La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un acuerdo que abrió la posibilidad de ejercer la facultad de atracción de los amparos que han promovido organismos empresariales contra la reforma constitucional en materia electoral, y que se desecharon por notoriamente improcedentes.
Y es que el ministro Fernando Franco González Salas solicitó al pleno de la Corte atraer el caso, solicitud que fue admitida a trámite bajo el número 4/2008, y turnada al ministro Sergio Valls, quien se encargará de presentar el proyecto de sentencia en el que se resolverá si atrae o no el caso.
La semana pasada, la primera sala del máximo tribunal de justicia desechó de manera definitiva, por notoriamente improcedente, la solicitud que realizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para que atrajera el amparo que interpuso contra la reforma electoral.
Asimismo, impuso una sanción simbólica al citado organismo empresarial, de 3 mil 418 pesos, por impugnar la decisión del ministro Mariano Azuela Güitrón, quien ya anteriormente había desechado la petición.
Lo anterior, a sabiendas que no proceden los amparos contra las reformas que se realizan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; incluso se les recordó que hay una jurisprudencia del máximo tribunal de justicia del país en ese sentido, motivo por el que los jueces de distrito deben desechar esos recursos.
Y es que el ministro Fernando Franco González Salas solicitó al pleno de la Corte atraer el caso, solicitud que fue admitida a trámite bajo el número 4/2008, y turnada al ministro Sergio Valls, quien se encargará de presentar el proyecto de sentencia en el que se resolverá si atrae o no el caso.
La semana pasada, la primera sala del máximo tribunal de justicia desechó de manera definitiva, por notoriamente improcedente, la solicitud que realizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para que atrajera el amparo que interpuso contra la reforma electoral.
Asimismo, impuso una sanción simbólica al citado organismo empresarial, de 3 mil 418 pesos, por impugnar la decisión del ministro Mariano Azuela Güitrón, quien ya anteriormente había desechado la petición.
Lo anterior, a sabiendas que no proceden los amparos contra las reformas que se realizan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; incluso se les recordó que hay una jurisprudencia del máximo tribunal de justicia del país en ese sentido, motivo por el que los jueces de distrito deben desechar esos recursos.
Nota de Rubén Mosso, Milenio, 12 de febrero.
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