La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión forma parte de la agenda legislativa de las tres principales fuerzas políticas en el Senado para este periodo que recién comenzó, y la intención, según acordaron PAN, PRI y PRD, es lograr los consensos necesarios para tener lista la iniciativa.
La creación de un nuevo marco jurídico en materia de radiodifusión y telecomunicaciones es el segundo tema en importancia para la fracción del PAN que coordina Santiago Creel, antecedido sólo por la reforma energética, que en el caso de la bancada perredista forma parte de la agenda mínima a impulsar.
Integrante del grupo plural que elabora la nueva legislación, el senador perredista Carlos Sotelo consideró que en este mes se debe redactar la propuesta, ya que se escuchó en sesiones públicas a los concesionarios, las autoridades, representantes de radios indígenas y de medios públicos, a académicos y analistas. Además de ello, dijo, se cuenta con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar la llamada ley Televisa.
El plazo que la Junta de Coordinación Política del Senado fijó al grupo plural para concluir con un proyecto de ley vence este mes, y aunque podría ampliarse, insistió en que lo mejor es que los senadores se dediquen a redactar la propuesta.
Los coordinadores del PAN y el PRD, Santiago Creel y Carlos Navarrete, respectivamente, señalaron –en entrevistas por separado– que la reforma debe darse, sin importar las presiones de los concesionarios de las dos grandes cadenas de televisión.
Voces de alerta
Durante la reunión plenaria que los panistas llevaron a cabo el pasado lunes y martes en Cozumel se discutió ese tema, y algunas voces alertaron sobre el riesgo de una nueva embestida contra el Congreso, luego de la experiencia de septiembre pasado, cuando se aprobó la reforma constitucional en materia electoral, que prohibió la propaganda política pagada en radio y televisión.
Sin embargo, el acuerdo final de los panistas fue sostenerse e impulsar esa reforma en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Los senadores del PRD van también por esa vía, y Carlos Sotelo refrendó que aunque habrá inconformidad de los “fuertes intereses” afectados, “nuestra responsabilidad es modificar el marco jurídico que rige a radio y televisión, para bien del país”.
Sostuvo que en ese tenor se trabaja en el grupo plural, que en este periodo de sesiones lo presidirá un senador del PRI. “Aprecio que a una buena parte de los legisladores no nos preocupa que alguien pueda molestarse”.
Reconoció, sin embargo, que debe existir voluntad política para no alargar más las audiencias públicas y dejar que el grupo plural comience a redactar el proyecto de legislación para los medios electrónicos, el que, a su juicio, debe frenar los monopolios, establecer un nuevo régimen de concesiones, fortalecer a la radio y la televisión públicas, permitir que los indígenas operen sus propias estaciones y crear un órgano regulador realmente autónomo.
Por otra parte, en los próximos tres meses en el Senado se discutirá otra reforma que tampoco es del gusto de los concesionarios: la ley sobre derecho de réplica, que se desprende de la reforma constitucional electoral y que seguramente confrontará nuevamente al Congreso con las televisoras.
La creación de un nuevo marco jurídico en materia de radiodifusión y telecomunicaciones es el segundo tema en importancia para la fracción del PAN que coordina Santiago Creel, antecedido sólo por la reforma energética, que en el caso de la bancada perredista forma parte de la agenda mínima a impulsar.
Integrante del grupo plural que elabora la nueva legislación, el senador perredista Carlos Sotelo consideró que en este mes se debe redactar la propuesta, ya que se escuchó en sesiones públicas a los concesionarios, las autoridades, representantes de radios indígenas y de medios públicos, a académicos y analistas. Además de ello, dijo, se cuenta con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar la llamada ley Televisa.
El plazo que la Junta de Coordinación Política del Senado fijó al grupo plural para concluir con un proyecto de ley vence este mes, y aunque podría ampliarse, insistió en que lo mejor es que los senadores se dediquen a redactar la propuesta.
Los coordinadores del PAN y el PRD, Santiago Creel y Carlos Navarrete, respectivamente, señalaron –en entrevistas por separado– que la reforma debe darse, sin importar las presiones de los concesionarios de las dos grandes cadenas de televisión.
Voces de alerta
Durante la reunión plenaria que los panistas llevaron a cabo el pasado lunes y martes en Cozumel se discutió ese tema, y algunas voces alertaron sobre el riesgo de una nueva embestida contra el Congreso, luego de la experiencia de septiembre pasado, cuando se aprobó la reforma constitucional en materia electoral, que prohibió la propaganda política pagada en radio y televisión.
Sin embargo, el acuerdo final de los panistas fue sostenerse e impulsar esa reforma en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Los senadores del PRD van también por esa vía, y Carlos Sotelo refrendó que aunque habrá inconformidad de los “fuertes intereses” afectados, “nuestra responsabilidad es modificar el marco jurídico que rige a radio y televisión, para bien del país”.
Sostuvo que en ese tenor se trabaja en el grupo plural, que en este periodo de sesiones lo presidirá un senador del PRI. “Aprecio que a una buena parte de los legisladores no nos preocupa que alguien pueda molestarse”.
Reconoció, sin embargo, que debe existir voluntad política para no alargar más las audiencias públicas y dejar que el grupo plural comience a redactar el proyecto de legislación para los medios electrónicos, el que, a su juicio, debe frenar los monopolios, establecer un nuevo régimen de concesiones, fortalecer a la radio y la televisión públicas, permitir que los indígenas operen sus propias estaciones y crear un órgano regulador realmente autónomo.
Por otra parte, en los próximos tres meses en el Senado se discutirá otra reforma que tampoco es del gusto de los concesionarios: la ley sobre derecho de réplica, que se desprende de la reforma constitucional electoral y que seguramente confrontará nuevamente al Congreso con las televisoras.
Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 3 de febrero.
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