En su papel de titular del Ejecutivo, el presidente Calderón turnó la propuesta de reforma de justicia al Poder Legislativo. Al tema corresponden los siguientes cinco comentarios, 3.75% de los 133 sistematizados.
La prisa por la reforma de justicia penal y de seguridad pública huele, también, a peligroso frankenstein. Bien Felipe, bien.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 12 de diciembre.
Bajo la batuta del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el régimen derechista de Felipe Calderón viene impulsando una serie de cambios en la normatividad constitucional sobre seguridad interna, que se encaminan hacia la conformación de un Estado cliente autoritario de nuevo tipo. La más reciente acción es la contrarreforma en materia de justicia y seguridad pública, actualmente en fase parlamentaria, cuya finalidad es construir una legalidad que justifique el accionar represivo del Estado contra la disidencia política y social, acorde con los lineamientos de Washington en la materia.
Carlos Fazio, La Jornada, 17 de diciembre.
Los poderes extraordinarios y de excepción solicitados por el gobierno de Felipe Calderón, y obsequiados de manera irresponsable por la mayoría parlamentaria del PRI, PAN, PVEM y Panal, no son para garantizar la seguridad de la sociedad sino para reforzar la seguridad del Estado. No es una reforma pensada, diseñada y confeccionada desde la perspectiva de los intereses ciudadanos, sino desde los apremios y desesperación de un gobierno rebasado por la inseguridad.
La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia incorpora circunstancialmente algunos elementos innovadores, como los juicios orales y los derechos de las víctimas, pero su naturaleza medular está en otra parte: blindar constitucionalmente al gobierno de los eventuales abusos que cometa en su lucha contra la “delincuencia organizada”, concepto laxo donde caben por igual narcotraficantes y guerrilleros, lavadores de dinero y demandantes de tierras, terroristas islámicos y opositores políticos.
Ricardo Monreal, Milenio, 18 de diciembre.
Como parte de un proceso gradual pero persistente, la democracia en pie de guerra de Calderón no significa solamente una fachada de democracia que hace la guerra contra el pueblo (ya que la delincuencia organizada, sea lo que eso signifique, tiene lazos orgánicos con el actual sistema de dominación en México), sino una democracia concebida en función de la guerra de contrainsurgencia. Si la guerra no es actual o no se manifiesta de esa forma en todo el territorio nacional es por lo menos virtual o potencial. De allí la creciente militarización del régimen y el carácter extralegal del nuevo Estado en gestación.
En ese esquema en ciernes –y más allá de las formas seudo o extralegales que adopta el régimen con el apoyo de las elites políticas reaccionarias–, la seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Y como en la vieja doctrina de seguridad nacional, el enemigo es el enemigo interno. O de otra manera: todos aquellos que no pueden demostrar positivamente que son amigos son enemigos posibles. La finalidad primordial de la nueva constitucionalidad es muy clara: colocar la soberanía del pueblo en manos de un Poder Ejecutivo fuerte, respaldado en las fuerzas coercitivas del Estado y amparado por leyes de excepción. Con un agregado: se trata, en realidad, de un régimen surgido de un nuevo fraude de Estado, por lo tanto ilegítimo y débil, que busca legitimarse a la sombra de Washington y de la ASPAN. Es decir, subordinándose a la “dominación de espectro completo” del Pentágono y asumiendo de hecho la extraterritorialidad de Estados Unidos hasta las propias fronteras de México con Belice y Guatemala, y dejando las políticas y acciones de seguridad interna bajo los criterios del Comando Conjunto de Estados Unidos.
Carlos Fazio, La Jornada, 17 de diciembre.
La reforma constitucional de Felipe Calderón es regresiva porque privilegia la seguridad del Estado sobre la seguridad ciudadana. Porque disocia y confronta la seguridad con la democracia, dando a la primera mayor rango y valor que a la sociedad y a las garantías individuales. Porque amplía el ámbito de discrecionalidad, injerencia y poder de los cuerpos policiacos frente al principio de “presunción de inocencia” de los ciudadanos. Porque hace de la policía “juez y parte” y al ciudadano lo convierte en un sospechoso e indiciado constitucionalmente. Con esta reforma, el ciudadano acusado de ser un delincuente organizado llevará el peso de la prueba judicial sobre la espalda: él tendrá que probar su inocencia, en lugar de que el juzgador demuestre que es culpable.
Esta reforma es lesiva para la nación porque renuncia al principio de soberanía judicial al permitir la extradición de reos antes de que sean sentenciados o durante el debido proceso. Pero también lesiona a la sociedad, porque a partir de su puesta en práctica las cárceles del país se masificarán con ciudadanos inocentes o reos en espera de veredictos, como de hecho se encuentran actualmente.
Ricardo Monreal, Milenio, 18 de diciembre.
La prisa por la reforma de justicia penal y de seguridad pública huele, también, a peligroso frankenstein. Bien Felipe, bien.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 12 de diciembre.
Bajo la batuta del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el régimen derechista de Felipe Calderón viene impulsando una serie de cambios en la normatividad constitucional sobre seguridad interna, que se encaminan hacia la conformación de un Estado cliente autoritario de nuevo tipo. La más reciente acción es la contrarreforma en materia de justicia y seguridad pública, actualmente en fase parlamentaria, cuya finalidad es construir una legalidad que justifique el accionar represivo del Estado contra la disidencia política y social, acorde con los lineamientos de Washington en la materia.
Carlos Fazio, La Jornada, 17 de diciembre.
Los poderes extraordinarios y de excepción solicitados por el gobierno de Felipe Calderón, y obsequiados de manera irresponsable por la mayoría parlamentaria del PRI, PAN, PVEM y Panal, no son para garantizar la seguridad de la sociedad sino para reforzar la seguridad del Estado. No es una reforma pensada, diseñada y confeccionada desde la perspectiva de los intereses ciudadanos, sino desde los apremios y desesperación de un gobierno rebasado por la inseguridad.
La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia incorpora circunstancialmente algunos elementos innovadores, como los juicios orales y los derechos de las víctimas, pero su naturaleza medular está en otra parte: blindar constitucionalmente al gobierno de los eventuales abusos que cometa en su lucha contra la “delincuencia organizada”, concepto laxo donde caben por igual narcotraficantes y guerrilleros, lavadores de dinero y demandantes de tierras, terroristas islámicos y opositores políticos.
Ricardo Monreal, Milenio, 18 de diciembre.
Como parte de un proceso gradual pero persistente, la democracia en pie de guerra de Calderón no significa solamente una fachada de democracia que hace la guerra contra el pueblo (ya que la delincuencia organizada, sea lo que eso signifique, tiene lazos orgánicos con el actual sistema de dominación en México), sino una democracia concebida en función de la guerra de contrainsurgencia. Si la guerra no es actual o no se manifiesta de esa forma en todo el territorio nacional es por lo menos virtual o potencial. De allí la creciente militarización del régimen y el carácter extralegal del nuevo Estado en gestación.
En ese esquema en ciernes –y más allá de las formas seudo o extralegales que adopta el régimen con el apoyo de las elites políticas reaccionarias–, la seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Y como en la vieja doctrina de seguridad nacional, el enemigo es el enemigo interno. O de otra manera: todos aquellos que no pueden demostrar positivamente que son amigos son enemigos posibles. La finalidad primordial de la nueva constitucionalidad es muy clara: colocar la soberanía del pueblo en manos de un Poder Ejecutivo fuerte, respaldado en las fuerzas coercitivas del Estado y amparado por leyes de excepción. Con un agregado: se trata, en realidad, de un régimen surgido de un nuevo fraude de Estado, por lo tanto ilegítimo y débil, que busca legitimarse a la sombra de Washington y de la ASPAN. Es decir, subordinándose a la “dominación de espectro completo” del Pentágono y asumiendo de hecho la extraterritorialidad de Estados Unidos hasta las propias fronteras de México con Belice y Guatemala, y dejando las políticas y acciones de seguridad interna bajo los criterios del Comando Conjunto de Estados Unidos.
Carlos Fazio, La Jornada, 17 de diciembre.
La reforma constitucional de Felipe Calderón es regresiva porque privilegia la seguridad del Estado sobre la seguridad ciudadana. Porque disocia y confronta la seguridad con la democracia, dando a la primera mayor rango y valor que a la sociedad y a las garantías individuales. Porque amplía el ámbito de discrecionalidad, injerencia y poder de los cuerpos policiacos frente al principio de “presunción de inocencia” de los ciudadanos. Porque hace de la policía “juez y parte” y al ciudadano lo convierte en un sospechoso e indiciado constitucionalmente. Con esta reforma, el ciudadano acusado de ser un delincuente organizado llevará el peso de la prueba judicial sobre la espalda: él tendrá que probar su inocencia, en lugar de que el juzgador demuestre que es culpable.
Esta reforma es lesiva para la nación porque renuncia al principio de soberanía judicial al permitir la extradición de reos antes de que sean sentenciados o durante el debido proceso. Pero también lesiona a la sociedad, porque a partir de su puesta en práctica las cárceles del país se masificarán con ciudadanos inocentes o reos en espera de veredictos, como de hecho se encuentran actualmente.
Ricardo Monreal, Milenio, 18 de diciembre.
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