La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, pidió al gobierno mexicano que asuma el compromiso de combatir con toda energía los feminicidios, los asesinatos de periodistas, las redes de pornografía y pederastia, como lo está haciendo con el narcotráfico, “es decir, con todos los esfuerzos, porque eso es lo que pide la gente”.
En conferencia de prensa efectuada al concluir su visita de trabajo a México, Arbour subrayó: “El gobierno debe invertir para reconstruir el sistema civil de aplicación de la ley. Tiene que destinar importantes recursos –todos los que sean necesarios– para fortalecer las instituciones civiles y combatir la corrupción que existe en las corporaciones policiacas, por lo que éstas no pueden hacer frente a la delincuencia organizada”.
La alta comisionada, quien permaneció cuatro días en el país y escuchó numerosos testimonios de violaciones a derechos humanos, destacó que “el gobierno tiene que invertir recursos para reconstruir el sistema de justicia civil, mejorar la capacitación de los policías y el sistema judicial. Es necesario que realice inversiones para cerciorarse de que el cumplimiento de la ley se da en México”.
Arbour, quien se reunió esta semana con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y con los titulares de Seguridad Pública y Defensa Nacional, así como con el Presidente de la República y el de la Corte, acusó:
“Los militares han cometido violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado –violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos– que deben ser investigadas por la justicia civil. Los abusos perpetrados por militares tienen que ser atendidos por tribunales civiles y no sólo por la disciplina del Ejército”.
Advirtió que el uso de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado “puede generar mayor violencia y provocar que civiles inocentes salgan afectados o pierdan la vida, particularmente cuando los militares utilizan la fuerza para confrontarse con grupos fuertemente armados, lo que lleva a tipos letales de confrontación. Considero que la guerra contra las drogas, si es que existe tal, o la guerra contra el crimen organizado, estas llamadas guerras tienen que ganarse no en las calles, sino en los tribunales”.
Luego abundó que el peligro “es que haya una escalada, un aumento de las acciones violentas –del Ejército y el crimen organizado–, algunas de las cuales pueden presentarse en áreas pobladas por civiles, en las cuales personas inocentes accidentalmente pueden ser convertidas en víctimas de las confrontaciones armadas tan robustas; esto es un peligro y el Ejército debe estar atento a ello”.
Enseguida, ante los insistentes cuestionamientos por la participación de militares en violaciones a derechos humanos que han cometido en el desarrollo de sus tareas, Arbour sostuvo:
“Debe recordarse al Ejército la prohibición estricta a los asesinatos o muertes de civiles. En principio, debe arrestarse a los responsables, a los acusados, para que se les siga juicio y se determine su responsabilidad o culpabilidad. Uno tiene que asegurar que el Ejército entienda que el uso de la fuerza tiene que estar diseñado para activar un proceso judicial, no para realizar o aplicar una fuerza extraordinaria; no puede llegarse a sacrificios o asesinatos extrajudiciales.
“El Estado, que tiene el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza, tiene que estar muy consciente de los límites y las fronteras que tienen que aplicarse en estas operaciones.”
Luego, la alta comisionada –quien fue fiscal en jefe de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda– destacó que “he visto y escuchado que la situación de los derechos humanos en el ámbito nacional plantea persistentes preocupaciones en varias áreas. Entre los principales temas que se me presentaron estuvo el de militares que toman parte en actividades destinadas a hacer cumplir la ley. Quiero enfatizar que la primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física.
“Es una situación de serios desafíos a la autoridad del Estado por parte de organizaciones fuertemente armadas (crimen organizado), y de severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, donde se advierte una corrupción extendida. Reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad de proteger” a la sociedad.
Insistió en que “la utilización de militares en tareas civiles continúa siendo problemática y es fundamentalmente inapropiada por su capacitación, filosofía, equipamiento y las perspectivas de hacer cumplir la ley”.
La alta comisionada indicó que otro tema clave para México es la reforma de la Constitución y del sistema de justicia penal: “Hago un llamado al gobierno y a los legisladores para que aseguren que las normas de derechos humanos adoptadas y firmadas por México en los tratados que ha ratificado el país, reciban rango constitucional y sean aplicadas como ley suprema en los procesos que se llevan ante los tribunales”.
Arbour también se refirió “a las crecientes limitaciones a las libertades de expresión y de reunión. La concentración de los poderes de los medios de comunicación en pocas manos sugiere intensamente la necesidad de un mayor pluralismo y una mayor protección de la diversidad de opiniones, necesaria en una saludable sociedad democrática”.
Por otro lado, hizo notar que los asesinatos y abusos no resueltos contra periodistas contribuyen a un clima de impunidad que afecta el derecho de la libre expresión. Subrayó que hacen falta espacios genuinos para la expresión de la protesta social y de los disensos de la sociedad civil.
Además, señaló que en el caso de la confrontación de los medios masivos de comunicación “debo decir lo siguiente: en una sociedad democrática, le toca al gobierno asegurar que haya un campo de juego parejo para la sociedad. No tengo una receta para México, pero claramente tiene que haber una situación igualitaria, un gran espacio para el pluralismo, para la libertad de expresión y el papel del gobierno es asegurar que haya esto”.
En conferencia de prensa efectuada al concluir su visita de trabajo a México, Arbour subrayó: “El gobierno debe invertir para reconstruir el sistema civil de aplicación de la ley. Tiene que destinar importantes recursos –todos los que sean necesarios– para fortalecer las instituciones civiles y combatir la corrupción que existe en las corporaciones policiacas, por lo que éstas no pueden hacer frente a la delincuencia organizada”.
La alta comisionada, quien permaneció cuatro días en el país y escuchó numerosos testimonios de violaciones a derechos humanos, destacó que “el gobierno tiene que invertir recursos para reconstruir el sistema de justicia civil, mejorar la capacitación de los policías y el sistema judicial. Es necesario que realice inversiones para cerciorarse de que el cumplimiento de la ley se da en México”.
Arbour, quien se reunió esta semana con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y con los titulares de Seguridad Pública y Defensa Nacional, así como con el Presidente de la República y el de la Corte, acusó:
“Los militares han cometido violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado –violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos– que deben ser investigadas por la justicia civil. Los abusos perpetrados por militares tienen que ser atendidos por tribunales civiles y no sólo por la disciplina del Ejército”.
Advirtió que el uso de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado “puede generar mayor violencia y provocar que civiles inocentes salgan afectados o pierdan la vida, particularmente cuando los militares utilizan la fuerza para confrontarse con grupos fuertemente armados, lo que lleva a tipos letales de confrontación. Considero que la guerra contra las drogas, si es que existe tal, o la guerra contra el crimen organizado, estas llamadas guerras tienen que ganarse no en las calles, sino en los tribunales”.
Luego abundó que el peligro “es que haya una escalada, un aumento de las acciones violentas –del Ejército y el crimen organizado–, algunas de las cuales pueden presentarse en áreas pobladas por civiles, en las cuales personas inocentes accidentalmente pueden ser convertidas en víctimas de las confrontaciones armadas tan robustas; esto es un peligro y el Ejército debe estar atento a ello”.
Enseguida, ante los insistentes cuestionamientos por la participación de militares en violaciones a derechos humanos que han cometido en el desarrollo de sus tareas, Arbour sostuvo:
“Debe recordarse al Ejército la prohibición estricta a los asesinatos o muertes de civiles. En principio, debe arrestarse a los responsables, a los acusados, para que se les siga juicio y se determine su responsabilidad o culpabilidad. Uno tiene que asegurar que el Ejército entienda que el uso de la fuerza tiene que estar diseñado para activar un proceso judicial, no para realizar o aplicar una fuerza extraordinaria; no puede llegarse a sacrificios o asesinatos extrajudiciales.
“El Estado, que tiene el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza, tiene que estar muy consciente de los límites y las fronteras que tienen que aplicarse en estas operaciones.”
Luego, la alta comisionada –quien fue fiscal en jefe de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda– destacó que “he visto y escuchado que la situación de los derechos humanos en el ámbito nacional plantea persistentes preocupaciones en varias áreas. Entre los principales temas que se me presentaron estuvo el de militares que toman parte en actividades destinadas a hacer cumplir la ley. Quiero enfatizar que la primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física.
“Es una situación de serios desafíos a la autoridad del Estado por parte de organizaciones fuertemente armadas (crimen organizado), y de severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, donde se advierte una corrupción extendida. Reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad de proteger” a la sociedad.
Insistió en que “la utilización de militares en tareas civiles continúa siendo problemática y es fundamentalmente inapropiada por su capacitación, filosofía, equipamiento y las perspectivas de hacer cumplir la ley”.
La alta comisionada indicó que otro tema clave para México es la reforma de la Constitución y del sistema de justicia penal: “Hago un llamado al gobierno y a los legisladores para que aseguren que las normas de derechos humanos adoptadas y firmadas por México en los tratados que ha ratificado el país, reciban rango constitucional y sean aplicadas como ley suprema en los procesos que se llevan ante los tribunales”.
Arbour también se refirió “a las crecientes limitaciones a las libertades de expresión y de reunión. La concentración de los poderes de los medios de comunicación en pocas manos sugiere intensamente la necesidad de un mayor pluralismo y una mayor protección de la diversidad de opiniones, necesaria en una saludable sociedad democrática”.
Por otro lado, hizo notar que los asesinatos y abusos no resueltos contra periodistas contribuyen a un clima de impunidad que afecta el derecho de la libre expresión. Subrayó que hacen falta espacios genuinos para la expresión de la protesta social y de los disensos de la sociedad civil.
Además, señaló que en el caso de la confrontación de los medios masivos de comunicación “debo decir lo siguiente: en una sociedad democrática, le toca al gobierno asegurar que haya un campo de juego parejo para la sociedad. No tengo una receta para México, pero claramente tiene que haber una situación igualitaria, un gran espacio para el pluralismo, para la libertad de expresión y el papel del gobierno es asegurar que haya esto”.
Nota de Víctor Ballinas, La Jornada, 9 de febrero.
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