La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, exhortó ayer a la Cámara de Diputados a encontrar un balance en la aplicación de leyes sobre seguridad pública.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) externó a la funcionaria de la ONU su preocupación por las posibles consecuencias de las reformas en materia de justicia.
"En una democracia, los parlamentarios tienen la obligación fundamental y solemne de encontrar el balance adecuado entre nuestro deseo de estar seguros y nuestro deseo de ser libres.
"No se puede sacrificar un deseo sobre el otro", advirtió Arbour durante la reunión que sostuvo con integrantes de las comisiones de Justicia, Relaciones Exteriores y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En su segundo día de visita en México, la Alta Comisionada externó que el sistema de justicia criminal mexicano debe ser accesible, visible, transparente y no demasiado lento.
"Creo que la dirección que ustedes han tomado, puede tomar un tiempo muy largo para que se implemente en su totalidad", consideró.
Arbour también llamó a traducir los compromisos internacionales que ha firmado México en protección constitucional y asumir un liderazgo en la promoción y protección de las garantías individuales de los migrantes.
"Los exhorto firmemente a continuar moviéndose en esa dirección, es decir, incorporar a nivel de protección constitucional la obligación que México ha emprendido al ratificar tratados", señaló.
En sus intervención, César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, habló de los beneficios en derechos humanos que conllevan las reformas al sistema de justicia, tales como la presunción de la inocencia; el respeto a los derechos del indiciado y la víctima; los juicios orales, entre otros.
Más tarde, la Alta Comisionada de la ONU se reunió con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien planteó los cuestionamientos hacia la reforma penal.
De acuerdo con un comunicado, el ombudsman nacional criticó la posibilidad de que se permita efectuar cateos y allanamientos en casas habitación, sin necesidad de la correspondiente orden judicial.
También planteó que la participación directa de personal militar en operaciones de seguridad pública debe ser temporal y manifestó que asumir una creciente presencia militar en las calles o tener que aceptar una mayor inseguridad es una disyuntiva falsa.
Asimismo, insistió en que persiste la falta de interés de diversas autoridades en el fortalecimiento de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de todo el país.
Según la CNDH, Arbour se mostró interesada por la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, encomendado a la CNDH.
La Alta Comisionada ofreció su apoyo para que México avance en la legislación en materia de justicia.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) externó a la funcionaria de la ONU su preocupación por las posibles consecuencias de las reformas en materia de justicia.
"En una democracia, los parlamentarios tienen la obligación fundamental y solemne de encontrar el balance adecuado entre nuestro deseo de estar seguros y nuestro deseo de ser libres.
"No se puede sacrificar un deseo sobre el otro", advirtió Arbour durante la reunión que sostuvo con integrantes de las comisiones de Justicia, Relaciones Exteriores y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En su segundo día de visita en México, la Alta Comisionada externó que el sistema de justicia criminal mexicano debe ser accesible, visible, transparente y no demasiado lento.
"Creo que la dirección que ustedes han tomado, puede tomar un tiempo muy largo para que se implemente en su totalidad", consideró.
Arbour también llamó a traducir los compromisos internacionales que ha firmado México en protección constitucional y asumir un liderazgo en la promoción y protección de las garantías individuales de los migrantes.
"Los exhorto firmemente a continuar moviéndose en esa dirección, es decir, incorporar a nivel de protección constitucional la obligación que México ha emprendido al ratificar tratados", señaló.
En sus intervención, César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, habló de los beneficios en derechos humanos que conllevan las reformas al sistema de justicia, tales como la presunción de la inocencia; el respeto a los derechos del indiciado y la víctima; los juicios orales, entre otros.
Más tarde, la Alta Comisionada de la ONU se reunió con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien planteó los cuestionamientos hacia la reforma penal.
De acuerdo con un comunicado, el ombudsman nacional criticó la posibilidad de que se permita efectuar cateos y allanamientos en casas habitación, sin necesidad de la correspondiente orden judicial.
También planteó que la participación directa de personal militar en operaciones de seguridad pública debe ser temporal y manifestó que asumir una creciente presencia militar en las calles o tener que aceptar una mayor inseguridad es una disyuntiva falsa.
Asimismo, insistió en que persiste la falta de interés de diversas autoridades en el fortalecimiento de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de todo el país.
Según la CNDH, Arbour se mostró interesada por la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, encomendado a la CNDH.
La Alta Comisionada ofreció su apoyo para que México avance en la legislación en materia de justicia.
Nota de Silvia Garduño, Reforma, 8 de febrero.
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