CHILPANCINGO.- En su visita a Guerrero, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, escuchó casos de violaciones a los derechos en la región de La Montaña, represión social y desapariciones y reconoció que este estado tiene una larga historia de exclusión y pobreza.
Representantes de pueblos y organizaciones indígenas pidieron a la funcionaria canadiense intervenir ante el Presidente Felipe Calderón y el Gobernador Zeferino Torreblanca para detener la militarización de las zonas indígenas y la criminalización del movimiento social, además exigieron el respeto a sus derechos humanos.
En el municipio de Huamuxtitlán, Arbour conoció de viva voz los testimonios de los indígenas que se verían afectados por la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota; el caso de Valentina Rosendo, violada sexualmente por soldados del Ejército Mexicano en 2002; las exigencias de Metlatónoc para que en el pueblo haya un centro de salud y el caso de la esterilización forzada a un grupo de indígenas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Arbour expresó que le era difícil hacer alguna promesa por su corta estancia en México, pero que la oficina de la ONU en el país, daría un seguimiento a los casos.
Más tarde, Arbour viajó a Chilpancingo donde sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con los integrantes del Comité Coordinador de los Espacios de Análisis y Participación de Derechos Humanos. Ahí también escuchó más incidentes relacionados con la violación a las garantías individuales.
El dirigente magisterial Nicolás Chávez denunció que el Gobierno de Guerrero ha "criminalizado la lucha social" reprimiendo a las organizaciones que protestan en las calles, como el desalojo por parte de policías a egresados de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa por bloquear el Congreso local y la caseta de La Venta de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco.
"Estamos hablando de estudiantes que fueron reprimidos dos veces por las corporaciones policiacas", refirió el líder magisterial.
Javier Monroy, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) señaló que un miembro de esta asociación civil fue desaparecido el 14 de marzo del 2007 y hasta el momento nada se sabe de él.
Monroy le dijo a la Alta Comisionada que a raíz de la desaparición de su compañero, se formó un comité de secuestrados y asesinados en Guerrero.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, le dijo a la Alta Comisionada que la administración que encabeza el Gobernador Zeferino Torreblanca se esfuerza en crear entre los funcionarios públicos y en la ciudadanía, una cultura de respeto a los derechos humanos.
Al término, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunió en privado con el Gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y posteriormente se trasladó en helicóptero a Acapulco donde trasbordó un avión hacia la Ciudad de México.
Representantes de pueblos y organizaciones indígenas pidieron a la funcionaria canadiense intervenir ante el Presidente Felipe Calderón y el Gobernador Zeferino Torreblanca para detener la militarización de las zonas indígenas y la criminalización del movimiento social, además exigieron el respeto a sus derechos humanos.
En el municipio de Huamuxtitlán, Arbour conoció de viva voz los testimonios de los indígenas que se verían afectados por la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota; el caso de Valentina Rosendo, violada sexualmente por soldados del Ejército Mexicano en 2002; las exigencias de Metlatónoc para que en el pueblo haya un centro de salud y el caso de la esterilización forzada a un grupo de indígenas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Arbour expresó que le era difícil hacer alguna promesa por su corta estancia en México, pero que la oficina de la ONU en el país, daría un seguimiento a los casos.
Más tarde, Arbour viajó a Chilpancingo donde sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con los integrantes del Comité Coordinador de los Espacios de Análisis y Participación de Derechos Humanos. Ahí también escuchó más incidentes relacionados con la violación a las garantías individuales.
El dirigente magisterial Nicolás Chávez denunció que el Gobierno de Guerrero ha "criminalizado la lucha social" reprimiendo a las organizaciones que protestan en las calles, como el desalojo por parte de policías a egresados de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa por bloquear el Congreso local y la caseta de La Venta de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco.
"Estamos hablando de estudiantes que fueron reprimidos dos veces por las corporaciones policiacas", refirió el líder magisterial.
Javier Monroy, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) señaló que un miembro de esta asociación civil fue desaparecido el 14 de marzo del 2007 y hasta el momento nada se sabe de él.
Monroy le dijo a la Alta Comisionada que a raíz de la desaparición de su compañero, se formó un comité de secuestrados y asesinados en Guerrero.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, le dijo a la Alta Comisionada que la administración que encabeza el Gobernador Zeferino Torreblanca se esfuerza en crear entre los funcionarios públicos y en la ciudadanía, una cultura de respeto a los derechos humanos.
Al término, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunió en privado con el Gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y posteriormente se trasladó en helicóptero a Acapulco donde trasbordó un avión hacia la Ciudad de México.
Nota de Jesús Guerrero y Silvia Garduño, Reforma, 8 de febrero.
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