Los grupos en Chiapas de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos", señalaron que en México y en Chiapas está en marcha un proceso mediante el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales.
Esta política, agregaron, se acompaña de un discurso que apela a la legalidad y al Estado de derecho.
Uno de los signos visibles de la criminalización de la protesta social en Chiapas, consideraron, es la creación del delito de "incitación a la violencia", aprobada por el Congreso del Estado por iniciativa del Ejecutivo estatal.
Nota de María Teresa del Riego, Reforma, 8 de febrero.
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