Nueva York, 31 de enero. La violencia, la impunidad y el abuso de la fuerza policial y militar persisten en América Latina, en particular en Colombia, Guatemala y Brasil, mientras en Cuba se mantiene “sin cambio” la violación a los derechos humanos y en Venezuela se deterioran la justicia y la libertad de expresión, frente a avances en Argentina y Chile en los juicios contra responsables de crímenes de pasadas dictaduras militares, aseveró Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.
HRW lamentó la violencia del crimen organizado en Colombia, así como de las guerrillas y los paramilitares de extrema derecha, que no se han desmovilizado por completo. “Comandantes paramilitares de nivel medio continúan comprometidos en actividades criminales y reclutando nuevas tropas”, aseguró.
Resaltó que persisten los secuestros de civiles, “los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, el uso de minas antipersonales, el reclutamiento de niños como combatientes y las amenazas contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas” como problemas graves.
El reporte también refirió el nexo entre los grupos de ultraderecha y los políticos, como el caso del año pasado en que 17 congresistas de partidos de la coalición del presidente Álvaro Uribe fueron encarcelados por colaborar con los paramilitares, en lo que se conoce en el país andino como la narcoparapolítica.
En cuanto a Venezuela, HRW aseveró que además de la violencia policial y la impunidad, el presidente Hugo Chávez y sus partidarios al buscar consolidar su poder han “debilitado la independencia del Poder Judicial y la prensa”.
Esta estrategia en contra de “instituciones esenciales para la protección y promoción de los derechos humanos”, se dio “después de ganar repetidas veces elecciones, referendos y sobrevivir a un golpe de Estado en 2002”, indicó.
Además, el año pasado el debido proceso estuvo amenazado por una propuesta de reforma constitucional para estados de emergencia que no prosperó, señaló al aludir al referéndum constitucional realizado en diciembre pasado, en el que fue derrotada la propuesta de enmiendas impulsadas por Chávez.
Sobre Cuba, afirmó que nada ha cambiado con la cesión del poder de Fidel Castro a su hermano Raúl de manera interina. “Sigue como el único país de América Latina que reprime casi todas las formas de disenso político”, ya que “los cubanos están sistemáticamente privados de derechos básicos de libre expresión, asociación, reunión, privacidad, movimiento y debido proceso ante la ley”.
Asimismo, señaló que aunque el número de presos políticos se redujo de 283 a finales de 2006, a unos 240 en julio de 2007, esto “no se puede atribuir a la clemencia o al cambio de política por parte del gobierno, sino que hubo excarcelaciones por cumplimiento de condena”.
Alertó que la tortura y el trabajo forzado persisten en Brasil, donde la violencia policial en las grandes ciudades y la impunidad constituyen los mayores problemas. Documenta que en el primer semestre de 2007 la policía en Río de Janeiro mató a 694 personas, mientras que en Sao Paulo la cifra se elevó a 201.
Human Rights Watch lamenta que “Brasil nunca ha perseguido a los responsables por las atrocidades cometidas en el periodo de régimen militar (1964-1985)”, y en las cárceles las condiciones son infrahumanas, hay violencia en las zonas rurales contra defensores de derechos humanos y rara vez se investigan estos casos.
Tampoco hay muchos avances en castigar a quienes cometieron atrocidades en Guatemala después del fin de la guerra civil (1960-96). La impunidad es la regla, pues “de 626 masacres documentadas por la Comisión de Verdad, sólo dos casos han sido exitosamente procesados en los tribunales”.
Como contrapartida, Argentina y Chile dieron pasos para castigar a violadores de derechos humanos de las dictaduras. En el caso de Argentina, destaca la condena a perpetuidad impuesta al ex capellán policial Christian Von Wernich, y de dos ex policías, además de que 250 personas están detenidas en espera de juicio. En torno a Chile, menciona que aprobó la extradición a Perú del ex presidente Alberto Fujimori. Recuerda que si en el pasado hubo una amnistía que favoreció a violadores de derechos humanos, ahora se avanza en una legislación que castigue esos crímenes.
El organismo humanitario se congratuló que Fujimori esté respondiendo ante la justicia en Perú, aunque el ejército no colabora para enjuiciar a culpables de matanzas durante la guerra interna entre 1980 y 2000.
HRW lamentó la violencia del crimen organizado en Colombia, así como de las guerrillas y los paramilitares de extrema derecha, que no se han desmovilizado por completo. “Comandantes paramilitares de nivel medio continúan comprometidos en actividades criminales y reclutando nuevas tropas”, aseguró.
Resaltó que persisten los secuestros de civiles, “los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, el uso de minas antipersonales, el reclutamiento de niños como combatientes y las amenazas contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas” como problemas graves.
El reporte también refirió el nexo entre los grupos de ultraderecha y los políticos, como el caso del año pasado en que 17 congresistas de partidos de la coalición del presidente Álvaro Uribe fueron encarcelados por colaborar con los paramilitares, en lo que se conoce en el país andino como la narcoparapolítica.
En cuanto a Venezuela, HRW aseveró que además de la violencia policial y la impunidad, el presidente Hugo Chávez y sus partidarios al buscar consolidar su poder han “debilitado la independencia del Poder Judicial y la prensa”.
Esta estrategia en contra de “instituciones esenciales para la protección y promoción de los derechos humanos”, se dio “después de ganar repetidas veces elecciones, referendos y sobrevivir a un golpe de Estado en 2002”, indicó.
Además, el año pasado el debido proceso estuvo amenazado por una propuesta de reforma constitucional para estados de emergencia que no prosperó, señaló al aludir al referéndum constitucional realizado en diciembre pasado, en el que fue derrotada la propuesta de enmiendas impulsadas por Chávez.
Sobre Cuba, afirmó que nada ha cambiado con la cesión del poder de Fidel Castro a su hermano Raúl de manera interina. “Sigue como el único país de América Latina que reprime casi todas las formas de disenso político”, ya que “los cubanos están sistemáticamente privados de derechos básicos de libre expresión, asociación, reunión, privacidad, movimiento y debido proceso ante la ley”.
Asimismo, señaló que aunque el número de presos políticos se redujo de 283 a finales de 2006, a unos 240 en julio de 2007, esto “no se puede atribuir a la clemencia o al cambio de política por parte del gobierno, sino que hubo excarcelaciones por cumplimiento de condena”.
Alertó que la tortura y el trabajo forzado persisten en Brasil, donde la violencia policial en las grandes ciudades y la impunidad constituyen los mayores problemas. Documenta que en el primer semestre de 2007 la policía en Río de Janeiro mató a 694 personas, mientras que en Sao Paulo la cifra se elevó a 201.
Human Rights Watch lamenta que “Brasil nunca ha perseguido a los responsables por las atrocidades cometidas en el periodo de régimen militar (1964-1985)”, y en las cárceles las condiciones son infrahumanas, hay violencia en las zonas rurales contra defensores de derechos humanos y rara vez se investigan estos casos.
Tampoco hay muchos avances en castigar a quienes cometieron atrocidades en Guatemala después del fin de la guerra civil (1960-96). La impunidad es la regla, pues “de 626 masacres documentadas por la Comisión de Verdad, sólo dos casos han sido exitosamente procesados en los tribunales”.
Como contrapartida, Argentina y Chile dieron pasos para castigar a violadores de derechos humanos de las dictaduras. En el caso de Argentina, destaca la condena a perpetuidad impuesta al ex capellán policial Christian Von Wernich, y de dos ex policías, además de que 250 personas están detenidas en espera de juicio. En torno a Chile, menciona que aprobó la extradición a Perú del ex presidente Alberto Fujimori. Recuerda que si en el pasado hubo una amnistía que favoreció a violadores de derechos humanos, ahora se avanza en una legislación que castigue esos crímenes.
El organismo humanitario se congratuló que Fujimori esté respondiendo ante la justicia en Perú, aunque el ejército no colabora para enjuiciar a culpables de matanzas durante la guerra interna entre 1980 y 2000.
Nota de AFP y Reuters, La Jornada, 1º de febrero.
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