Dijo que el CCE estaba consciente de que presentó una demanda improcedente, pero tenía que agotar los recursos a su alcance.
Lamentó que los ciudadanos carezcan de mecanismos para protegerse de disposiciones constitucionales que atenten contra garantías individuales.
Incluso, aseguró Arrioja Vizcaíno, ministros de la primera sala admitieron esa deficiencia legal.
Confió en que el caso se lleve al pleno de la Corte, pues sólo ésta, los tribunales colegiados y la PGR son los facultados para solicitar la atracción de un amparo.
Con ese fin, advirtió, seguirán dialogando con los ministros, para convencerlos de revisar el caso.
A principios de diciembre, el CCE solicitó ante un juzgado de distrito un amparo contra la reforma constitucional electoral promulgada el 13 de novimienbre, por considerar que ésta viola garantías individuales, como la libertad de expresión, el derecho a la información y la participación ciudadana, al establecer que “ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda de radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos en favor o en contra de partidos y candidatos a cargo de elección popular”.
Arrioja Vizcaíno dijo que la batalla aún no está perdida, pues algunos recursos interpuestos en los estados han prosperado, y citó el caso de uno de la Coparmex promovido en Guadalajara.
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