Si el Ejército hace funciones policiacas debe estar bajo vigilancia civil: Arbour

La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, aseveró ayer en una reunión con senadores que “si el Ejército Mexicano lleva a cabo funciones civiles o policiacas, debe estar bajo vigilancia de una autoridad civil”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia de Xicoténcatl, el panista Alejandro González Alcocer, señaló a la funcionaria que “no siempre los países pueden estar cumpliendo al ciento por ciento con los convenios internacionales”, debido a las condiciones y características propias de cada nación. “Recurrimos a las fuerzas armadas (en la lucha contra el crimen organizado) porque no nos queda de otra; no es lo deseable, todo mundo lo sabe; el Ejército Mexicano no está hecho para pelear contra la delincuencia, pero por la descomposición de las fuerzas policiacas hemos tenido que recurrir a él”.

En su respuesta al senador blanquiazul, Arbour dijo: “No voy a juzgar la sabiduría de tener ese recurso o haber llegado a esta ayuda del Ejército; creo que depende de todos nosotros reflejar las consecuencias de este tipo de actividades y para hablar de forma colectiva y fuertemente necesitamos iniciativas de seguridad bajo el estado de derecho. Los militares tienen sus operaciones, prácticas de protección a veces no adecuadas para ciertas áreas urbanas muy grandes donde los civiles se comportan de manera muy errática; hay muchas razones por las cuales yo creo que debemos tener mucho cuidado al utilizar este recurso”.

“Los derechos humanos no son adversarios de la seguridad”
Agregó: “Quiero enfatizar que rechazo totalmente cualquier sugerencia de que los derechos humanos son lo opuesto y un adversario a la seguridad. El derecho a la vida es fundamental; también a la libertad de la persona; la obligación primordial de un Estado es proveer o dar seguridad y voy a ser clara, no solamente de sus ciudadanos sino de todos aquellos que están bajo su jurisdicción, autoridad o control”.

A su vez, la senadora del Partido Acción Nacional Adriana González Carrillo inquirió a la alta comisionada sobre la no participación de México en las operaciones de mantenimiento de paz en todos sus niveles. Sobre ello, la funcionaria dijo: “No tengo nada que decir porque no conozco, no sé cuáles son los antecedentes y cómo se pensó en México al respecto, pero les puedo asegurar que las Naciones Unidas necesitan desesperadamente contribuciones para sus tropas –para mantener la paz–, no hay duda alguna”.

Por su parte, el senador del Partido de la Revolución Democrática Pablo Gómez le manifestó que algunas organizaciones no gubernamentales consideran que en México podría haber unos 500 “presos políticos”, aunque otras aseguran que son más. También cuestionó el discurso del gobierno mexicano sobre migrantes porque, explicó, hay consenso para defender a los mexicanos que se encuentran indocumentados en Estados Unidos, pero no lo hay para defender a los centroamericanos que cruzan México para llegar a ese país.

México, país de origen y de destino para migrantes
En su respuesta al legislador perredista Albour expresó: “Ustedes comprenderán que no estoy en posición para comentar sobre el tema de los prisioneros políticos en México, si los hay o no los hay. Este es un debate que tienen que llevar a cabo entre los mexicanos”.

En cuanto a los migrantes, la alta comisionada dijo que “México tiene experiencias cotidianas tanto como país de origen como de tránsito, de destino. Y la contribución que puede y yo digo que debe hacer es inyectar un componente de derechos humanos a las políticas internacionales sobre migración.

En su turno, la senadora del PRD Rosario Ibarra de Piedra dijo que en el país continúan las desapariciones forzadas de personas y se criminalizan la protesta y la rebeldía sociales.

Sobre el particular, Louise Arbour apuntó: “Continúa esa práctica de desaparición de personas; a la ONU no le interesa el volumen, ya que uno solo merece la movilización de la comunidad internacional” para su localización.

Ante los senadores, la alta comisionada refrendó su compromiso para impulsar la reforma que pretende elevar a rango constitucional los derechos humanos, y ofreció la colaboración de su oficina en México para brindar orientación y dar a conocer las experiencias de otros países, a fin de que se logre contar con la mejor legislación en esta materia.

Reunión de la funcionaria con ministros de la SCJN
Por otra parte, durante una comida que le ofrecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la funcionaria canadiense señaló que “día con día” aumentan los casos relativos a la violación de los derechos sociales que deben ser resueltos por la justicia.

En ese encuentro, Arbour estuvo acompañada por el representante permanente de la ONU en México, Amerigo Incalcaterra. La funcionaria comentó que en el pasado se desempeñó como ministra de la Suprema Corte de Canadá, por lo que tuvo conocimiento del creciente número de asuntos que tienen que ver con los derechos sociales, así como la defensa y protección de los derechos humanos.

A su vez, el ministro presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, sostuvo que para el Poder Judicial de la Federación los asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos son “una prioridad”.

Añadió que existe el compromiso de los juzgadores federales de defender la supremacía constitucional y la vigencia de las garantías individuales.

Nota de Víctor Ballinas, Andrea Becerril y Jesús Aranda, La Jornada, 7 de febrero.