencias del Estado mexicano, incluido el Ejército, para ese combate; el esfuerzo de enlace y la promoción del respaldo de la sociedad –“ver al policía como aliado, no adversario”–; el desarrollo institucional a largo plazo por medio de iniciativas como la integración de 3 mil 500 universitarios a la policía federal, y la reformulación del sistema penitenciario.
También incluyó los esfuerzos de combate a la corrupción –con el fin de crear una “cultura de legalidad”–, la búsqueda de un mecanismo nacional de “certificación de policías”, así como el desarrollo de una red de información entre todos los niveles de las fuerzas de seguridad pública (nacional, estatal y municipal), creando así “un solo sistema”.
Finalmente, dijo que se elabora un sistema de indicadores sobre ese esfuerzo, ya que “si no se puede medir, no sirve”.
Acerca de la cooperación bilateral con Estados Unidos, reiteró que se basa en el concepto de “corresponsabilidad”, en el cual “cada uno hace su parte”, y dijo que es un “orgullo” que ahora se den reuniones de “tú a tú” por el nivel logrado en México.
Resaltó la necesidad, en el esfuerzo bilateral, de establecer mejores técnicas y capacidades para el control de flujo de armas norte-sur, ya que la mayoría de piezas de alto poder incautadas en México provienen de Estados Unidos.
Concluyó que es fundamental restaurar la confianza pública en las fuerzas de seguridad, ya que es imposible una policía eficaz sin respaldo social.
David Brooks, La Jornada, 1º de febrero.
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