Ante los nulos avances en las investigaciones de los feminicidios en Ciudad Juárez, de los casos de más de 500 desaparecidos de la guerra sucia y la denuncia de la criminalización de la protesta social, la titular de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Louise Arbour, aseveró: “En México el tema de la impunidad es el mayor reto que hay que enfrentar y derrotar. Es preocupante el caso de los feminicidios, donde el sistema de justicia no protege a las mujeres”.
Durante una reunión de trabajo con casi un centenar de organizaciones civiles, sociales y de defensa de los derechos humanos, donde se denunció que la reforma en materia de justicia penal que propuso el presidente Felipe Calderón es “violatoria de los derechos humanos porque eleva a rango constitucional el arraigo, permite los allanamientos sin orden judicial y crea un subsistema de excepción para las personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada”, Arbour destacó:
“Aquí, el tema fundamental es un diálogo, insistir en la necesidad de una reforma al sistema de justicia penal que realmente garantice los derechos humanos y le ponga límites a la impunidad.”
Antes, en una entrevista televisiva, la alta comisionada señaló que “la participación de militares en tareas policiales no es apropiada en el largo plazo e incluso podría ser peligrosa, ya que los soldados son entrenados para el uso excesivo de la fuerza”.
La visita de trabajo de Arbour se llevó a cabo en medio de exageradas medidas de seguridad que impedían a la prensa acercarse a la funcionaria; inclusive, por instrucción de la oficina en México del ACNUDH, personal del hotel donde se realizó la reunión corrió a un fotógrafo del lugar y amenazó a los reporteros con sacarlos del sitio, porque “ustedes no son invitados”.
A su vez, las organizaciones civiles expusieron que “hay una falta de compromiso y voluntad política del gobierno mexicano para poner un alto a las violaciones de derechos humanos, aunado a la ineficacia y parcialidad de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia; además, el aumento de la actividad de las fuerzas armadas en la vida civil, la participación de miembros del Ejército en las labores de seguridad pública, la insurgencia armada y el crimen organizado, han generado un clima de incertidumbre e inseguridad en la sociedad y ello ha contribuido a la impunidad”.
Sobre ello, la alta comisionada dijo: “Tomo con mucho interés y preocupación los temas que me han informado, y le plantearé al gobierno las preocupaciones planteadas”.
Precisó: “Me preocupa el tema del arraigo, porque son largos procesos de detención, y yo he señalado mucho esto ante los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, que son adictos a detener primero a la gente y después a investigarla; desde esa perspectiva insistiré ante el gobierno mexicano”.
Tras escuchar que en el país ha crecido la protesta social como expresión del descontento ciudadano, y que los gobiernos federal, estatales y municipales han asumido una política de represión y criminalización de la protesta, que se traduce en detenciones arbitrarias, medidas excepcionales de régimen carcelario, violaciones al debido proceso, tortura y reformas legales contrarias a los estándares internacionales de los derechos humanos, Arbour manifestó:
“Estoy preocupada por esta situación de criminalización de la protesta social; se lo señalaré al gobierno, porque una democracia siempre debe proteger los derechos de las minorías, de los sectores más desprotegidos, de los marginados y discriminados.”
Entre los temas que se trataron estuvieron el caso de las violaciones de mujeres en San Salvador Atenco, a manos de la policía; los altermundistas reprimidos en Jalisco; la violencia en Oaxaca; la situación que se vive en Tamaulipas por la presencia intensiva de militares; Pasta de Conchos, en Coahuila, y Chiapas, así como los desaparecidos de la guerra sucia, entre otros.
Más tarde, Arbour se entrevistó con la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, quien dijo que el presidente Felipe Calderón y la alta comisionada firmarán este miércoles un convenio para que la oficina de representación de la ACNUDH en México continúe sus actividades, con lo que se pretende abrir un nuevo capítulo de cooperación en la materia.
Por otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, y Louise Arbour sostuvieron una reunión de trabajo en la que el funcionario invitó al organismo multilateral a tomar parte “en la capacitación de elementos de la policía federal en materia de derechos humanos”, informó la dependencia a través de un comunicado de prensa.
La SSP federal indicó que durante el encuentro “se planteó la importancia de que en México se legitime y reglamente el uso de la fuerza policial, así como la aplicación de parámetros internacionales de capacitación sobre derechos humanos en las corporaciones policiales”.
Durante una reunión de trabajo con casi un centenar de organizaciones civiles, sociales y de defensa de los derechos humanos, donde se denunció que la reforma en materia de justicia penal que propuso el presidente Felipe Calderón es “violatoria de los derechos humanos porque eleva a rango constitucional el arraigo, permite los allanamientos sin orden judicial y crea un subsistema de excepción para las personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada”, Arbour destacó:
“Aquí, el tema fundamental es un diálogo, insistir en la necesidad de una reforma al sistema de justicia penal que realmente garantice los derechos humanos y le ponga límites a la impunidad.”
Antes, en una entrevista televisiva, la alta comisionada señaló que “la participación de militares en tareas policiales no es apropiada en el largo plazo e incluso podría ser peligrosa, ya que los soldados son entrenados para el uso excesivo de la fuerza”.
La visita de trabajo de Arbour se llevó a cabo en medio de exageradas medidas de seguridad que impedían a la prensa acercarse a la funcionaria; inclusive, por instrucción de la oficina en México del ACNUDH, personal del hotel donde se realizó la reunión corrió a un fotógrafo del lugar y amenazó a los reporteros con sacarlos del sitio, porque “ustedes no son invitados”.
A su vez, las organizaciones civiles expusieron que “hay una falta de compromiso y voluntad política del gobierno mexicano para poner un alto a las violaciones de derechos humanos, aunado a la ineficacia y parcialidad de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia; además, el aumento de la actividad de las fuerzas armadas en la vida civil, la participación de miembros del Ejército en las labores de seguridad pública, la insurgencia armada y el crimen organizado, han generado un clima de incertidumbre e inseguridad en la sociedad y ello ha contribuido a la impunidad”.
Sobre ello, la alta comisionada dijo: “Tomo con mucho interés y preocupación los temas que me han informado, y le plantearé al gobierno las preocupaciones planteadas”.
Precisó: “Me preocupa el tema del arraigo, porque son largos procesos de detención, y yo he señalado mucho esto ante los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, que son adictos a detener primero a la gente y después a investigarla; desde esa perspectiva insistiré ante el gobierno mexicano”.
Tras escuchar que en el país ha crecido la protesta social como expresión del descontento ciudadano, y que los gobiernos federal, estatales y municipales han asumido una política de represión y criminalización de la protesta, que se traduce en detenciones arbitrarias, medidas excepcionales de régimen carcelario, violaciones al debido proceso, tortura y reformas legales contrarias a los estándares internacionales de los derechos humanos, Arbour manifestó:
“Estoy preocupada por esta situación de criminalización de la protesta social; se lo señalaré al gobierno, porque una democracia siempre debe proteger los derechos de las minorías, de los sectores más desprotegidos, de los marginados y discriminados.”
Entre los temas que se trataron estuvieron el caso de las violaciones de mujeres en San Salvador Atenco, a manos de la policía; los altermundistas reprimidos en Jalisco; la violencia en Oaxaca; la situación que se vive en Tamaulipas por la presencia intensiva de militares; Pasta de Conchos, en Coahuila, y Chiapas, así como los desaparecidos de la guerra sucia, entre otros.
Más tarde, Arbour se entrevistó con la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, quien dijo que el presidente Felipe Calderón y la alta comisionada firmarán este miércoles un convenio para que la oficina de representación de la ACNUDH en México continúe sus actividades, con lo que se pretende abrir un nuevo capítulo de cooperación en la materia.
Por otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, y Louise Arbour sostuvieron una reunión de trabajo en la que el funcionario invitó al organismo multilateral a tomar parte “en la capacitación de elementos de la policía federal en materia de derechos humanos”, informó la dependencia a través de un comunicado de prensa.
La SSP federal indicó que durante el encuentro “se planteó la importancia de que en México se legitime y reglamente el uso de la fuerza policial, así como la aplicación de parámetros internacionales de capacitación sobre derechos humanos en las corporaciones policiales”.
Nota de Víctor Ballinas, La Jornada, 6 de febrero.
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