Frente a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el presidente Felipe Calderón defendió la participación “subsidiaria” de las fuerzas armadas en la lucha contra la criminalidad, aunque ofreció que será “cada vez más esporádica” siempre y cuando diversos sectores apoyen la depuración y modernización de los cuerpos policiacos.
La canadiense, quien además fue fiscal en los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, mandó un claro mensaje a México, pues dijo que espera ver que los principios externos de derechos humanos suscritos por este país estén plenamente reflejados en su Constitución, sus legislaciones federal y estatales y en la práctica cotidiana de todos los funcionarios.
Al considerar que las iniciativas para reformar el sistema penal “son muy importantes”, Arbour indicó que deben igualmente recoger las legítimas aspiraciones del pueblo en el sentido de que las instituciones democráticas proveerán justicia en una sociedad realmente basada en el estado de derecho.
Durante su estancia en Los Pinos, la alta comisionada suscribió con la canciller Patricia Espinosa Cantellano un acuerdo para que la oficina de la ONU continúe sus actividades en el país. En ese contexto destacó el papel de “liderazgo” que ha asumido México en el Consejo de Derechos Humanos, particularmente mientras ejerció su presidencia, y declaró estar “muy alentada” por la determinación expresada por el Presidente mexicano en promover los estándares más altos en esta materia.
Calderón buscó responder a los diversos cuestionamientos hechos en estos días por Arbour y por organizaciones civiles sobre la situación de los derechos humanos en México. De entrada, intentó justificar la participación del Ejército en labores policiales, cuando afirmó que su gobierno está decidido a garantizar la seguridad de los mexicanos y dijo que no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado, cuyas acciones han segado la vida de cientos de inocentes, policías, soldados y marinos.
Puso de ejemplo al coronel de infantería Fortino Castillo León, comandante del 90 Batallón de Infantería, que fue asesinado “de manera artera” en Apatzingán, Michoacán, y a cuyos familiares envió condolencias porque –dijo– es una valiosa vida que pierde la patria en defensa de la seguridad de los mexicanos.
Aseveró que así como las fuerzas armadas tienen por instrucción del Presidente el compromiso y la convicción propia de cumplir su labor con absoluto respeto a los derechos humanos, también cuentan con el apoyo del gobierno y de la sociedad en el cumplimiento de su deber constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país y de colaborar en la patriótica labor de preservar la seguridad de las familias.
Declaró que es indispensable contar con el apoyo del Congreso, de la sociedad civil, de los gobernadores y presidentes municipales para modernizar, depurar y fortalecer los cuerpos policiacos y el Ministerio Público en todo el país, a fin de que el apoyo institucional de las fuerzas armadas en la lucha contra la criminalidad sea cada vez menos necesario.
Debemos recordar, añadió, que garantizar la seguridad pública es una función esencial del Estado, que toda autoridad comprometida con los derechos fundamentales debe asumir plenamente su tarea de proteger la seguridad de los ciudadanos, y que la participación del Ejército es una labor subsidiaria que en la medida en que avance, precisamente, la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica.
Argumentó que además en la Secretaría de la Defensa Nacional se creó “la muy importante” Dirección General de Derechos Humanos, que se suma a todas las áreas especializadas en la materia que ya existen en el gobierno federal.
El michoacano aprovechó el foro para intentar responder a las reiteradas críticas por la falta de solución a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y señaló que ya se instaló el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres y recientemente fue nombrada la nueva fiscal en este ámbito, María Guadalupe Morfín.
También destacó el trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, encabezada por Luis H. Alvarez, así como un programa de promoción de convenios de justicia y la edición del libro La vigencia de los derechos indígenas en México.
Como parte de estas acciones, Calderón resaltó además que su gobierno apoya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular, José Luis Soberanes, estuvo ausente del acto.
Al final, el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, se manifestó por “disminuir al máximo” la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. “Quisiera creer que el mandato tiene que ver con una disminución contundente, acelerada y paulatina; la función de la seguridad pública no corresponde a las fuerzas armadas; eso está inclusive en el marco de los estándares de Naciones Unidas.”
La canadiense, quien además fue fiscal en los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, mandó un claro mensaje a México, pues dijo que espera ver que los principios externos de derechos humanos suscritos por este país estén plenamente reflejados en su Constitución, sus legislaciones federal y estatales y en la práctica cotidiana de todos los funcionarios.
Al considerar que las iniciativas para reformar el sistema penal “son muy importantes”, Arbour indicó que deben igualmente recoger las legítimas aspiraciones del pueblo en el sentido de que las instituciones democráticas proveerán justicia en una sociedad realmente basada en el estado de derecho.
Durante su estancia en Los Pinos, la alta comisionada suscribió con la canciller Patricia Espinosa Cantellano un acuerdo para que la oficina de la ONU continúe sus actividades en el país. En ese contexto destacó el papel de “liderazgo” que ha asumido México en el Consejo de Derechos Humanos, particularmente mientras ejerció su presidencia, y declaró estar “muy alentada” por la determinación expresada por el Presidente mexicano en promover los estándares más altos en esta materia.
Calderón buscó responder a los diversos cuestionamientos hechos en estos días por Arbour y por organizaciones civiles sobre la situación de los derechos humanos en México. De entrada, intentó justificar la participación del Ejército en labores policiales, cuando afirmó que su gobierno está decidido a garantizar la seguridad de los mexicanos y dijo que no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado, cuyas acciones han segado la vida de cientos de inocentes, policías, soldados y marinos.
Puso de ejemplo al coronel de infantería Fortino Castillo León, comandante del 90 Batallón de Infantería, que fue asesinado “de manera artera” en Apatzingán, Michoacán, y a cuyos familiares envió condolencias porque –dijo– es una valiosa vida que pierde la patria en defensa de la seguridad de los mexicanos.
Aseveró que así como las fuerzas armadas tienen por instrucción del Presidente el compromiso y la convicción propia de cumplir su labor con absoluto respeto a los derechos humanos, también cuentan con el apoyo del gobierno y de la sociedad en el cumplimiento de su deber constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país y de colaborar en la patriótica labor de preservar la seguridad de las familias.
Declaró que es indispensable contar con el apoyo del Congreso, de la sociedad civil, de los gobernadores y presidentes municipales para modernizar, depurar y fortalecer los cuerpos policiacos y el Ministerio Público en todo el país, a fin de que el apoyo institucional de las fuerzas armadas en la lucha contra la criminalidad sea cada vez menos necesario.
Debemos recordar, añadió, que garantizar la seguridad pública es una función esencial del Estado, que toda autoridad comprometida con los derechos fundamentales debe asumir plenamente su tarea de proteger la seguridad de los ciudadanos, y que la participación del Ejército es una labor subsidiaria que en la medida en que avance, precisamente, la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica.
Argumentó que además en la Secretaría de la Defensa Nacional se creó “la muy importante” Dirección General de Derechos Humanos, que se suma a todas las áreas especializadas en la materia que ya existen en el gobierno federal.
El michoacano aprovechó el foro para intentar responder a las reiteradas críticas por la falta de solución a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y señaló que ya se instaló el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres y recientemente fue nombrada la nueva fiscal en este ámbito, María Guadalupe Morfín.
También destacó el trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, encabezada por Luis H. Alvarez, así como un programa de promoción de convenios de justicia y la edición del libro La vigencia de los derechos indígenas en México.
Como parte de estas acciones, Calderón resaltó además que su gobierno apoya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular, José Luis Soberanes, estuvo ausente del acto.
Al final, el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, se manifestó por “disminuir al máximo” la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. “Quisiera creer que el mandato tiene que ver con una disminución contundente, acelerada y paulatina; la función de la seguridad pública no corresponde a las fuerzas armadas; eso está inclusive en el marco de los estándares de Naciones Unidas.”
Nota de Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 7 de febrero.
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