Las divisiones internas en el PAN y en el PRI frenaron en la Cámara de Diputados la aprobación de los allanamientos domiciliarios sin orden judicial, como lo pretendían imponer en el artículo 16 de la Constitución esos dos partidos y a lo que se opusieron los que integran el Frente Amplio Progresista –PRD, Convergencia y PT.
Por tratarse de una reforma constitucional, se requerían las dos terceras partes de los votos, los cuales no reunían PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza, sobre todo por que en el tricolor había alrededor de 20 diputados dispuestos a votar en contra o abstenerse y en Acción Nacional algunos consideraron ausentarse del salón de sesiones al momento de la votación.
Al ver esa situación, los coordinadores prefirieron suprimir el párrafo que decía: “La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza actual o inminente a la vida o integridad corporal de las personas…”
Derivado de esa decisión, la Cámara de Diputados acordó por 462 votos descartar definitivamente la posibilidad de que las policías ingresen a domicilios particulares sin la orden de un juez.
Seis perredistas votaron en contra: Aleida Alavez, Adrián Pedroza, Maribel Alva Olvera, Rafael Sánchez Cabrales, Francisco Sánchez Ramos y Alejandro Sánchez Camacho, y hubo dos abstenciones, Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa, y Maricela Contreras Julián, del PRD.
Las negociaciones concluyeron el lunes en la noche, cuando el priista Raúl Cervantes se reunió con el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, para convencerlo de suprimir el párrafo, a fin de que en Xicoténcatl no se quede atorada la reforma constitucional en materia de justicia.
También hubo negociaciones con el gobierno federal. Ese cabildeo corrió a cargo del jefe de la diputación priista, Emilio Gamboa, quien se reunió con el procurador Eduardo Medina Mora para explicarle la situación.
Panistas y priistas traían una sola línea de comunicación: “no es el momento para incorporar a la Constitución ese
ordenamiento”.
César Camacho, priista y presidente de la Comisión de Justicia, dijo: “la medida es intrínsicamente buena, pero eventualmente en su aplicación puede haber riesgos que en este momento no vale la pena correr y poner a la sociedad en una situación de eventual amago, alteración o afectación de sus derechos fundamentales.
“Si hay el menor asomo de riesgo, de duda o de reserva, mejor quitémoslo”, añadió.
Diódoro Carrasco, diputado por el PAN, consideró que “no es el momento más conveniente y más prudente para subir a la Constitución un ordenamiento que ya está en otro nivel, (porque) hay jurisprudencia de la Corte para ello”.
Una vez acordado por los jefes de las bancadas suprimir ese concepto, fue el panista Felipe Borrego quien lo propuso en la tribuna: “Nueva Alianza, PVEM, PRI y PAN hemos consentido, con responsabilidad, que en este momento se modifique el dictamen y se suprima el párrafo 11, el del llamado allanamiento”.
Los perredistas festejaron la decisión y a través de su coordinador, Javier González Garza, consideraron “muy importante la rectificación”, aunque para avanzar en términos de justicia, dijo, se tiene que aprobar una ley de amnistía, porque en el país todavía hay presos políticos, como los de Atenco y Oaxaca.
Ricardo Cantú Garza, del PT, sostuvo en la tribuna que su partido está de acuerdo con dotar al gobierno de mejores instrumentos jurídicos para combatir eficazmente a la delincuencia, pero aprobar el allanamiento era tanto como establecer un Estado totalitario.
La vicecoordinadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola, destacó que la reforma judicial es una prioridad en la agenda nacional. Por eso, confió en que su aprobación se traduzca en un instrumento que responda a las demandas de la sociedad y garantice los derechos y libertades de la ciudadanía.
- Claves
Devuelta al Senado
• La Cámara de Diputados devolvió al Senado la minuta y éste deberá analizar y discutir si acepta la supresión del párrafo 11 de la reforma constitucional. Si ocurre así, deberá ser aprobada por al menos 16 Congresos locales.
• La reforma establece que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo, siempre que no rebase los 40 días.
• En toda orden de cateo se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan.
• Las comunicaciones privadas son inviolables, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.
• Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares.
Por tratarse de una reforma constitucional, se requerían las dos terceras partes de los votos, los cuales no reunían PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza, sobre todo por que en el tricolor había alrededor de 20 diputados dispuestos a votar en contra o abstenerse y en Acción Nacional algunos consideraron ausentarse del salón de sesiones al momento de la votación.
Al ver esa situación, los coordinadores prefirieron suprimir el párrafo que decía: “La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza actual o inminente a la vida o integridad corporal de las personas…”
Derivado de esa decisión, la Cámara de Diputados acordó por 462 votos descartar definitivamente la posibilidad de que las policías ingresen a domicilios particulares sin la orden de un juez.
Seis perredistas votaron en contra: Aleida Alavez, Adrián Pedroza, Maribel Alva Olvera, Rafael Sánchez Cabrales, Francisco Sánchez Ramos y Alejandro Sánchez Camacho, y hubo dos abstenciones, Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa, y Maricela Contreras Julián, del PRD.
Las negociaciones concluyeron el lunes en la noche, cuando el priista Raúl Cervantes se reunió con el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, para convencerlo de suprimir el párrafo, a fin de que en Xicoténcatl no se quede atorada la reforma constitucional en materia de justicia.
También hubo negociaciones con el gobierno federal. Ese cabildeo corrió a cargo del jefe de la diputación priista, Emilio Gamboa, quien se reunió con el procurador Eduardo Medina Mora para explicarle la situación.
Panistas y priistas traían una sola línea de comunicación: “no es el momento para incorporar a la Constitución ese
ordenamiento”.
César Camacho, priista y presidente de la Comisión de Justicia, dijo: “la medida es intrínsicamente buena, pero eventualmente en su aplicación puede haber riesgos que en este momento no vale la pena correr y poner a la sociedad en una situación de eventual amago, alteración o afectación de sus derechos fundamentales.
“Si hay el menor asomo de riesgo, de duda o de reserva, mejor quitémoslo”, añadió.
Diódoro Carrasco, diputado por el PAN, consideró que “no es el momento más conveniente y más prudente para subir a la Constitución un ordenamiento que ya está en otro nivel, (porque) hay jurisprudencia de la Corte para ello”.
Una vez acordado por los jefes de las bancadas suprimir ese concepto, fue el panista Felipe Borrego quien lo propuso en la tribuna: “Nueva Alianza, PVEM, PRI y PAN hemos consentido, con responsabilidad, que en este momento se modifique el dictamen y se suprima el párrafo 11, el del llamado allanamiento”.
Los perredistas festejaron la decisión y a través de su coordinador, Javier González Garza, consideraron “muy importante la rectificación”, aunque para avanzar en términos de justicia, dijo, se tiene que aprobar una ley de amnistía, porque en el país todavía hay presos políticos, como los de Atenco y Oaxaca.
Ricardo Cantú Garza, del PT, sostuvo en la tribuna que su partido está de acuerdo con dotar al gobierno de mejores instrumentos jurídicos para combatir eficazmente a la delincuencia, pero aprobar el allanamiento era tanto como establecer un Estado totalitario.
La vicecoordinadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola, destacó que la reforma judicial es una prioridad en la agenda nacional. Por eso, confió en que su aprobación se traduzca en un instrumento que responda a las demandas de la sociedad y garantice los derechos y libertades de la ciudadanía.
- Claves
Devuelta al Senado
• La Cámara de Diputados devolvió al Senado la minuta y éste deberá analizar y discutir si acepta la supresión del párrafo 11 de la reforma constitucional. Si ocurre así, deberá ser aprobada por al menos 16 Congresos locales.
• La reforma establece que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo, siempre que no rebase los 40 días.
• En toda orden de cateo se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan.
• Las comunicaciones privadas son inviolables, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.
• Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares.
Nota de Mauricio Juárez y Fernando Damián, Milenio, 27 de febrero.
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