Amnistía Internacional resalta que aunque el proyecto de reforma de justicia penal contiene importantes cambios en la materia, “debe asegurarse que su contenido se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano firmó y tiene la obligación de cumplir y respetar”.
La organización internacional, que cuenta con amplio respaldo y reconocimiento a escala mundial en la defensa de los derechos humanos, sostiene que la incorporación del arraigo en la Constitución es un claro retroceso, y la ambigüedad con la que se define la delincuencia organizada y su régimen especial “podrían facilitar la afectación de uno de los principios esenciales del derecho penal en un régimen constitucional moderno, como lo es el principio de legalidad”.
Amnistía Internacional manifiesta su preocupación porque en el pasado se han documentado casos en los que esa figura (la delincuencia organizada) “ha sido utilizada en forma indebida para detener y procesar a personas sin todas las garantías necesarias”.
Nota de Víctor Ballinas, La Jornada, 8 de febrero.
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