Pasó la reforma judicial, pero no cateos sorpresa

Tras dos semanas de discrepancias partidistas que preveían una reforma judicial combatible en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados, con respaldo de las de Nueva Alianza y del Verde Ecologista, dieron marcha atrás a la pretensión de aprobar la legalidad del allanamiento de morada; además, el pleno camaral dejó intocado el secreto bancario.

Por mayoría calificada de 462 votos a favor, seis en contra (de diputados del PRD) y dos abstenciones, el pleno de la Cámara baja aprobó la minuta de proyecto de decreto Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, conocida como reforma judicial, con la supresión del párrafo onceavo del artículo 16 constitucional, que señalaba:

"La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente".

En la misma votación, el pleno aprobó otra supresión, ésta aplicada en el Senado de la República, al párrafo décimo del mismo artículo constitucional, que otorgaba manga ancha al procurador General de la República, en materia del secreto bancario, a saber:

"En los casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación, autorizado en cada caso por el Procurador General de la República, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquélla que por ley tenga carácter reservado o confidencial, cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito".

Así, después de una semana de impasse en torno al destino de la reforma judicial, que las fracciones del PRD, PT y Convergencia —integrantes del FAP— había advertido combatirían por la vía del recurso de inconstitucionalidad en la Corte, los coordinadores de PRI y del PAN, Emilio Gamboa y Héctor Larios, respectivamente, concretaron ayer el acuerdo asumido el fin de semana para retirar el párrafo de las discrepancias.

Al concluir la votación del pleno, en el que los perredistas Maribel Alba Olvera, Aleida Alavez, Adrián Pedroza, Rafael Sánchez, Francisco Sánchez Ramos y Alejandro Sánchez Camacho, votaron en contra y las legisladoras Marisela Contreras, perredista, y la alternativa Elsa de Guadalupe Conde se abstuvieron, la presidenta Ruth Zavaleta, a nombre de la Mesa Directiva reconoció a los que impulsaron "esta importante reforma".

LA RUTA. La minuta del dictamen aprobado ayer con la supresión del párrafo undécimo del artículo 16 constitucional, más el décimo que había sido enmendado en el Senado, fue turnada a la Cámara alta para efecto de ser discutida y, de proceder, aprobada en sus términos.
Luego correrá el procesamiento legislativo de una reforma constitucional, consistente en ser remitida a los 31 congresos locales, incluso a la ALDF —para su conocimiento, porque carece de atribuciones de Congreso—, para ser votada.

Se requiere la votación simple de la mita más uno de los congresos estatales para remitirla a la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, donde se hará la declaratoria de aprobación mayoritaria. Después, se turna al Ejecutivo federal a efecto de que éste publique el decreto correspondiente, con la referencia de que entrará en vigor un día después de publicado en el Diario Oficial de la Federación.

POSICIONAMIENTOS. La minuta que el jueves de la semana pasada se turnó en primera lectura en el pleno camaral, fue sometida ayer —con los cambios habidos en el párrafo undécimo del 16 constitucional— a discusión, pero toda vez que la enmienda objeto del procedimiento había sido retirada, sólo hubo posicionamientos de las diferentes bancadas legislativas.
El diputado panista Felipe Borrego Estrada fue el encargado de presentar la propuesta consensuada entre las bancadas del PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza, con las modificaciones hechas al dictamen.

La minuta de la reforma aprobada en diciembre del año pasado por la Cámara de Diputados, turnada luego al Senado fue sometida a dos cambios por esta colegisladora, aunque el párrafo que generó polémica y un vasto rechazo social, prácticamente había quedado sin variación de fondo.

Y es que en el Senado sólo se suprimió el párrafo décimo del artículo 16 constitucional, que también generó polémica porque entrañaba otorgar manga ancha al procurador General de la República para violentar, en especial, el secreto bancario.

Pero, una vez que este punto había sido enmendado en la Cámara alta, en la baja el debate y las discrepancias se centraron en el párrafo relativo al allanamiento de morada sin orden judicial, que en particular había sido rechazado por una amplia mayoría de legisladores.

Nota de Moisés Sánchez Limón, Crónica, 27 de febrero.