Los doce comentarios que presentamos a continuación, 9.02% de los 133 sistematizados, se concentran en la posible influencia que tendría Estados Unidos en la propuesta de reforma de justicia. Una parte de estos comentarios se concentra en la Iniciativa Mérida, mientras que otra lo hace en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte (ASPAN).
La bárbara decisión de los diputados, que no puede entenderse más que como un acto de irresponsabilidad o de sumisión a las pretensiones delirantes del gobierno de George W. Bush, pretende cancelar derechos que constituyen conquistas históricas de la humanidad, y que se han consagrado desde la Carta Magna inglesa del rey Juan, de 1215, hasta innumerables tratados, convenios y pactos internacionales suscritos por México
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de diciembre.
Bajo la batuta del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el régimen derechista de Felipe Calderón viene impulsando una serie de cambios en la normatividad constitucional sobre seguridad interna, que se encaminan hacia la conformación de un Estado cliente autoritario de nuevo tipo. La más reciente acción es la contrarreforma en materia de justicia y seguridad pública, actualmente en fase parlamentaria, cuya finalidad es construir una legalidad que justifique el accionar represivo del Estado contra la disidencia política y social, acorde con los lineamientos de Washington en la materia.
Con la excusa de la “guerra” al crimen organizado y el narcotráfico, y en abierta complicidad con Estados
Carlos Fazio, La Jornada, 17 de diciembre.
El Plan México, que supone el dominio por parte de empresas trasnacionales de recursos básicos de nuestro país, y en particular de los energéticos, y el control permanente de agencias estadunidenses del territorio mexicano con el argumento de que Estados Unidos se encuentra en guerra contra el terrorismo internacional, requiere, en la visión totalitaria de los republicanos estadunidenses, un control absoluto de las fronteras, los puertos, el espacio aéreo y el mar territorial de México, pero también de las personas; de ahí la pretensión de instaurar aquí mecanismos de control como los que de hecho mantienen en sus dos guerras en Asia: tanto en Afganistán como en Irak
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de diciembre.
Unidos, el calderonismo y la “clase política” conservadora están conduciendo al país hacia un Estado de excepción permanente. La imposición de leyes con implicaciones supranacionales al gusto de Washington, que suprimen de facto las distinciones entre los métodos de presión no violentos y los violentos y entre la violencia preventiva y la represiva, e identifica a priori a todos los ciudadanos como “enemigos” o “sospechosos” (ley antiterrorista, arraigos, cateos y allanamientos sin orden judicial, incomunicación de detenidos, intervención de teléfonos y correos electrónicos y otras medidas en camino), está contenida de manera subrepticia en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y sigue los lineamientos de la Ley Patriótica que llevó a una concentración extraordinaria de poderes en el Ejecutivo estadunidense, con impactos en los fundamentos constitucionales de las ramas judicial y legislativa y en relación con las garantías y libertades individuales.
Carlos Fazio, La Jornada, 17 de diciembre.
El arraigo judicial queda elevado a rango constitucional “exclusivamente para casos de delincuencia organizada”, con la cual el juez fijará el lugar y las condiciones de su ejecución. El procurador general de la República y el Ministerio Público podrán violar el secreto bancario y acceder de forma inmediata a información clasificada o confidencial en materia fiscal, bursátil, electoral, financiera y fiduciaria cuando se trate de investigaciones contra la delincuencia organizada.
Esas y otras disposiciones constitucionales, que pronto pasarán a ser parte del Código Penal Federal, hacen preguntarse si los criterios de los congresistas que aprobaron estas reformas no son los mismos que después del 11 de septiembre del 2001 llevaron a George W. Bush, el cuestionado presidente de Estados Unidos, a promover reformas y leyes en su país que, con el pretexto de combatir al terrorismo y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, violentaron todos los derechos humanos y fomentaron la tortura y la intervención del Estado en la vida privada de los gobernados.
La pregunta entonces es de fondo y obligada: ¿avanzamos o retrocedemos con una reforma judicial como la que acaba de aprobar nuestro Congreso?
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 18 de diciembre.
En ese contexto, no resulta casual que 61 por ciento de los 500 millones de dólares de “asistencia militar” estadunidense previstos para el ejercicio fiscal 2008 esté destinado a las fuerzas armadas y que en todos sus rubros –incluida la “ayuda” programada para la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, el Cisen, Aduanas y Migración– las asignaciones prioricen los sistemas y equipos de inteligencia, comunicaciones y contrainsurgencia.
Según confirmó aquí en México, en octubre pasado, el ex zar de la inteligencia estadunidense y actual subsecretario de Estado, John Dimitri Negroponte, en el marco de la ASPAN, Estados Unidos y México “compartirán” información de inteligencia en tiempo real. A todo ello se suma, ahora, la instrumentación de las contrarreformas judicial, penal y de procuración de justicia –que homologan las normas vigentes en Estados Unidos– y la reorganización de los cuerpos de inteligencia y las policías de México bajo los esquemas, directrices y supervisión de Washington. Incluida, además, la virtual equiparación de los términos terrorista, narcotraficante y extranjero indocumentado, por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. De tal forma, la regresión autoritaria sienta las bases para un Estado de tipo policial-militar y allana el camino hacia la guerra sucia.
Carlos Fazio, La Jornada, 17 de diciembre.
El gobierno de Estados Unidos ha convertido la lucha en contra del terrorismo en una guerra global en contra del terrorismo y, con ello, ha causado a la humanidad sufrimientos indecibles e indescriptibles; el gobierno panista de México ha hecho de la lucha en contra del crimen organizado y, en especial, del narcotráfico, una guerra total en contra del crimen organizado. Nadie puede saber hasta qué punto con exactitud estamos o nos han involucrado en la primera, pero estamos en la segunda y podemos ver que los frutos que cosecha el bushismo los está produciendo entre nosotros el panismo en el gobierno: sufrimiento atroz de las poblaciones pobres del campo, asesinatos inexplicados, injusticias sin cuento por la malísima administración de justicia y acusaciones sin fundamento, para no mencionar sino sólo lo que nos resulta evidente.
Arnaldo Córdova, La Jornada, 23 de diciembre.
Las consideraciones que pretenden justificar la reforma judicial contienen una referencia a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, firmada en Palermo en 2000. Se pretende cobijar así esta reforma interna y enviar el mensaje de que los cambios propuestos son acordes con las tendencias recientes del derecho internacional. Pero eso es falso. La reforma judicial tiene más parecido con la Ley Patriota de Bush y su Guantánamo que con la Convención de Palermo.
La reforma judicial define la delincuencia organizada como “una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”. ¿Cuál es esa ley? Se podría pensar que se trata de la ley federal contra la delincuencia organizada, aprobada en 1996 (bajo Zedillo). En esa ley se enlistan los delitos que corresponden a la delincuencia organizada: terrorismo, falsificación de moneda, lavado de dinero, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados y de órganos, asaltos y robo de vehículos.
Sin embargo, ésa no es la legislación de referencia. La ley en la materia no es otra que la propia Convención de Palermo, ratificada por México y, por lo tanto, parte de la ley suprema de la Unión (según el artículo 133 constitucional). Y aquí yace la esencia del asunto: esa convención tiene una definición que no corresponde a la utilizada en la reforma judicial.
Alejandro Nadal, La Jornada, 26 de diciembre.
Esta columna hace un llamado urgente a todos sus lectores en el extranjero para que comprueben la veracidad de este peligro y se organicen en comités y promuevan alianzas con todos los grupos inconformes al respecto y desplieguen una campaña internacional, denunciando que el Congreso de la Unión está a punto de abolir algunas de las garantías individuales más preciadas, en un claro espaldarazo al proyecto de George WC –y de sus perros falderos locales–, para establecer una dictadura de “rostro democrático” en México.
Jaime Avilés, “Desfiladero”, La Jornada, 5 de enero.
También debemos considerar que este es un marco constitucional (se objetó en el foro que este tipo de reformas fueran materia de jerarquía constitucional y no de rango ordinario) para que cada estado acople sus códigos penales (sustantivo y adjetivo) para hacerlos acordes con la reforma aprobada.
La verdad es que el foro del instituto y la Academia Mexicana de Ciencias Penales tuvo alta calidad y constituye una seria contribución a la mejor dilucidación de un tema de la importancia de éste. Ojalá y la publicación de las memorias salga antes de que los estados adopten en sus propias leyes los lineamientos constitucionales porque, como lo dijo el director del instituto, Miguel Ontiveros, la primera reforma debió haber sido la de la unificación de los 32 códigos penales de la República.
Su elevación a jerarquía constitucional seguramente quiere blindar este ordenamiento al fuego despiadado de los amparos. Con todo, en esta reforma se logró contener la iniciativa radical calderonista que pretendía una réplica de la patriotic law de Bush para México
Jesús González Schmal, El Universal, 12 de enero.
Relacionado con eso, y coincidiendo también con la reunión de procuradores de México y Estados Unidos, del miércoles pasado, deberían esperarse algunos avances en el frente externo, sobre todo en la relación con Washington, avances que deberán pasar, sobre todo, por el tema de la colaboración en seguridad. No sólo en torno a lo que pueda suceder con respecto a la Iniciativa Mérida, cuyo destino puede aún estar por definirse, sino también debido a la colaboración en lo que se dijo con respecto al tráfico de armas y lo que no se dijo acerca de la cooperación real, efectiva, para sellar la frontera a los grupos del crimen organizado e impedir así que los operativos de este lado se transformen en ejercicios inocuos, si no existe uno similar del otro lado de la frontera. Por lo pronto, debe recordarse que, aunque no se espera que haya reuniones oficiales, de gobierno a gobierno, alrededor del 15 de febrero, Felipe Calderón realizará su primera gira como presidente a Estados Unidos, a sólo una semana del supermartes que definirá las candidaturas presidenciales en la Unión Americana
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 18 de enero.
La vuelta a las prácticas más tenebrosas del antiguo régimen durante la guerra fría. La supeditación, bajo la máscara de nuestra seguridad interna, a las exigencias estratégicas y los imperativos guerreristas de Estados Unidos. La servil adopción de un concepto imperial de “terrorismo”. La defraudación del “clamor social por mayor eficiencia del Estado, que éste traduce en política de mano dura, con propósitos de control político.
No en balde el Foro Social Mundial ha denunciado que estas medidas conducen a la criminalización de la protesta social y se inscriben en un diseño de militarización global. El gobierno ilegítimo ungido en 1988 nos sumió en una aguda dependencia económica y política, mientras el instalado irregularmente en 2006 hace descansar su propia supervivencia en un anexionismo estratégico por el que, a la postre, la mayoría de los mexicanos terminaríamos convirtiéndonos en migrantes o en delincuentes
Porfirio Muñoz Ledo, “Bitácora Republicana”, El Universal, 1º de febrero.
La bárbara decisión de los diputados, que no puede entenderse más que como un acto de irresponsabilidad o de sumisión a las pretensiones delirantes del gobierno de George W. Bush, pretende cancelar derechos que constituyen conquistas históricas de la humanidad, y que se han consagrado desde la Carta Magna inglesa del rey Juan, de 1215, hasta innumerables tratados, convenios y pactos internacionales suscritos por México
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de diciembre.
Bajo la batuta del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el régimen derechista de Felipe Calderón viene impulsando una serie de cambios en la normatividad constitucional sobre seguridad interna, que se encaminan hacia la conformación de un Estado cliente autoritario de nuevo tipo. La más reciente acción es la contrarreforma en materia de justicia y seguridad pública, actualmente en fase parlamentaria, cuya finalidad es construir una legalidad que justifique el accionar represivo del Estado contra la disidencia política y social, acorde con los lineamientos de Washington en la materia.
Con la excusa de la “guerra” al crimen organizado y el narcotráfico, y en abierta complicidad con Estados
Carlos Fazio, La Jornada, 17 de diciembre.
El Plan México, que supone el dominio por parte de empresas trasnacionales de recursos básicos de nuestro país, y en particular de los energéticos, y el control permanente de agencias estadunidenses del territorio mexicano con el argumento de que Estados Unidos se encuentra en guerra contra el terrorismo internacional, requiere, en la visión totalitaria de los republicanos estadunidenses, un control absoluto de las fronteras, los puertos, el espacio aéreo y el mar territorial de México, pero también de las personas; de ahí la pretensión de instaurar aquí mecanismos de control como los que de hecho mantienen en sus dos guerras en Asia: tanto en Afganistán como en Irak
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de diciembre.
Unidos, el calderonismo y la “clase política” conservadora están conduciendo al país hacia un Estado de excepción permanente. La imposición de leyes con implicaciones supranacionales al gusto de Washington, que suprimen de facto las distinciones entre los métodos de presión no violentos y los violentos y entre la violencia preventiva y la represiva, e identifica a priori a todos los ciudadanos como “enemigos” o “sospechosos” (ley antiterrorista, arraigos, cateos y allanamientos sin orden judicial, incomunicación de detenidos, intervención de teléfonos y correos electrónicos y otras medidas en camino), está contenida de manera subrepticia en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y sigue los lineamientos de la Ley Patriótica que llevó a una concentración extraordinaria de poderes en el Ejecutivo estadunidense, con impactos en los fundamentos constitucionales de las ramas judicial y legislativa y en relación con las garantías y libertades individuales.
Carlos Fazio, La Jornada, 17 de diciembre.
El arraigo judicial queda elevado a rango constitucional “exclusivamente para casos de delincuencia organizada”, con la cual el juez fijará el lugar y las condiciones de su ejecución. El procurador general de la República y el Ministerio Público podrán violar el secreto bancario y acceder de forma inmediata a información clasificada o confidencial en materia fiscal, bursátil, electoral, financiera y fiduciaria cuando se trate de investigaciones contra la delincuencia organizada.
Esas y otras disposiciones constitucionales, que pronto pasarán a ser parte del Código Penal Federal, hacen preguntarse si los criterios de los congresistas que aprobaron estas reformas no son los mismos que después del 11 de septiembre del 2001 llevaron a George W. Bush, el cuestionado presidente de Estados Unidos, a promover reformas y leyes en su país que, con el pretexto de combatir al terrorismo y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, violentaron todos los derechos humanos y fomentaron la tortura y la intervención del Estado en la vida privada de los gobernados.
La pregunta entonces es de fondo y obligada: ¿avanzamos o retrocedemos con una reforma judicial como la que acaba de aprobar nuestro Congreso?
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 18 de diciembre.
En ese contexto, no resulta casual que 61 por ciento de los 500 millones de dólares de “asistencia militar” estadunidense previstos para el ejercicio fiscal 2008 esté destinado a las fuerzas armadas y que en todos sus rubros –incluida la “ayuda” programada para la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, el Cisen, Aduanas y Migración– las asignaciones prioricen los sistemas y equipos de inteligencia, comunicaciones y contrainsurgencia.
Según confirmó aquí en México, en octubre pasado, el ex zar de la inteligencia estadunidense y actual subsecretario de Estado, John Dimitri Negroponte, en el marco de la ASPAN, Estados Unidos y México “compartirán” información de inteligencia en tiempo real. A todo ello se suma, ahora, la instrumentación de las contrarreformas judicial, penal y de procuración de justicia –que homologan las normas vigentes en Estados Unidos– y la reorganización de los cuerpos de inteligencia y las policías de México bajo los esquemas, directrices y supervisión de Washington. Incluida, además, la virtual equiparación de los términos terrorista, narcotraficante y extranjero indocumentado, por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. De tal forma, la regresión autoritaria sienta las bases para un Estado de tipo policial-militar y allana el camino hacia la guerra sucia.
Carlos Fazio, La Jornada, 17 de diciembre.
El gobierno de Estados Unidos ha convertido la lucha en contra del terrorismo en una guerra global en contra del terrorismo y, con ello, ha causado a la humanidad sufrimientos indecibles e indescriptibles; el gobierno panista de México ha hecho de la lucha en contra del crimen organizado y, en especial, del narcotráfico, una guerra total en contra del crimen organizado. Nadie puede saber hasta qué punto con exactitud estamos o nos han involucrado en la primera, pero estamos en la segunda y podemos ver que los frutos que cosecha el bushismo los está produciendo entre nosotros el panismo en el gobierno: sufrimiento atroz de las poblaciones pobres del campo, asesinatos inexplicados, injusticias sin cuento por la malísima administración de justicia y acusaciones sin fundamento, para no mencionar sino sólo lo que nos resulta evidente.
Arnaldo Córdova, La Jornada, 23 de diciembre.
Las consideraciones que pretenden justificar la reforma judicial contienen una referencia a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, firmada en Palermo en 2000. Se pretende cobijar así esta reforma interna y enviar el mensaje de que los cambios propuestos son acordes con las tendencias recientes del derecho internacional. Pero eso es falso. La reforma judicial tiene más parecido con la Ley Patriota de Bush y su Guantánamo que con la Convención de Palermo.
La reforma judicial define la delincuencia organizada como “una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”. ¿Cuál es esa ley? Se podría pensar que se trata de la ley federal contra la delincuencia organizada, aprobada en 1996 (bajo Zedillo). En esa ley se enlistan los delitos que corresponden a la delincuencia organizada: terrorismo, falsificación de moneda, lavado de dinero, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados y de órganos, asaltos y robo de vehículos.
Sin embargo, ésa no es la legislación de referencia. La ley en la materia no es otra que la propia Convención de Palermo, ratificada por México y, por lo tanto, parte de la ley suprema de la Unión (según el artículo 133 constitucional). Y aquí yace la esencia del asunto: esa convención tiene una definición que no corresponde a la utilizada en la reforma judicial.
Alejandro Nadal, La Jornada, 26 de diciembre.
Esta columna hace un llamado urgente a todos sus lectores en el extranjero para que comprueben la veracidad de este peligro y se organicen en comités y promuevan alianzas con todos los grupos inconformes al respecto y desplieguen una campaña internacional, denunciando que el Congreso de la Unión está a punto de abolir algunas de las garantías individuales más preciadas, en un claro espaldarazo al proyecto de George WC –y de sus perros falderos locales–, para establecer una dictadura de “rostro democrático” en México.
Jaime Avilés, “Desfiladero”, La Jornada, 5 de enero.
También debemos considerar que este es un marco constitucional (se objetó en el foro que este tipo de reformas fueran materia de jerarquía constitucional y no de rango ordinario) para que cada estado acople sus códigos penales (sustantivo y adjetivo) para hacerlos acordes con la reforma aprobada.
La verdad es que el foro del instituto y la Academia Mexicana de Ciencias Penales tuvo alta calidad y constituye una seria contribución a la mejor dilucidación de un tema de la importancia de éste. Ojalá y la publicación de las memorias salga antes de que los estados adopten en sus propias leyes los lineamientos constitucionales porque, como lo dijo el director del instituto, Miguel Ontiveros, la primera reforma debió haber sido la de la unificación de los 32 códigos penales de la República.
Su elevación a jerarquía constitucional seguramente quiere blindar este ordenamiento al fuego despiadado de los amparos. Con todo, en esta reforma se logró contener la iniciativa radical calderonista que pretendía una réplica de la patriotic law de Bush para México
Jesús González Schmal, El Universal, 12 de enero.
Relacionado con eso, y coincidiendo también con la reunión de procuradores de México y Estados Unidos, del miércoles pasado, deberían esperarse algunos avances en el frente externo, sobre todo en la relación con Washington, avances que deberán pasar, sobre todo, por el tema de la colaboración en seguridad. No sólo en torno a lo que pueda suceder con respecto a la Iniciativa Mérida, cuyo destino puede aún estar por definirse, sino también debido a la colaboración en lo que se dijo con respecto al tráfico de armas y lo que no se dijo acerca de la cooperación real, efectiva, para sellar la frontera a los grupos del crimen organizado e impedir así que los operativos de este lado se transformen en ejercicios inocuos, si no existe uno similar del otro lado de la frontera. Por lo pronto, debe recordarse que, aunque no se espera que haya reuniones oficiales, de gobierno a gobierno, alrededor del 15 de febrero, Felipe Calderón realizará su primera gira como presidente a Estados Unidos, a sólo una semana del supermartes que definirá las candidaturas presidenciales en la Unión Americana
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 18 de enero.
La vuelta a las prácticas más tenebrosas del antiguo régimen durante la guerra fría. La supeditación, bajo la máscara de nuestra seguridad interna, a las exigencias estratégicas y los imperativos guerreristas de Estados Unidos. La servil adopción de un concepto imperial de “terrorismo”. La defraudación del “clamor social por mayor eficiencia del Estado, que éste traduce en política de mano dura, con propósitos de control político.
No en balde el Foro Social Mundial ha denunciado que estas medidas conducen a la criminalización de la protesta social y se inscriben en un diseño de militarización global. El gobierno ilegítimo ungido en 1988 nos sumió en una aguda dependencia económica y política, mientras el instalado irregularmente en 2006 hace descansar su propia supervivencia en un anexionismo estratégico por el que, a la postre, la mayoría de los mexicanos terminaríamos convirtiéndonos en migrantes o en delincuentes
Porfirio Muñoz Ledo, “Bitácora Republicana”, El Universal, 1º de febrero.
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