La titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, al reunirse con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, destacó que entre las tareas pendientes en México se encuentra el respeto a los derechos de los indígenas, erradicar la violencia de género, la impunidad y la falta de acceso a la justicia. Con el objetivo de lograr esas metas, ofreció su apoyo a la CNDH y al gobierno para que “México avance en la legislación en materia de justicia”.
En tanto, el ombudsman nacional manifestó ante Arbour su preocupación por las consecuencias que puedan tener varios de los preceptos legales considerados en la reforma de procuración de justicia, entre ellos la posibilidad de que se permitan cateos y allanamientos a casas habitación sin la orden judicial correspondiente.
Soberanes Fernández reiteró la convicción de la CNDH de que la participación directa de personal militar en operaciones de seguridad pública debe ser temporal, y precisó que asumir una creciente presencia militar en las calles o tener que aceptar una mayor inseguridad “es una disyuntiva falsa”, ante ello, dijo, “sigue siendo indispensable que el gobierno presente un plan de retiro progresivo de los soldados y una mayor presencia de policías preparados y eficaces en el combate al crimen organizado”.
Durante la entrevista, el ombudsman nacional manifestó su preocupación por “una evidente falta de interés de diversas autoridades en el fortalecimiento de las comisiones estatales de derechos humanos en el país”, e inclusive refirió que “por medio de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos tratamos de impulsarlas y apoyarlas, pero no encontramos el eco suficiente de otras instituciones del Estado mexicano”.
Por otro lado, se dio a conocer en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el acuerdo signado entre el gobierno mexicano y la alta comisionada para la continuidad de las actividades de esa oficina en el país hasta el 30 de noviembre de 2012.
Se destaca que dicha oficina contribuirá con los esfuerzos nacionales dirigidos a velar el respeto y la observancia de las reglas y principios de derechos humanos mediante el asesoramiento y asistencia a las autoridades en materia de estrategia, programas y medidas para promover y proteger las garantías básicas en el país.
Se indica que la oficina centrará sus actividades en la cooperación con el gobierno con el propósito de contribuir a mejorar la situación de estos derechos, dando particular seguimiento al diagnóstico sobre su situación.
También prestará asesoría a los gobiernos estatales e instituciones de derechos humanos, a otros organismos del Estado, a representantes de la sociedad civil, a organizaciones no gubernamentales y a particulares que lo soliciten.
Se apunta que sus actividades promoverán “un clima de confianza en todos los sectores involucrados e interesados en las cuestiones de derechos humanos y manteniendo contactos y relaciones de coordinación con el gobierno”.
En tanto, el ombudsman nacional manifestó ante Arbour su preocupación por las consecuencias que puedan tener varios de los preceptos legales considerados en la reforma de procuración de justicia, entre ellos la posibilidad de que se permitan cateos y allanamientos a casas habitación sin la orden judicial correspondiente.
Soberanes Fernández reiteró la convicción de la CNDH de que la participación directa de personal militar en operaciones de seguridad pública debe ser temporal, y precisó que asumir una creciente presencia militar en las calles o tener que aceptar una mayor inseguridad “es una disyuntiva falsa”, ante ello, dijo, “sigue siendo indispensable que el gobierno presente un plan de retiro progresivo de los soldados y una mayor presencia de policías preparados y eficaces en el combate al crimen organizado”.
Durante la entrevista, el ombudsman nacional manifestó su preocupación por “una evidente falta de interés de diversas autoridades en el fortalecimiento de las comisiones estatales de derechos humanos en el país”, e inclusive refirió que “por medio de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos tratamos de impulsarlas y apoyarlas, pero no encontramos el eco suficiente de otras instituciones del Estado mexicano”.
Por otro lado, se dio a conocer en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el acuerdo signado entre el gobierno mexicano y la alta comisionada para la continuidad de las actividades de esa oficina en el país hasta el 30 de noviembre de 2012.
Se destaca que dicha oficina contribuirá con los esfuerzos nacionales dirigidos a velar el respeto y la observancia de las reglas y principios de derechos humanos mediante el asesoramiento y asistencia a las autoridades en materia de estrategia, programas y medidas para promover y proteger las garantías básicas en el país.
Se indica que la oficina centrará sus actividades en la cooperación con el gobierno con el propósito de contribuir a mejorar la situación de estos derechos, dando particular seguimiento al diagnóstico sobre su situación.
También prestará asesoría a los gobiernos estatales e instituciones de derechos humanos, a otros organismos del Estado, a representantes de la sociedad civil, a organizaciones no gubernamentales y a particulares que lo soliciten.
Se apunta que sus actividades promoverán “un clima de confianza en todos los sectores involucrados e interesados en las cuestiones de derechos humanos y manteniendo contactos y relaciones de coordinación con el gobierno”.
Nota de Víctor Ballinas, La Jornada, 8 de febrero.
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